Infiltrados, grupos de choque y detenciones abusivas cercenan el derecho a la protesta

“No todos somos iguales ante la ley” ha resonado esta frase cada vez que la Policía ha ejecutado una orden de aprehensión por las movilizaciones sociales contrarias al Gobierno. Infiltrados en las protestas, funcionarios públicos en “grupos de choque” y detenciones masivas son los episodios que cercenan el derecho a la protesta de la cuidadanía.

A poco menos de un mes de culminar el 2022, se registraron muchas protestas civiles que fueron contenidas por el Gobierno cuando éstas no les favorecían; pero al margen de usar la fuerza pública para contener las manifestaciones, se ejecuta una estrategia de persecución penal y criminalización lo que incide en el derecho a la gente a organizarse.

En una de las muchas marchas ciudadanas que exigía al Gobierno el respeto a las libertades y derechos constitucionales, Bruno Monasterios, Aaron Mendizábal, Luis Condori y Manuel Uría se acercaron a un grupo de jóvenes para sumarse a una protesta, pero ese episodio sería el inicio de una persecución a integrantes de las movilizaciones civiles.

Tras las limitaciones de la pandemia y el retorno a la normalidad se reactivaron las protestas, es así que se hizo visible la Resistencia Civil La Paz, una plataforma ciudadana de lucha por la democracia y reconocida por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. A este colectivo se volvieron a acercar las cuatro personas en inmediaciones de la plaza Camacho, generaron amistad y confianza, es así que fueron acogidos en la plataforma, pero nadie sabía que eran militares camuflados de civiles con identidades falsas.

El 21 de julio, el Colegio Médico de Bolivia realizó una marcha en defensa de la libertad, justicia y democracia en la ciudad de La Paz, convocaron a sumarse a toda la ciudadanía, organizaciones y plataformas civiles. Ese día la movilización reunió al menos a 14 instituciones que se desplazó desde el hospital de Clínicas y pasó por el Servicio Departamental de Salud de La Paz, donde un “grupo de choque” afín al partido de Gobierno los interceptó y generó ataques contra los médicos.

La Resistencia Civil La Paz, que llevaba simbólicamente escudos artesanales, defendió a los marchistas ofreciendo protección de las piedras y los petardos que venían de afines al MAS donde también estaban algunos funcionarios públicos, como se supo después.

Luego de que la marcha evitó al grupo de choque, desmovilizándose, ocho jóvenes (siete varones y una mujer) fueron aprehendidos por efectivos de la policía vestidos de civil en inmediaciones de la plaza Abaroa. Según la Policía, ellos eran miembros de la Resistencia Civil La Paz y llevaban tres escudos artesanales, petardos ya usados, una botella de vinagre para repeler el efecto de los gases lacrimógenos y algunas piedras que recogieron de sus atacantes.

De los siete varones, cuatro fueron inmediatamente liberados, además de la mujer. Los hombres beneficiados fueron Bruno Monasterios, que en realidad se llama Álvaro B. M., teniente de infantería; Aaron Mendizábal, cuyo nombre es Óscar M. S. C, teniente; Luis Condori es el sargento Luis A. L. C.; y la verdadera identidad de Manuel Uría es Hugo E. H., teniente de artillería.

Rodolfo R. O., Ricky F. R. y Mauricio B. H. son los otros tres que fueron enviados al penal de San Pedro con detención preventiva, pese a demostrar todas las garantías para evitar los riesgos procesales, como familia, domicilio y trabajo. En cambio, los militares salieron libres incluso ofreciendo identidades falsas, ahora no se los puede convocar a declarar ni mucho menos están siendo investigados.

