Anuncian cobro anticipado por servicios en Puerto de Arica
Tras la declaración de autoridades nacionales sobre que no pagarán tarifas que no hayan sido consensuadas con Bolivia, la Terminal Puerto Arica (TPA) anuncia que a partir del 20 de septiembre aplicará el cobro anticipado por cada servicio que solicite la agencia estatal para la carga de importación en el Puerto de Arica, informó que el gerente del concesionario, Gabriel Tumani.
Las autoridades bolivianas solicitaron un plazo de seis meses para evaluar la propuesta presentada por la parte chilena sobre la aplicación de nuevas tarifas y plantearon que mientras tanto se cobre lo acordado en 2019.
Aplicación
El gerente general de TPA, Gabriel Tumani, explicó que la medida corresponde a una facultad del concesionario estipulada en el artículo 13 del Manual de Tarifas y Servicios del Puerto de Arica. Dicha normativa señala que “a los usuarios que mantengan facturas impagas a la fecha de solicitud de nuevos servicios, se les exigirá el pago anticipado de estos servicios”.
Tumani precisó que esta disposición “busca asegurar que los servicios solicitados a partir del 20 de septiembre sean pagados y no se acumulen deudas. De allí que si no se produce el pago oportuno y completo de los servicios prestados en la primera quincena de agosto, los cuales fueron debidamente facturados el 20 de Agosto, es decir en un plazo máximo de 30 días, nos veremos en la obligación de hacer efectiva esta medida”.
En ese sentido, el máximo ejecutivo manifestó su extrañeza ante la decisión anunciada por la empresa estatal boliviana, especialmente porque fue la propia ASP-B la que anunció a sus clientes importadores bolivianos el pasado 5 de agosto, a través del Comunicado N°6 difundido en su web institucional, que “iniciaba el cobro de la tarifa pública por los servicios de despacho en el Puerto de Arica, dado el vencimiento del acuerdo de descuentos tarifarios el 4 de agosto”, señala un comunicado de la TPA.
En opinión de Gabriel Tumani, “no parece razonable que la ASP-B decida no pagar por los servicios que le prestó el Puerto de Arica, si esos servicios fueron cobrados anticipadamente a los importadores con los valores de la tarifa pública a partir del 5 de agosto. Por un lado, dice que no va a pagar la tarifa pública del Puerto de Arica, pero por otro lado en Bolivia la cobra y además les aplica un reajuste propio que encarece el costo de los servicios. Lo que corresponde es que cumpla sus compromisos y pague el valor que ya le cobró a sus clientes”.
El Gerente General de TPA instó a la ASP-B a retomar las negociaciones comerciales iniciadas en julio pasado en Arica, donde a través de una Comisión Técnica Comercial convenida con la Empresa Portuaria Arica y la ASP-B, se consensuó una propuesta de descuentos tarifarios de largo plazo.
“El Puerto de Arica siempre ha estado dispuesto al diálogo. El mejor ejemplo de ello es que hace 6 meses notificó a ASP-B que debía iniciar las conversaciones para un nuevo acuerdo de descuentos, ya que el 4 de agosto vencía el convenio suscrito hace 2 años. Seguimos disponibles para firmar el acuerdo que ASP-B valoró positivamente en julio y que luego desconoció. Ese convenio considera una vigencia por 3 años, con un descuento promedio de un 38 % a 23 servicios a la carga”, señaló.
“La ASP-B pidió todas esas consideraciones y repentinamente en agosto cambió de parecer, insistiendo en un acuerdo de corto plazo por 3 a 6 meses, que no se entiende y que claramente va en contra de la estabilidad que piden los clientes finales y el plazo prudente que se requiere para asentar la reactivación económica post pandemia”, complementó el Ejecutivo.
“Estamos muy contentos de ver que los clientes importadores en Bolivia están utilizando el servicio de Despacho Directo de buena manera, incluso alcanzando niveles sobre el 30 %. Invitamos a nuestros clientes a seguir usando esta herramienta que tiene 0 costo para ellos, por el lado del Puerto de Arica y que les permitirá frente a esta contingencia, retirar sus cargas sin problema”, concluyó Tumani.
Los exportadores nacionales indicaron que la aplicación de tarifas públicas encarecen las operaciones de los importadores, en más del 100 %.
El Diario.