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Baja participación de mujeres y pueblos indígenas en elecciones judiciales preocupa a la Comisión Mixta de Constitución

Se buscan alternativas legales para garantizar la paridad y diversidad en la postulación
La Paz, 12 de marzo de 2024 (FmBolivia).- Durante la primera sesión de trabajo de la Comisión Mixta de Constitución, se evidenció una baja participación de mujeres y personas autoidentificadas como indígenas en las postulaciones para las elecciones judiciales de 2024. Ante esta situación, se buscarán alternativas legales para asegurar un proceso de preselección inclusivo y representativo.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan José Jauregui, señaló que se declaró un cuarto intermedio hasta la tarde del martes para analizar las posibles soluciones a esta problemática, tras la observación realizada por Comunidad Ciudadana (CC).

«Existe una cantidad considerable de postulantes, pero no se ha alcanzado el número suficiente de mujeres abogadas ni de personas que se identifiquen como indígenas originarias, como exigen la Ley 026 y la Ley 1549», explicó Jauregui.

En regiones como Tarija y Santa Cruz, por ejemplo, la participación de mujeres abogadas fue escasa, y no se registraron postulaciones de personas indígenas. En el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), las postulantes fueron aún menos en departamentos como Beni, Pando y Cochabamba.

La senadora Silvia Salame destacó que existen opciones legales para completar las listas y garantizar la paridad de género y la representación indígena en las elecciones judiciales. Por su parte, Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana propuso una ley de excepción para ampliar el plazo de convocatoria entre 7 y 14 días, lo que permitiría subsanar las deficiencias observadas.

El proceso de postulación cerró el 10 de marzo con un total de 715 aspirantes, de los cuales 440 se registraron en la Comisión Mixta de Constitución y 275 en la Comisión Mixta de Justicia Plural. Se espera que las gestiones legislativas necesarias se realicen con prontitud para garantizar la representatividad y legitimidad del proceso electoral judicial.

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