“Lo que les ha pasado a Rodo, Mauricio y Ricky es la criminalización de la protesta, pero, además, en el caso específico de los muchachos, es la infiltración de personal de las Fuerzas Armadas en los grupos de las organizaciones civiles, lo que es un atentado grave contra la libertad de las personas y obviamente a la libertad de asociación. Es decir, la presencia estatal a través de funcionarios estatales es realmente riesgosa; lleva un mensaje detrás, que es: el enemigo es el ciudadano boliviano. Entonces, cuando hablamos de democracia, estamos hablando de la posibilidad de creer, de manifestarnos, de poder, de las libertades, puedes estar de acuerdo o no, pero tienes la libertad de manifestarte, situación que en Bolivia hoy se está viendo cercenada”, denunció la abogada de los denunciados Carmen Arista.

De los detenidos, sólo dos de ellos pertenecen a la Resistencia, el tercero se sumó ese día a las manifestaciones. La justicia los investiga por tenencia, porte y portación de explosivos, sin algún elemento que pueda justificar concretamente la acusación.

“Nunca se ha identificado tenencia de qué, porte o portación de qué. No se ha identificado armas, no se ha identificado explosivos, se ha encontrado tres escudos, petardos que habían sido detonados, vinagre y unas piedras con las que ellos mismos han sido agredidos. En ese sentido, portar piedras no te lo autoriza nadie ni es ilegal. Los petardos, todos los días tendríamos detenidos, todos los días en el estadio, en las fiestas patronales, en todos los lugares está permitido. El portar escudos, el caso más claro es cuando se vio en el cerco que ha llegado a la ciudad de Santa Cruz cargado de escudos. ¿Hay un procesado, hay un detenido?”, cuestionó la jurista.

Este medio intentó buscar la posición de los fiscales para entender por qué estos jóvenes continúan en prisión sin que se les haya demostrado nada en cuatro meses, pero no fue posible.

MARCHAS DE AFINES AL GOBIERNO

El 1 de noviembre, una marcha de afines al partido de Gobierno salió de San Julián, Santa Cruz, rumbo a la capital con la consigna de sacar del cargo al gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, por promover el paro indefinido por la reprogramación del Censo de Población y Vivienda. Paradójicamente, la movilización estaba encabezada por unos hombres encapuchados y con al menos siete escudos azules.

En octubre pasado, mineros auríferos llegaron a la ciudad de La Paz e hicieron detonar un sinfín de dinamitas durante tres días hasta que consiguieron que el Gobierno les disminuya el porcentaje de impuestos, entre otros beneficios.

Sobre estos dos últimos acontecimientos no existe un solo detenido, ni por el porte de escudos, ni por las detonaciones de dinamitas, cuando la Ley 400 penaliza el uso de explosivos en manifestaciones.

En el ataque que sufrió la marcha del Colegio Médico de Bolivia tampoco existe algún detenido del bando afín al Gobierno. En el proceso seguido contra los jóvenes de la Resistencia existe un supuesto “periodista independiente” que se dice víctima; sin embargo, la defensa comprobó que se trata de un funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos que se infiltró en las movilizaciones haciéndose pasar por comunicador.

NO ES EL PRIMER CASO DE INFILTRADOS

En agosto pasado, durante el conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), también se constató la presencia de infiltrados del Gobierno en las movilizaciones.

Desde mediados de año, los cocaleros de los Yungas comenzaron a demandar el cierre del mercado ilegal de coca que Arnold Alanes, dirigente afín al Gobierno, instaló en la zona de Villa El Carmen.

La Ley 906 establece que en Bolivia sólo pueden existir dos mercados de coca, uno en La Paz y otro en Cochabamba; y la Resolución Ministerial 342 establece que el mercado paceño se encuentra en la calle Arapata de la zona de Villa Fátima, sede de Adepcoca.

Los cocaleros marcharon entre agosto y septiembre en demanda de que se cumpla la ley, pero el Gobierno deslindó responsabilidades y dijo que el conflicto es de carácter interno de Adepcoca por una supuesta pugna de dirigencias.

