
Cuatro policías muertos en bloqueos evistas: el Gobierno apunta a Evo por la violencia creciente
El ministro de Justicia confirmó el uso de armas de fuego y elevó la cifra de policías asesinados a cuatro. El Ejecutivo responsabiliza directamente a Evo Morales por la ola de violencia.
La cifra de policías fallecidos en medio de los bloqueos promovidos por sectores afines a Evo Morales subió a cuatro, según confirmó este jueves el ministro de Justicia, César Siles. El funcionario denunció públicamente el uso de armas de fuego por parte de los bloqueadores y reforzó la acusación directa del Gobierno contra Morales como responsable de la violencia.

Los tres primeros decesos ocurrieron en una emboscada en el municipio potosino de Llallagua, donde los movilizados atacaron a un contingente policial. Allí murieron los subtenientes Carlos Enrique Apata Tola y Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, junto al sargento segundo Jesús Alberto Mamani Morales.
El cuarto fallecido, identificado como el subteniente Christian Calle Alcón, fue confirmado por la Policía Boliviana, que emitió un comunicado expresando su “profundo pesar” por la pérdida de otro uniformado en cumplimiento del deber.
“Se están usando armas de fuego”, denunció Siles, visiblemente consternado, a tiempo de anunciar que acababa de llegar a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para ratificar la denuncia penal contra Evo Morales por instigación a los bloqueos.
Los enfrentamientos, emboscadas y ataques armados han escalado desde el inicio de las protestas el pasado 2 de junio. Además, se reportó el hallazgo de dinamita en una camioneta tras un choque violento con bloqueadores en Vinto, donde las fuerzas policiales y militares mantienen una vigilia permanente para evitar nuevos ataques.
La situación refleja el deterioro acelerado del orden público y la creciente radicalización de las movilizaciones promovidas por el evismo, mientras la ciudadanía vive atrapada en una crisis que combina lucha interna por el poder, colapso institucional y una ausencia total de diálogo efectivo.
La pregunta que ya resuena en todo el país: ¿cuántas muertes más se permitirán antes de asumir responsabilidades políticas y judiciales?