Avasallamientos ponen en duda seguridad jurídica a inversiones

Los más de 200 casos de avasallamientos registrados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sin sumar de las áreas protegidas, ponen en duda la seguridad jurídica a las inversiones, pues los propietarios que sufren estos actos ilegales destinaron recursos para mejorar la tierra, así como para la siembra y la producción de alimentos. Autoridades anuncian que la acción está penada, pero a la fecha los invasores continúan en propiedad privada.

Pero los avasallamientos no sólo muestran una fragilidad de la seguridad jurídica, sino que inclina la balanza a la inseguridad, y muestran al mundo una señal negativa para las inversiones extranjeras.

De acuerdo a ejecutivos de la Confederación Agropecuaria nacional (Confeagro), el INRA registró 208 casos de avasallamientos, pero señalan que sólo esta cifra representa a los procesos, pero no toma en cuenta la acción realizada en áreas protegidas.

Aseguran que esta acción ilegal pone en duda la seguridad jurídica que necesitan los bolivianos, así como los inversores, pues nadie se puede animar a invertir sino se le garantiza el retorno de sus recursos.

Por ejemplo, los sectores agrícolas, ganaderos, avícolas y lecheros, entre otros, de diversas regiones del país participaron de una reunión convocada por la Confeagro en Cochabamba, y se declararon en emergencia debido a los diversos casos de avasallamientos que se viven en Bolivia.

“Los avasallamientos generan un ambiente de conflictividad social y de inseguridad permanente para las inversiones», señaló el titular de la CAO, Mario Justiniano e indicó que la inestabilidad ponme en riesgo la seguridad alimentaria.

Otras medidas

Ante ese escenario negativo para la imagen del país, y las futuras inversiones, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Douglas Ascarrunz, opina que se debe propiciar condiciones para que venga la inversión extranjera, y también la nacional.

Por ello asegura que se debe poner énfasis en generar un ambiente de seguridad jurídica, mejorar el tema tributario, que en Bolivia es muy exigente para atraer a personas y al capital privado.

A eso se suma la revisión de las leyes laborales, es decir flexibilizar las normas, con el objetivo de que no sean un impedimento para las inversiones y se desanimen a venir al país.

Los industriales también plantearon similares medidas con el fin de atraer inversiones nacionales para poder reinvertir, así como para aumentar la formalización de la economía nacional.

En una nota de prensa a un medio de comunicación, el experto en temas financieros, Jaime Dunn, coincidió con otros economistas, al indicar que el modelo se agotó y requiere de ajustes, y plantea apoyar la inversión privada y las exportaciones para mejorar la economía del país.

Calificación

El mal momento por el que pasa la imagen la economía boliviana también se refleja en la calificación menor que recibió de Estándar & Poors de B, que de acuerdo al Gobierno representa estabilidad, pero los economistas coinciden en que afectará al país, pues los bonos que pueda colocar en el mercado internacional, no será de interés de los inversionistas, pues son «bonos basura».

Esa situación afectará a la llegada de recursos frescos al país, y se puede repetir lo que sucedió a principios de año con la puesta en el mercado de 2.000 millones de dólares en bonos, pero sólo logró 850 millones.

Inversión Extranjera Directa

Bolivia en los últimos años redujo la llegada de la Inversión Extranjera Directa (IED), debido a múltiples factores, entre ellos la nacionalización de los hidrocarburos, así como de las empresas estratégicas.

Sin embargo, entre el 2012 y 2013 parecía recuperarse, pues registró una IED de 1.060 y 1.750 millones de dólares, pero un año después, 2014 la situación cambió y cayó a 657 millones, y la situación no cambió.

Pero los saldos negativos, o desinversión, se registraron en 2019 y 2020, -217 y -1.129 millones de dólares.

Bolivia ya enfrentaba una crisis política en el año precedente a la pandemia, pues se iban a realizar elecciones generales, y la habilitación de Evo Morales, a pesar del Referéndum del 2016, que le dijo no a la repostulación, fijaba un panorama poco alentador.

Mientras en su reporte de capital privado extranjero en Bolivia 2020 del Banco Central de Bolivia (BCB), señala que «la inversión extranjera, en 2020, no solamente ha sido golpeada por los efectos directos de la pandemia, sino también por su considerable focalización en rubros extractivos de materias primas que, a su vez, sufrieron severas pérdidas en los mercados internacionales».

«El sector minero en Chile y Perú, la importante participación de la agricultura en Argentina, Brasil y Paraguay, además de la relevancia del sector hidrocarburífero en Bolivia y Colombia, demuestran la importancia que tienen los precios de commodities en las respectivas economías», señala el documento del BCB.

Además sostiene que la recesión económica enfrentada por los principales países inversionistas también ocasionó un descenso de los flujos de ID en la región.

Según la ONU, en 2019 y 2020, el 82% de la IED en Sudamérica provino de Europa y Estados Unidos, economías drásticamente lastradas por la pandemia. Es así que las forzosas necesidades de liquidez por parte de las empresas matrices en estas regiones del mundo ahondó la inminente salida de capitales en las economías emergentes. Sudamérica no fue la excepción.

Datos del Banco Mundial muestran que las inversión extranjera en Bolivia cayó en 2019 -0,5% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), y en 2020 fue -3,1%, mayor a la registrada en 2005 que cayó en -2,5%.
En 2021 subió a 594 millones de dólares, y al primer semestre de 2022 la cifra llegó a 160 millones, un 0,4% respecto al PIB.

Empleo

La actividad económica formal en Bolivia ocupa el 20%, mientras que la informal representa el 80%, genera fuentes de empleo sin protección social, la mayor parte el sector comercial absorbe a los desempleados.
Los economistas en reiteradas oportunidades indicaron que una ocupación no necesariamente es un empleo.

En noviembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que al tercer trimestre de este año, la tasa de ocupación en Bolivia llegó a 70,6%, siendo superior en 1,6 p.p. (puntos porcentuales) a similar período de la gestión 2021 (69,0%).

La población ocupada en el área urbana alcanzó a 4 millones 400 mil personas, con una variación positiva de 4,7% respecto al tercer trimestre de 2021 (4 millones 202 mil personas).

Según actividad económica, el 24,4% de los ocupados (1 millón 76 mil personas) trabajan en la actividad de comercio, 14% (616 mil personas) en la industria manufacturera, y 11,6% (508 mil personas) en actividades de alojamiento y comida, principalmente.

Los empresarios solicitaron a las autoridades nacionales a trabajar en alianzas público-privadas (APP) para generar fuentes de empleo formales, mediante la creación de emprendimientos y la atracción de inversión pública.

Sin embargo, a la fecha el llamado no recibió eco en el Gobierno pues están empeñados en las empresas públicas, que la mayoría estaría ingresando a zona deficitaria, es decir pérdidas más que ganancias. Para la presente gestión se aumenta el presupuesto destinado a las empresas públicas, por consiguiente baja la inversión p.

Fuente: El Diario.

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