Carmen Almendras: “Sostengo que debe existir un servicio diplomático institucionalizado”

Carmen Almendras fue embajadora de Bolivia en España, Viceministra de gestión institucional y vicecanciller de Bolivia hasta el año 2019. Actualmente es asesora senior de una empresa en comunicación estratégica, profesora universitaria y, a través de una Fundación, desarrolla proyectos sociales en el ámbito de los derechos humanos, del diálogo y la inclusión.

En esta entrevista con Página Siete hace una evaluáción de las relaciones exteriores de Bolivia, se refiere al perfil que debería tener el personal diplomático y fija posición de apoyo a las mujeres que luchan en Irán por más libertad y derechos.

Usted que ha hecho carrera en la diplomacia, ¿cómo evaluaría la política exterior de Bolivia actualmente?

No resulta perceptible, al menos desde el seguimiento mediático del accionar del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuál es la hoja de ruta, ni las señas de identidad particulares de la actual gestión.

Han destacado en este periodo, resultados favorables al país como la iniciativa respaldada por organismos internacionales, de liberalización de las patentes de las vacunas para que todas las farmacéuticas que estén en capacidad de producirlas lo hagan; la adquisición de vacunas contra el covid-19, en un contexto de alta complejidad mundial; el haber conseguido que Bolivia sea sede del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas y la supresión de visas de turismo a México.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, preocupa que a más de dos años del actual gobierno no se hayan realizado nombramientos de jefas o jefes de misión en países claves de nuestro relacionamiento bilateral como Brasil, Chile, Colombia, China, Japón o India. Son esas autoridades designadas las encargadas de defender los intereses de Bolivia en los países sede, de fomentar y fortalecer las relaciones de amistad; así como de gestionar inversiones, mayores niveles de intercambio comercial, transferencia de tecnología y cooperación, entre otros.

La CIJ acaba de dar su fallo por el caso Silala. ¿Cuál es su evaluación de la defensa boliviana al respecto?

El equipo profesional que condujo la defensa boliviana en el caso Silala ha desplegado su estrategia con un alto compromiso por el país, con elementos de orden histórico, técnicos y jurídicos, pero ante todo con base en evidencia científica. Consideraciones de índole político y estudios previos sin la suficiente rigurosidad acreditada por la ciencia y la tecnología moderna, debieran ser aparcados para enfrentar el momento actual con altura de mira.

Mirando para atrás, ¿considera que fue pertinente demandar a Chile por la causa marítima y luego advertir con un proceso por las aguas del Silala?

Si bien es preciso examinar críticamente la historia en el caso de la relación Bolivia y Chile, lo que urge es mirar hacia el futuro. De todas maneras, conviene recordar que la decisión de iniciar una demanda a Chile, frente a la dilación del cumplimiento de sus compromisos históricos para negociar una salida soberana al mar, fue asumida por la totalidad de expresidentes y excancilleres del país, que en una sola voz expresaron al pueblo boliviano su convicción de que esa era la ruta correcta que reclamaba aquel momento histórico.

¿Cómo se debería reenfocar la relación entre Bolivia y Chile a partir de estos dos fallos?

Clausurando la etapa de judicialización de la relación bilateral y dando paso a la recomposición de relaciones diplomáticas, que parte del supuesto de la restauración de la confianza mutua. Para ello se requiere de una alta voluntad política, a la par del despliegue de gestiones diplomáticas especializadas, para ir afianzando una agenda positiva, horizontal e irrestricta.

Uno de los aspectos ineludibles de esa agenda compartida, sin lugar a dudas, debe ser el de las aguas transfronterizas. Luego de dos fallos de la CIJ que invocan al diálogo para la resolución de cualquier controversia entre los dos países, Bolivia y Chile tienen la oportunidad no sólo de ponerse de acuerdo en sus asuntos bilaterales, sino de proponer a la región y al mundo innovadoras fórmulas de gestión y gobernanza compartida de recursos hídricos. El Silala es uno, de al menos nueve cursos de agua que transcurren por ambos territorios.

