Los SLIM rurales chocan con la justicia originaria para tratar temas de violencia

El año pasado, en una comunidad de Laja, María (nombre que cambió este medio para proteger a la víctima) denunció a su esposo ante sus autoridades originarias porque fue víctima de violencia física. Las autoridades, a través de la justicia comunitaria, intercedieron y dieron una multa al agresor, con lo que se logró una conciliación con su pareja.

Sin embargo, meses después, María conoció a los pasantes del Programa Servicio Legal Integral Municipal-Universidad Mayor de San Andrés (SLIM-UMSA) apoyado por la Cooperación Suiza, quienes le explicaron que ese tipo de denuncias se realizan en las oficinas del SLIM o en la Policía; por eso, cuando su pareja la volvió a golpear, ella decidió acudir a sus oficinas y presentar la denuncia.

El personal del SLIM llegó a la comunidad, pero las autoridades originarias se negaron a derivar el caso a la justicia ordinaria porque, según ellos, “ya habían arreglado y que incluso firmaron su libro de actas”, recordó el responsable del SLIM, Antenor Laura.

Tras mucha insistencia, los convencieron para que el agresor sea juzgado por la vía ordinaria y hoy ese proceso continúa.

Esa usurpación de roles no sólo ocurre en esa comunidad, sino también en otras donde las autoridades comunitarias buscan “solucionar” a través de conciliaciones o multas delitos de violencia, asistencia familiar, violación y feminicidios. Y los SLIM deben lidiar con ellos para persuadirles y lograr que el caso sea derivado a la Fiscalía.

“A veces ellos tratan de hacer prevalecer la justicia indígena originaria, indicándonos que ‘han arreglado’ y que nosotros no tenemos que inmiscuirnos en esos casos”, relató Laura. Página Siete hizo una visita a Laja y Santiago de Huata.

Aseguró que ese tipo de hechos suceden frecuentemente en casos de violencia y asistencia familiar. “Incluso a veces se portan reacios, ya que se sienten con ese derecho a decidir casos tan delicados a través de la justicia originaria”, resaltó.

Debido a ello, en algún momento hasta intentaron persuadirlos y amedrentarlos, acudiendo entre todas las autoridades a sus oficinas portando sus chicotes. “Nos dijeron que no se habla del tema porque eso ya está resuelto”.

Laura también vio que otros incluso les dijeron que deben avisarles de qué caso se trata “para que ellos den el visto bueno”.

La situación fue muy complicada, por eso como SLIM decidieron conversar con las autoridades originarias para explicarles que la justicia que ellos llevan tiene sus propias competencias y la ordinaria, otras.

De acuerdo con las normas judiciales, la justicia ordinaria investiga delitos relacionados a los niños, además aquellos de violencia, de violación, feminicidios y asesinatos. En tanto, la justicia originaria investiga delitos patrimoniales, derecho propietario o de funciones sociales.

Laura contó que uno de los casos que le sorprendió fue el de un padre de familia que concilió con las autoridades originarias para que no le cobren la asistencia familiar y él, a cambio, les entregue un par de vacas. “Ese caso no puede ser llevado a la vía de justicia originaria, sino a la ordinaria”, precisó.

Pero ese problema no ocurre sólo en las comunidades del municipio de Laja, pues de acuerdo con la responsable del SLIM del municipio de Santiago de Huata, Ximena Marlene Escobar, también sucede lo propio.

Ella afirmó que eso ocurre porque las autoridades comunitarias no conocen las normas.

Por ello, resaltó que ahora, gracias al apoyo de los pasantes del Programa SLIM-UMSA, se coordina con las autoridades originarias para capacitarlas sobre sus atribuciones.

“Vamos a capacitarles para explicarles qué temas pueden resolver y qué cosas no”, remarcó la profesional.

Por ello, dijo, ahora se les solicitará que cuando ocurran estos casos de violencia psicológica, sexual, física, los deriven al SLIM del municipio para que se haga seguimiento al caso. Añadió que en algún momento ya hicieron ese ejercicio.

A su turno, el alcalde de ese municipio, Jhon Quispe, explicó que es complicado capacitar a las autoridades originarias porque cada año cambian. “Si se capacita un año a un grupo, al siguiente año ellos dejan el cargo y el nuevo desconoce las normas”, aseguró.

Lucha contra la violencia

Los SLIM son una parte fundamental para atender casos de violencia, pero también para realizar tareas de información y prevención en los municipios. Sin embargo, en esos espacios carecen de personal y de espacios apropiados para la contención de las víctimas.

Laja es uno de los pocos municipios “privilegiados”, pues cuenta con un equipo multidisciplinario: un abogado, una trabajadora social y una psicóloga.

Pero por eso, los profesionales no dan abasto, porque deben hacerse cargo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y de algunos casos de maltrado a los adultos mayores.

Por eso, para ellos el apoyo de los pasantes del Programa SLIM-UMSA es importante porque coadyuva en las tareas de atención, contención y prevención, obviamente con la supervisión de cada uno de los profesionales.

Otro problema con el que afrontan es el espacio. Aunque tienen una oficina propia, los tres trabajan en un mismo espacio y eso hace que cada especialista escuche el trabajo del otro.

Además, mostraron otro espacio de contención que resulta muy incómodo, ya que mide dos por dos metros.

Asimismo, el personal sólo atiende en horario de oficina y de lunes a viernes. Lo ideal sería que el SLIM funcione 24 horas.

Sin embargo, aclaró que las oficinas de la Felcv, que está al lado de la suya, atienden los casos en horarios nocturnos.

Por otro lado, el municipio no cuenta con un fiscal y un médico forense para las valoraciones, por lo que cuando registran algún caso de violencia deben trasladarse hasta Pucarani para que la víctima obtenga esos exámenes.

La trabajadora social Verónica Cabrera relató que en ese municipio tampoco se cuenta con un albergue para las víctimas.

Por eso, cuando rescatan a una mujer víctima de violencia realizan un estudio social para que ella se quede con algún familiar cercano.

Debido a ello, la alcaldesa Luciana Condori realiza las gestiones para contar con un albergue transitorio.

En tanto, en Santiago de Huata, una población a orillas del lago Titicaca, la responsable del SLIM contó que la situación fue más crítica, porque antes no se conocía qué era el SLIM, por eso quizá nadie denunciaba casos de violencia; por eso realizó una campaña comunicacional con los vecinos para que conozcan su trabajo. Además, tampoco tenían personal, sólo había una funcionaria; ahora cuentan con la responsable de la unidad y una psicóloga para atender casos de violencia intrafamiliar. “Ahora, gracias al apoyo de los pasantes del Programa SLIM-UMSA, se ha convertido en una referencia de municipios cercanos para hacer la valoración y luego derivar a la Fiscalía”.

Aunque ahí se lucha por mejorar el SLIM, aún falta personal.

Fuente: Pagina Siete