Fiscalía reabre caso Akapana contra la familia Doria Medina
La investigación por una supuesta evasión de impuestos por medio de la firma Akapana, de la familia del empresario Samuel Doria Medina, fue reabierta por la Fiscalía y ayer se tomó la declaración de dos de las accionistas y hermanas de quien también es jefe de Unidad Nacional (UN).
“Se han presentado a declarar (ayer) las señoras Silvia y Susana Doria Medina. Ésta fue la declaración por el primero de los casos, Akapana”, explicó a Página Siete el abogado de la familia Doria Medina, Horacio Acosta.
Sobre la citación al líder de UN, que ayer no asistió a la convocatoria de la Fiscalía, el jurista manifestó que se presentó “una justificación demostrando que él no está en la ciudad actualmente y vamos a esperar la reprogramación (de la citación) del señor fiscal para un nuevo día y hora”.
El proceso penal se inició en 2019, a raíz de un informe de la Comisión Especial Mixta, compuesta por legisladores del MAS, que justificaron su petición de investigación contra el empresario, en relación con el escándalo de los Papeles de Panamá. Esto pese a que dicha empresa no figuraba dentro de las firmas investigadas en el reportaje sobre lavado de dinero en paraísos fiscales.
Acosta se limitó en su explicación sobre el fondo de la investigación, pero confirmó que, en febrero de 2020, el fiscal Alexis Vilela emitió una resolución de rechazo a la investigación en favor de nueve personas, naturales y jurídicas, entre ellas la Compañía de Inversiones Mercantiles SA- Cimsa. El argumento del fiscal señala que “la investigación no ha aportado elementos suficientes para fundar la acusación”, debido a que no se notificó a los sindicados.
La resolución de Vilela no fue ratificada por el fiscal departamental, que también era William Alave en ese entonces, y ahora se reabrió el caso con la notificación de los sindicados y la emisión de numerosos requerimientos a entidades financieras de control económico, como la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Según los antecedentes del caso, entre noviembre y diciembre de 2019, luego de que Jeanine Añez asumió la Presidencia, el exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, destituyó a los investigadores que intentaron notificar a los sindicados y los cambió de destinos. Con el retorno de MAS al poder, sucedió similar alejamiento de los funcionarios del Ministerio Público y se reabrieron los procesos que existían contra opositores.
Rojas fue dado de baja de la Policía y entre los varios procesos penales abiertos en su contra se tiene uno por manipulación de las investigaciones de al menos seis procesos, entre ellos la supuesta evasión de impuestos de la firma Akapana SA.
Cementera
En 2017, el entonces diputado Víctor Borda, del MAS, justificó la investigación contra la familia del líder de UN, con el argumento de que se había generado una millonaria evasión de impuestos. La comisión del MAS halló supuestas irregularidades en el proceso de venta de las acciones de Soboce a la empresa mexicana Chihuahua en 2005, en la que la intermediaria fue la firma Akapana SA. Esta última creada por Samuel Doria Medina.
“Alrededor de 220 millones de dólares se habrían evadido. Se creó una empresa falsa, donde los socios mayoritarios eran las hermanas de Doria Medina. Ellas venden esta empresa en un monto ínfimo y en Panamá se crea una empresa que se vende a un monto real y efectivo, haciendo una evasión de impuestos”, explicó Borda.
Proceso político
Panamá En 2016 el gobierno de Evo Morales creó una comisión especial que debía indagar a políticos bolivianos relacionados con la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), conocida como el caso los Papeles de Panamá, sobre compañías offshore en paraísos fiscales. La empresa Akapana SA no figuraba entre las firmas investigadas.
Pagina Siete.