La mayor parte del mundo ha condenado la invasión rusa a Ucrania, pero Bolivia por lo general se ha abstenido. ¿Usted diría que esta posición es coherente con la ideología del actual gobierno y que es justificable?

Es evidente que uno de los condicionantes internos de la política exterior de Bolivia es ideológico, que deriva de su identidad “anticolonialista, anticapitalista y antiimperialista”; sin embargo, por encima de cualquier posicionamiento ideológico, más allá de cualquier consideración sobre las causas de la guerra y de las provocaciones geoestratégicas, la posición internacional de Bolivia debe estar circunscrita en lo estipulado por la Constitución Política del Estado, que en su artículo 10 declara a Bolivia como un Estado pacifista, que promueve la cultura de paz y que rechaza toda guerra de agresión como instrumento de resolución de los diferendos y conflictos entre Estados. Nuestro país, en fiel observancia de los principios del derecho internacional, no debiera de alejarse de su tradición de rechazo a invasiones y agresiones unilaterales cometidas, a su turno, por potencias globales.

¿Usted en lo personal qué opina de la guerra en Ucrania?

Tal como sostengo en un artículo que acaba de publicarse, partiendo de las invariantes de su historia y desde un enfoque geoestratégico, la ubicación geográfica de Ucrania, máxime las ingentes reservas mineralógicas que posee, por su potencial agrícola y la vasta red de infraestructura que transcurre por su territorio para el suministro de gas a Europa, la posiciona como un enclave de tensión entre los fines expansionistas de la OTAN y los intereses geopolíticos rusos.

En tal sentido, es claro que no se trata de una disputa bélica sólo entre dos países, sino que concurren en la guerra otros factores e intereses de orden internacional. El conflicto armado al que nos referimos se ha convertido en la aleta caudal para la propulsión de la transición global hacia un nuevo orden.

De cualquier forma, se trata de una intervención unilateral, militar y a gran escala por parte de Rusia, alejada de los principios básicos del derecho internacional, contenidos en la Carta de Naciones Unidas; que no sólo alteró la convivencia pacífica de los pueblos, sino que deja sentir sus efectos en la sociedad civil, que sufre sus atroces consecuencias.

Las mujeres de Irán se han levantado para hacer valer sus derechos. ¿Qué opina usted de esta lucha? En ese marco, ¿considera pertinente que la Embajadora de Bolivia ante Irán haya respaldado al Gobierno iraní?

Coincido en que se trata de un movimiento de lucha de las mujeres iraníes por libertad e igualdad, por los derechos universalmente conquistados, en definitiva por la defensa de la vida. He seguido con admiración las protestas, por la valentía que han tenido de enfrentarse a un sistema de dominación patriarcal, que ha llegado al extremo de silenciar la vida de quienes se han atrevido a subvertir las normas violatorias de los derechos humanos.

En cuanto al caso particular que me pregunta, se trata de un confuso incidente que ha trascendido a nivel internacional, a pocos días de que el presidente Luis Arce propusiera en la Asamblea General de Naciones Unidas la declaratoria del decenio de la despatriarcalización a nivel mundial. Cuando se difundió la noticia, me expresé por redes sociales rechazando las desafortunadas declaraciones por considerarlas contrarias a la Constitución y a los instrumentos internacionales ratificados por el país; no obstante, unos días después, el medio rectificó la noticia, sin que haya sido zanjado el asunto por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La defensa de los derechos humanos no admite un doble estándar, no se puede estar de acuerdo en unos casos y no en otros. Constituye un alto desafío de coherencia para los Estados que los enarbolan como parte de las prioridades de sus políticas internas y de sus políticas exteriores.

La promoción y protección de los derechos humanos son objetivos fundamentales y constituyen los principios rectores de las Naciones Unidas, en consecuencia, no corresponde que ninguna potencia mundial se arrogue la vigilancia unilateral de los mismos, ni la imposición de sanciones unilaterales.