En la primera semana de agosto se evidenció la presencia del director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Marco Antonio Cuentas, quien fue denunciado como un infiltrado en las movilizaciones, fingiendo ser periodista bajo el nombre de Leonardo, pero su verdadera labor era fotografiar a los manifestantes para luego identificarlos junto a la Policía.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Ismael Téllez, admitió la presencia de su director de Régimen Interior, Marco Antonio Cuentas, en las protestas, pero dijo que son para “preservar la paz interna del Estado”.

Sólo en esas movilizaciones de principios de agosto se aprehendieron a más de 37 cocaleros imputados principalmente de allanamiento de domicilio, asociación delictuosa, robo agravado de porte y portación de dinamita.

El 8 de septiembre, los cocaleros de la Adepcoca llegaron a la ciudad de La Paz, luego de una marcha de cinco días desde Los Yungas, en protesta para que esa instalación fuera de norma se cierre. Al pasar por el recinto en cuestión, los cocaleros afines a Alanes comenzaron a lanzar bombas molotov desde la parte superior de la infraestructura, este hecho fue registrado por los medios de comunicación. Ante esa provocación, los marchistas reaccionaron e intentaron sacar del inmueble a sus atacantes. En el incidente se registró la toma y quema de una parte del recinto ilegal.

Antes de la ola de aprehensiones de los dirigentes cocaleros en septiembre, el presidente del Comité de Autodefensa de la Adepcoca, Cesar Apaza, denunció que se detectó a al menos 30 policías infiltrados y se logró secuestrar los celulares de tres efectivos donde se evidenció un presunto plan de percusión y las pruebas que pretendían plantar contra el máximo dirigente de la institución y los demás miembros de su directiva.

“Al momento han sido cautelados en el penal de San Pedro Freddy Machicado, Porfirio Rivero, Juan Cocarico, Gonzalo Lupaca, Raúl Uría, (además) del señor Cesar Apaza, quien se ha ordenado su traslado al penal de Chonchocoro. También tenemos a la señora Rosalba Vargas y a Gudelia Botitano con detención domiciliaria. Tenemos alrededor de 10 órdenes de aprehensión aún por ejecutar, muchos son en contra de dirigentes del directorio del señor Freddy Machicado”, detalló la abogada de Adepcoca, Evelin Cossío.

A la mayor parte de este grupo se los imputó por 13 o 15 delitos: allanamiento de domicilio y dependencias, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, incendio, privación de libertad, organización criminal, instigación pública a delinquir, robo agravado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza natural, secuestro, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, tráfico ilícito de armas, lesiones graves y leves, lesiones gravísimas, tenencia, porte o portación ilícita y otros estragos.

Las evidencias que presentó la Fiscalía no demuestran en flagrancia a los acusados cometiendo los delitos por los que se los acusa, pero aun así deben permanecer con detención preventiva en los penales. Los que recibieron detención domiciliaria no pueden hablar con los medios de comunicación, no pueden tener contacto con los dirigentes, no pueden acercarse a las instalaciones de Adepcoca, lo que es atentatorio porque por norma sólo pueden comercializar su coca en esos ambientes.

Ahora, según Cossío, la Fiscalía tiene una lista de 38 personas para que declaren en calidad de testigos a favor de los aprehendidos, pero existe el riesgo de que estas personas sean aprehendidas y cauteladas a la mínima contradicción o bajo cualquier excusa.

“Así es la justicia masista y corrupta, benigna para unos y corta para otros. El objetivo es acallar la voz de los cocaleros de los Yungas”, afirmó el abogado Gualberto Cusi durante las detenciones.

“Estamos cansados de que se haga persecución política estos últimos años (…) Cazarán uno, dos, tres, cuatro, cinco, actualmente tenemos 17 compañeros con orden de aprehensión, eso nos va a fortalecer”, decía César Apaza tras la detención del máximo dirigente de Adepcoca Freddy Machicado.

FUNCIONARIOS

El 1 de mayo de 2022, un pelotón de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, bajo el nombre de “Guerreros Azules”, hacía su paso por la avenida Cívica de Oruro en apoyo al presidente Luis Arce.

