CAO y Cainco rechazan acuerdo entre empresarios y Gobierno sobre la disposición «confiscatoria» del PGE
Las cámaras productivas exigen la abrogación inmediata de la norma y critican el diálogo que posterga su aplicación.
Miércoles, 12 de febrero de 202 (FmBolivia).- La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) manifestaron su rechazo al acuerdo firmado el martes entre el presidente de los empresarios privados, Giovani Ortuño, y el Gobierno para postergar la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta norma faculta al Estado a decomisar productos en caso de agio y especulación, una medida que ha sido ampliamente criticada por afectar la seguridad jurídica del sector productivo.
Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco, calificó como “nefasta” la decisión de aceptar un acuerdo que solo dilata la reglamentación de una norma que, según él, debe ser derogada. “Llamar acuerdo a una dilación para reglamentar una norma que debe ser abrogada es aceptar su principio, y en este caso, el principio es nefasto: facultar al Estado a confiscar productos bajo el pretexto del agio es dinamitar la seguridad jurídica de la cadena productiva”, afirmó Antelo en la red X.
El representante de Cainco también expresó el hartazgo del sector productivo frente a lo que considera una constante persecución. “La cadena productiva está cansada de estar en el banquillo de los acusados, de que se le frene la exportación y se le infunda miedo para comercializar en su propio país. No son privilegios, son reglas claras. La única solución es la abrogación inmediata como muestra de visión país”, subrayó.
Críticas desde la CAO
En la misma línea, Klaus Frerking, titular de la CAO, cuestionó duramente que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), liderada por Ortuño, haya asumido esta postura sin consultar previamente a los sectores productivos. Según Frerking, la CEPB no participó en los ampliados nacionales donde se discutió ampliamente el tema y se pronunciaron en contra de la norma.
“Creo que aquí nadie entiende cómo una ley se puede poner en pausa; la única salida es la derogación, es lo que exigimos nosotros como sectores, (ese acuerdo) es una jugada más del Gobierno, lo sabemos”, declaró Frerking. Para dejar sin efecto la disposición, considerada “confiscatoria”, el dirigente ratificó que es necesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe un proyecto de ley que establezca su eliminación definitiva.
El acuerdo firmado
El martes, tras una reunión con autoridades gubernamentales, Ortuño anunció que se había llegado a un acuerdo para no aplicar la disposición mientras el sector privado y el Gobierno dialogan sobre metodologías y soluciones relacionadas con temas como la especulación, el contrabando, las exportaciones ilegales, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada.
Sin embargo, las cámaras productivas no ven este acuerdo como una solución viable. Para ellas, la postergación de la aplicación de la norma no aborda el problema de fondo, que radica en la existencia misma de la disposición. Según sus representantes, la única alternativa aceptable es la derogación total de la medida, tal como lo han exigido durante las movilizaciones realizadas desde el lunes pasado.
Movilizaciones y demandas
Desde el lunes, diversos sectores productivos del país salieron a las calles en marchas de protesta contra la aplicación de la disposición séptima, a la que consideran arbitraria y perjudicial para el clima de inversiones. Los empresarios y productores advierten que la norma genera incertidumbre en el sector privado y podría desalentar la inversión tanto nacional como extranjera.
Mientras tanto, el debate sobre la disposición sigue siendo un punto de tensión entre el Gobierno y los sectores productivos. Aunque el Ejecutivo busca encontrar un consenso mediante el diálogo, las cámaras empresariales insisten en que la derogación es la única salida para garantizar estabilidad y confianza en el sistema económico del país.
Este conflicto refleja las profundas diferencias entre las visiones del Gobierno y los sectores productivos sobre cómo abordar problemas como la especulación y el contrabando, así como la necesidad de equilibrar medidas de control con la protección de la seguridad jurídica y la propiedad privada.