Avalancha: 4 indicios revelan que un policía vendió granadas de gas

La Fiscalía y la defensa de las víctimas identificaron al menos cuatro elementos que apuntan al sargento de la Policía Jhonatan P. F., alías el Púas, como la persona que vendió dos granadas de gas lacrimógenas a los dirigentes de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Con esos objetos los imputados provocaron en mayo la avalancha humana que causó la muerte de cinco universitarias.

“Hace unos días, el policía fue identificado y hoy (ayer) fue su audiencia cautelar. El juez determinó la detención preventiva en el penal de Cantumarca”, dijo a Página Siete el abogado defensor de las familias de las cinco víctimas, Samuel Castelo.

Explicó que el Ministerio Público imputó al uniformado por el delito de tráfico ilícito de armas en grado de autoría. Él sabía que está prohibida la venta de armamento y, pese a eso, comercializó la granada a universitarios que no saben manejarla.

Según Castelo, desde su detención, el policía se abstuvo de declarar y en su audiencia cautelar negó el hecho. Sin embargo, el jurista aseguró que existen al menos cuatro elementos que apuntan al uniformado como el autor de esa venta.

El primer elemento se refiere a que el ejecutivo de la FUL de ese entonces, Mauricio Q., fue quien nombró al policía en su declaración. Según la imputación formal contra el uniformado -documento al que tuvo acceso Página Siete- Mauricio recordó que el 8 de mayo, él y otras tres personas conversaban dentro de una movilidad. Ahí uno de ellos dijo: “Si mañana nos van a trancar en la asamblea, podemos comprar gas. Por eso llamé a mi camarada del cuartel, el Púas, de apellido Pinto. Él me citó en la plaza Tinkuy para entregarme”.

Según el segundo elemento, el dirigente relató que luego él y sus otros compañeros se encontraron con el policía, quien les entregó las dos cápsulas de granada a cambio de 100 bolivianos.

Respecto al tercer elemento, Castelo dijo que la adquisición de esos gases no fue casualidad. “(Se hizo) por órdenes del exejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana, Max Mendoza, porque él había planificado la permanencia de Mauricio en la dirigencia de la FUL”, dijo.

El 9 de mayo se realizó la asamblea estudiantil en el coliseo universitario, donde se abordó la convocatoria a las elecciones a la FUL y luego de peleas, los estudiantes reventaron una granada de gas que provocó una avalancha humana que dejó más de 80 heridos y causó la muerte de cinco universitarias: Gilda Paita, Raiza Colque, Gladys Acuña, Daniela Quentasi y Plácida Isla. Tenían entre 22 y 26 años.

La Policía aprehendió a Mauricio Q. R., de 25 años, (El Motín); Ariel Q. M., de 40 años; Milton F. A., de 35 años (El Licen) y Manfred F. C., de 25 años. Todos guardan detención preventiva.

Hasta esta semana no se conocía a la persona que vendió las granadas de gas. La comisión de fiscales -que investiga el caso- indagó sobre la declaración que dio Mauricio. “La comisión solicitó un informe a las Fuerzas Armadas sobre el cuartel donde prestó el servicio premilitar Mauricio. Tras las indagaciones, se identificó que él estaba en el Regimiento Pérez”, agregó.

Luego de hallar esos datos, como cuarto elemento, la comisión de fiscales solicitó al Estado Mayor el dato sobre cuántos camaradas tenía Mauricio con el apellido del policía. Se supo que fueron dos. Con el requerimiento fiscal, se solicitó al Comando Policial información para saber si uno de ellos era funcionario policial. Tras una comparación se identificó a un funcionario con esas características y que cumplía servicios en Potosí. “Ahí lo aprehendieron”, dijo.

Ayer, tras la audiencia cautelar, los familiares de las víctimas lloraron. “No puedo dormir, quiero que se haga justicia por mi hija”, dijo la mamá de Daniela, Nora Quentasi.

Castelo recordó que ayer se cumplieron los seis meses de investigación y el juez señaló la audiencia para determinar la situación de los imputados.

Pagina Siete

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