ONU deplora violencia contra cocaleros, pero la Policía persiste con la arremetida
La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos cuestionó el “uso excesivo de la fuerza” y la vulneración de derechos y garantías en el conflicto de los cocaleros de los Yungas de La Paz. Pese a esa observación, la Policía prosiguió ayer con la arremetida contra ese sector y la Fiscalía, con el proceso a los detenidos en ese conflicto.
“Violencia en el conflicto cocalero exige acción constructiva de las autoridades, respetando derecho a la protesta pacífica. Preocupa el uso excesivo de la fuerza y exhibición pública de detenidos, contrarios a obligaciones de DDHH. El diálogo respetuoso es el camino para buscar soluciones”, publicó en Twitter la representación del Alto Comisionado de la ONU en Bolivia.
Este pronunciamiento se dio un día después de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentara ante los medios de comunicación a 24 personas, entre cocaleros y vecinos de Villa El Carmen y Villa Fátima -según confirmó su abogada-, aprehendidos durante la jornada de represión policial del martes.
Sin que tengan una sentencia y sin una imputación, Del Castillo calificó a los aprehendidos como una “organización criminal” de alcance internacional, porque supuestamente “operaban” con números de celular extranjeros.
Pese al llamado de atención de la ONU y denuncias por atropello de derechos, la Policía prosiguió ayer con la arremetida contra los cocaleros. Ingresó a alojamientos de la zona de Villa Fátima para arrestar a mujeres cocaleras que estaban descansando en esos lugares.
Asimismo, la Fiscalía prosiguió con el proceso contra los detenidos del martes y presentó una imputación formal contra 19 personas, para quienes pidió la detención preventiva.
“Bajo el principio de objetividad y legalidad que rige las actuaciones del Ministerio Público, (…) en su calidad de representante de los intereses de la sociedad solicita la aplicación de medidas de carácter personal (…) de detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro”, señala la imputación presentada por el fiscal Álvaro Siñani Valeriano.
Entre los procesados están tres mujeres y 16 varones. Siñani imputó a todos en calidad de autores de allanamiento, tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales.
Violencia
El conflicto cocalero comenzó hace dos semanas. Los socios de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) se movilizaron exigiendo el cierre del mercado paralelo instalado en Villa El Carmen por el grupo del dirigente Arnold Alanes. En esas protestas, se registraron varios enfrentamientos con la Policía, con el saldo de varios heridos de ambos lados.
En esas protestas, Plácido Cota, chofer de minibús, sufrió heridas graves en su cuerpo a raíz de la explosión de una dinamita y está internado en el Hospital Arco Iris. Ayer, los médicos informaron de una leve mejoría del herido, quien continúa en terapia intensiva con fallas en los órganos vitales.
Los socios de Adepcoca y la familia de Cota aseguraron que Plácido fue víctima de un atentado por parte de la Policía. En cambio, el Gobierno considera que se trata de una mala manipulación de una dinamita que portaba el herido.
Al margen de ese hecho de sangre, el martes los policías reprimieron con más dureza y vulneraron derechos de los ciudadanos, debido a que ingresaron a domicilios particulares sin orden judicial y arrastraron por los suelos a varios vecinos que intentaban frenar la arremetida contra los cocaleros. Varios de ellos relataron a Página Siete que incluso mujeres policías se dieron a la tarea de patear en el piso a vecinas que salieron de sus domicilios a pedir que dejen de lanzar gases lacrimógenos porque afectaban a niños, ancianos y mascotas.
Vidrios rotos de varios domicilios, fuego provocado por los gases lacrimógenos y lesiones por los proyectiles de pintura disparados por la Policía, fue el saldo de la intervensión policial.
Por el otro lado, los movilizados también fueron denunciados por causar destrozos con el uso indiscriminado de dinamitas, lanzando piedras y con cañones artesanales usados para lanzar con más potencia los petardos.
Adepcoca pide el cierre del mercado paralelo del dirigente Arnold Alanes, afín al MAS, predio que desde la semana pasada cuenta con resguardo policial, en la calle 1 de Villa El Carmen.
Los productores de coca de los Yungas recordaron a Del Castillo y al ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, que hay la resolución Nº 342, publicada por ellos mismos en septiembre de 2021 (firmada por el segundo), en la que se señala que el único mercado legal de coca, en La Paz, es el de Adepcoca en Villa Fátima. Exigieron que se cumpla ese aspecto.
Gobernador y Alcalde califican de ilegal el mercado de Alanes
El gobernador de La Paz, Santos Quispe, se sumó al pedido de cierre del mercado del dirigente Arnold Alanes, instalado en la zona de Villa El Carmen, al cual calificó de ilegal, al igual que el alcalde paceño, Iván Arias, quien reveló que este predio no cuenta con licencia de funcionamiento municipal.
“La ley solamente reconoce a dos mercados, uno en Sacaba (Cochabamba) y el otro es (de Adepcoca) en Villa Fátima (La Paz). No sé por qué quieren hacer aparecer otro mercado, es algo ilegal y eso tiene que entender el Gobierno”, sostuvo Quispe.
El Gobernador llamó al gobierno de Luis Arce a dejar de apoyar al mercado ilegal y solucionar el conflicto de manera pacífica.
Por su lado, Arias se ofreció de mediador para la instalación de una mesa de diálogo entre el sector movilizado y el Gobierno, con objeto de que se resuelva el conflicto y se eviten más enfrentamientos en las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen, cuyos vecinos resultaron afectados.
Sin embargo, el conflicto subió de tono ayer, pues Arnold Alanes, de la facción cocalera del MAS, y Freddy Machicado, presidente de Adepcoca, convocaron a masivas movilizaciones para el próximo lunes en las calles de la ciudad de La Paz. El conflicto de ambos grupos data de 2019.
Fuente: Pagina Siete