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Arremetida contra cívicos de Potosí reflota tensión en el país

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Cuando en el mundo se conmemoró el 73 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Bolivia se registró una arremetida contra los cívicos potosinos, hecho que reflota la tensión política en el país.

La detención de Marco Pumari, expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), y las órdenes de aprehensión para el actual presidente Juan Carlos Manuel y del dirigente Ramiro Subia, desataron la condena de cívicos de ocho regiones, de plataformas ciudadanas y de líderes políticos.
Más de un millar de policías se trasladaron hasta Potosí.
Foto: APG

Asimismo, el consejo consultivo de emergencia de Comcipo dio un ultimátum al Gobierno para replegar a los más de 2.000 efectivos policiales de seis departamentos que llegaron a la Villa Imperial, y anunció un cabildo para el lunes. Mientras, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) denunció un “montaje procesal” ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Consejo Nacional de Comités Cívicos de Bolivia emitió un pronunciamiento en rechazo a las acciones contra el movimiento cívico de Potosí y convocó a “defender sus derechos y libertades”, la institucionalidad y la democracia.

“El Movimiento Cívico Nacional no permitirá una nueva violación al sistema democrático y a la reglamentación legítima de la sociedad. Defenderemos Bolivia todas las veces que sea necesario, amparados en la Constitución Política del Estado, mientras el régimen intente quebrar una vez más el sistema democrático”, se lee en el pronunciamiento.

A su vez, las plataformas ciudadanas se declararon en estado de emergencia y condenaron que el operativo policial se realizara a un día de conmemorarse el Día Internacional de la Declaración de Derechos Humanos.

“Una noche antes de recordar el Día Internacional de la Declaración de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el gobierno dictatorial de Luis Arce Catacora desata una represión política a altas horas de la noche, como en los peores tiempos de las dictaduras militares”, afirmó Julio Alvarado, representante de las plataformas ciudadanas.

Por su parte Manuel Morales, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), calificó los hechos de Potosí como una vulneración al sistema democrático y expresó: “Estamos con las plataformas y nos llama la atención de cómo la Policía y el Ministerio Público han procedido allanando las oficinas de Comcipo. La detención de Marco Pumari la consideramos también ilegal”.

Líderes políticos críticos al Gobierno también cuestionaron y reprocharon la acción contra los cívicos potosinos. En opinión del líder de la primera fuerza de oposición, CC, Carlos Mesa, el gobierno de Luis Arce dio una muestra de “violencia, actitud dictatorial, autocracia, persecución y arbitrariedad”.

“Marco Pumari es detenido, no; es secuestrado de manera violenta. En esa operación se toman acciones violentas también contra cuatro ciudadanos a los que se veja sin ningún tipo de contemplación”, expresó, y subrayó que la detención de Pumari se manejó de forma confidencial hasta para sus familiares.

Asimismo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, expresó: “Rechazamos enérgicamente la intervención policial a Potosí y el apresamiento de Marco Pumari. Con este acto, el gobierno de Luis Arce da un paso propio de las peores dictaduras de antes”.

Mientras que el expresidente Tuto Quiroga incluso comparó el accionar del Gobierno con el del presidente de Nicaragua Daniel Ortega. “Gobierno del MAS replica tácticas de Ortega, al desatar cacería de opositores en Potosí, arrestar a excandidato a vicepresidente Marco Pumari sin citación previa, y criminalizar la protesta contra malas leyes que abrogaron”, escribió en Twitter.

Por su parte el líder de UN, Samuel Doria Medina, manifestó: “El Gobierno usó la fuerza de forma extraordinaria y antidemocrática para detener a Pumari. Es despreciable que quieran intimidar a Potosí, pero lograrán lo contrario, como siempre que se ofende a un pueblo valiente”.

Cabildo y ultimátum

Con Comcipo descabezado, Roxana Grass asumió el mando interino y dirigió el consejo consultivo convocado ante la emergencia por las órdenes de aprehensión y la vigorosa presencia policial en la Villa Imperial.

“Hoy se está pronunciando el pueblo, ellos quieren que exista cabildo y exigir que en el lapso de 24 horas tenga que salir toda la policía represora que ha llegado a Potosí. Esas son las principales conclusiones y que la brigada parlamentaria asuma defensa de todos nuestros compañeros cívicos que están siendo perseguidos”, comunicó.

La dirigente indicó que el cabildo potosino se alista para el lunes, y que entre otras medidas se exigirá una reunión a nivel nacional con todos los comités cívicos. También informó que se pedirá que todas las iglesias repiquen las campanas a una hora determinada en signo de que la población está en conflicto y permanente movilización, y que la brigada parlamentaria potosina en el Legislativo nacional asuma la defensa de los dirigentes que son perseguidos políticos.

Denuncia ante la ONU

Los hechos en Potosí fueron puestos en conocimiento del Comité Contra la Tortura de la ONU, a través de una carta enviada por la presidenta de la Apdhb, Amparo Carvajal, y el presidente del Comité Pro Santa Cruz Rómulo Calvo, en la que se denuncian actos “que violentaron los derechos fundamentales”.

“La historia del heroico pueblo potosino se ha visto manchada por el abuso, los maltratos y la clara y sistemática violación a los Derechos Fundamentales. Potosí no tiene nada que celebrar respecto al Día Internacional de los Derechos Humanos”, indica la misiva a la ONU.

En la carta se señala que se hizo un allanamiento a la institución cívica y domicilios particulares por la noche, pese a que la Constitución, la ley sustantiva penal y los tratados internacionales de los Derechos Humanos lo prohíben. Asimismo, la misiva enfatiza la presencia policial en la ciudad de Potosí para ejecutar la aprehensión de los cívicos.

Desde el Legislativo, el presidente de Diputados, Freddy Mamani (MAS), rechazó que las órdenes de aprehensión contra los cívicos sean parte de una persecución política, y dijo que es “cumplimiento de la justicia”. Pidió identificar a otros actores por la quema del TED Potosí.

Pagina Siete.

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