Ante el repudio de la gente por el uso de servidores públicos para actos proselitistas, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, salió en conferencia de prensa para admitir que es el comandante de los “Guerreros azules” y que ese grupo lucha y defiende la democracia.

“Nos ha costado al pueblo boliviano, le ha costado alcanzar la democracia, la libertad de expresión, ese es nuestro objetivo que respeten estas pititas golpistas”, dijo Montaño en ese entonces.

La ANF logró el testimonio de una persona, cuya identidad se mantiene en reserva, y explicó su experiencia dentro de los “Guerreros azules” al que tuvo que pertenecer inmediatamente apenas logró ingresar a trabajar a una dependencia del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

“A partir de que empiezo a trabajar allí, el segundo o tercer día, ya me incluyen en un grupo (de WhatsApp) que se llamaba ‘Guerreros azules’, que ya existía, y donde estaban todos los directores de la AEVivienda. También había compañeros de Vías Bolivia y de otros departamentos porque yo los veía y había más de 100 personas en ese grupo. Había compañeros que nos íbamos conociendo en los viajes”, contó.

Este grupo integrado por funcionarios públicos de las distintas dependencias del Ministerio de Obras Públicas tenía que correr con los gastos de los viajes, estadía y alimentación, además sufrir descuentos porcentuales a sus sueldos para el pago de gorras, poleras, chalinas y demás distintivos para sentar presencia en actos proselitistas en distintas partes del país.

Sin embargo, no sólo se dedicaban a acompañar la entrega de obras o anuncio de proyectos del presidente del Estado o del ministro Montaño; también la fuente reveló que fueron organizados para formar grupos de choque en protestas políticas, por ejemplo, cuando la expresidenta interina Jeanine Añez fue enviada a la cárcel.

“Para esas situaciones nos avisaban un día antes, porque imagínate que eso iba a ser un miércoles, entonces el martes por la noche ya indicaba un mensaje en el grupo que decía que mañana debemos ir con ropa deportiva, con tenis, con gorra, con barbijo y decía con nada distintivo, nada azul, como si fueras una persona normal. Entonces, nos avisaban, pero eso era por horas, no nos perjudicábamos todo el día. Bien nosotros íbamos por la mañana y el otro grupo por la tarde”, explicó.

Esta conducta de los “grupos de choque” afines al Gobierno y las contramarchas se fue repitiendo a lo largo del año. El último suceso que se produjo en la ciudad de La Paz fue el 26 de octubre cuando se desarrolló la “Marcha por la paz, unidad y censo 2023”. Los movilizados fueron atacados por afines al partido de Gobierno, el hecho dejó más de una veintena de personas heridas.

Marina Vargas, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), indicó que en varias oportunidades reciben denuncias de los propios funcionarios públicos obligados a formar parte de estas actividades fuera de sus funciones, pero no quieren identificarse plenamente porque ven en riesgo su permanencia en su fuente laboral.

“Uno de los problemas más graves en nuestro país es que se están usando a servidores públicos para enfrentar la protesta social. Y esto es indignante, cuando la Constitución te dice que el Estado debe respetar la dignidad de las personas, actualmente están pisoteando la dignidad del servidor público”, lamentó la activista de derechos humanos.
En criterio de la vicepresidenta de la APDHB, el Gobierno utiliza a los servidores públicos para atentar contra la ciudadanía sin inmutarse en lo más mínimo porque gozan de impunidad.

“(Los médicos) han salido a defender el derecho a la protesta, exigir la libertad de los presos políticos; sin embargo, aparecen servidores públicos, yo he podido observar un grupo de funcionarios del Ministerio de Trabajo que, como soldados, después de haber agredido a la gente cerca de la Plaza Bolivia, entraban al ministerio marchando, porque tomaron el mismo minibús”, aseguró Vargas. (ANF).

Fuente: El Diario.

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