¿Usted cree que debe existir un servicio diplomático de carrera o cualquier persona, sin importar su formación, puede acceder a un cargo de embajador? Se lo pregunto porque los últimos días se ha abierto un debate sobre el posible nombramiento de la exdiputada Lidya Patty como embajadora.

Sostengo que debe existir un servicio diplomático institucionalizado. Desde el 2006, se presentaron algunas propuestas para que la alta y delicada responsabilidad de representación del Estado, cuente con formación especializada, incorporando en su escalafón a profesionales de distintos ámbitos, desterrando una selección elitista, sin embargo, no se ha llegado a concretar dicha institucionalización.

Por cierto, la carrera diplomática está instituida por la ley 465, de 19 de diciembre de 2013, en sus escalafones diplomático y administrativo, quedando pendiente su reglamentación para hacerse efectiva.

Según el inciso 3 del artículo de la ley 465, como requisitos para el ingreso y desempeño de funciones públicas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros, se debe vencer concurso de méritos, examen de competencia, o haber recibido invitación expresa del Canciller por su condición profesional, personalidad, experticia o técnica de reconocida trayectoria o compromiso social, es decir que cualquier ciudadana o ciudadano boliviano podría ser incorporado. Dicho esto, las designaciones debieran recaer en personas idóneas, no obstante, no siempre ha sido esa la pauta de actuación de muchos gobiernos a lo largo de nuestra historia. Los nombramientos tendrían que aportar al fortalecimiento de los lazos bilaterales, no polemizarlos de partida.

Sabemos que usted está comprometida con la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo ha visto la política de despatriarcalización del gobierno de Arce?

Parto valorando que se haya destinado un año de la agenda pública del país a un asunto que está relacionado con una multidimensionalidad de factores que reproducen la opresión hacia las mujeres. La labor de la comisión interinstitucional conformada para identificar y buscar sanciones por la otorgación de libertad de feminicidas y violadores sentenciados, así como el proyecto para modificar la ley 348, son dos señales de los avances; no obstante, para que un concepto de política pública sea comprensible, asumido y exigible por la ciudadanía en general, debe expresarse en contenidos claros y resultados concretos.

De seguro que las normas jurídicas contribuyen a los objetivos de igualdad, emancipación, empoderamiento y ejercicio pleno de las mujeres, empero el mayor desafío se encuentra en su implementación.

Hubiese sido deseable que durante este año Bolivia ratifique el Convenio 190 de la OIT, que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, de manera particular por razones de género y, por otro lado, que se haya revertido la presencia tan reducida de mujeres al interior del gabinete ministerial.

¿Qué se debe hacer desde el Estado para reducir los índices de violencia hacia las mujeres?

Este es un asunto que debe interpelarnos en extremo. Estadísticas oficiales del Ministerio Público, dan a conocer que cada día 140 mujeres son afectadas por la violencia machista y que cada 4 días una mujer muere en Bolivia víctima de la mano feminicida. Estos datos nos colocan en el cuarto lugar en los índices más altos de feminicidio en América Latina, según el Sistema de las Naciones Unidas en nuestro país.

Dentro de una amplitud de respuestas que requiere el combate de este flagelo social y de forma complementaria a lo que se viene implementando, sería recomendable renovar la propuesta que realizó el 2019 el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, de sostener un gran pacto nacional, por el cual toda la institucionalidad del Estado boliviano, a nivel central, departamental y municipal, promoviendo alianzas público privadas, se comprometan en la aplicación de políticas efectivas de prevención, de sanción y de atención a las víctimas. En ese contexto, se propuso analizar la posibilidad de asignar un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), no para alimentar burocracias, sino para integrar servicios de atención expedita a las víctimas, así como políticas de prevención.
“Preocupa que a más de dos años no se han realizado nombramientos de jefes y jefas de misión claves”.
“Nuestro país no debiera alejarse de su tradición de rechazo a invasiones y agresiones unilaterales”.

Fuente: Pagina Siete.

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