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Justicia chilena determina detención preventiva de 90 días para los tres militares bolivianos

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La jueza de Pozo Almonte, Daniela Gutiérrez, determinó la detención preventiva de 90 días para los tres militares bolivianos que fueron arrestados el pasado 8 de septiembre en el lado chileno. La autoridad judicial observó que los efectivos nacionales no acudieron a sus pares chilenos para denunciar que los contrabandistas pasaron la frontera y señaló que los uniformados son un «peligro» para la seguridad de la sociedad chilena.

Los militares permanecerán en el penal de Alto Hospicio mientras siga la investigación. La jueza Gutiérrez desechó todos los argumentos de la defensa de los uniformados y validó aquellos expuestos por el fiscal Hardy Torres, quien fue el que solicitó la detención preventiva por 90 días. Los abogados defensores replicaron pidiendo 60 días de detención, pero esa solicitud también fue rechazada.

«Por tales razones se rechaza las peticiones solicitadas por la defensa y en ese sentido se estima que la libertad de los imputados, efectivamente, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad (…) y se estima que esta es la medida idónea para garantizar los fines de procedimiento y es la que se ha estipulado para este tipo de casos. En razón de aquello, se hace lugar a los pedidos por la Fiscalía en todas sus partes y se rechaza las peticiones de la defensa», afirmó la jueza Gutiérrez.

Luego, la autoridad judicial pidió a las partes el tiempo de la detención preventiva y fue la Fiscalía la que sugirió los 90 días, pedido que fue aceptado por la jueza Gutiérrez. La defensa pidió 60 días de detención preventiva.

En la audiencia, la defensa de los militares expuso que las supuestas víctimas de los tres uniformados bolivianos detenidos en Chile huían desde Bolivia a territorio chileno con cargamento de contrabando. El abogado Christian Castro Hernández había solicitado a la jueza Gutiérrez el arresto domiciliario para los imputados y, en el mejor de los casos, la expulsión de los militares bajo pago de fianza. ​​

Por su lado, el fiscal Hardy Torres replicó que los militares son un «peligro» para la seguridad de la sociedad chilena e insistió en su pedido de detención preventiva en una cárcel de Chile para los tres uniformados. El investigador refutó todas las argumentaciones que esgrimió la defensa de los militares.
El Deber

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