Retornó boliviano tras salvarse de pena capital

2

La imagen referencial muestra una de las diversas formas que el narcotráfico usa para transportar droga.

Un boliviano que fue condenado a la pena de muerte en Malasia por un caso de narcotráfico llegó ayer a Santa Cruz, tras un largo proceso en el que intervino el Gobierno para impedir su ejecución y repatriarlo.

Víctor P. V. es el joven de 31 años que tocó suelo boliviano tras descender de una aeronave que lo trajo desde Argentina, la última escala de un viaje que duró tres días desde que dejó el país asiático.

«No puedo hablar quiero estar tranquilo con mi familia», se excusó con la voz entrecortada por la emoción para evitar el asedio de los periodistas que buscaban obtener detalles de su experiencia.

El reencuentro con sus familiares estuvo lleno de emotividad con abrazos interminables y conversaciones al oído con sus allegados.

«Hola mi hermano querido», le dijo con emoción su hermana Laura que vive en el exterior mediante una videollamada y que no pudo llegar a Santa Cruz por motivos de dinero.

El boliviano no dejó de agradecer a sus parientes por todas las gestiones que hicieron para conseguir que el Gobierno malayo permita su salida del país y así se detenga la que se creía podía ser una ejecución inevitable.

En 2013, Víctor fue detenido en Kuala Lumpur cuando trataba de introducir desde su país 450 gramos de cocaína repartidos en bolsas ingeridas, algo que inició un proceso judicial que desembocó en la condena a la pena capital.

A partir de ese momento algunos familiares suyos lo colaboraron para afrontar el proceso penal y los costos iniciales de un traductor.

Este ciudadano vivió en la localidad de Benilloba, en la provincia de Alicante (este español), de 2002 a 2009, cuando fue expulsado de España a Bolivia por carecer de documentación.

Ya en Bolivia, tuvo que hacer la labor de ‘mula’ (persona que trafica droga al interior de sus órganos) debido a una deuda que contrajo en su país y que no pudo pagar.

Tras conocerse su caso a principios de 2018, el Gobierno boliviano inició gestiones primero para apelar la sentencia, y después para conmutar la pena de muerte, posibilidad que dan las normas de Malasia cuando de por medio se establecen acciones diplomáticas.

«La verdad es muy fuerte lo que él pasó (…) Ya pagó lo que él cometió», dijo un primo suyo que contó que uno de los propósitos es ayudar para que otras personas «no cometan» los mismos errores.

Además del Gobierno boliviano, también el Senado español se pronunció en abril de 2018 instando al Ejecutivo del país interponer sus oficios para lograr que la apena contra el boliviano se revierta.

El Diario