El TSJ recibió 51 denuncias contra jueces en 4 meses

La Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia recibió 51 denuncias de corrupción de autoridades judiciales entre enero y abril de este año, según la rendición de cuentas del Órgano Judicial.

De las 51 denuncias, 14 se resolvieron: nueve fueron rechazadas y cinco tuvieron informe técnico. Al final solo dos derivaron en un proceso penal contra la autoridad judicial, pues tres fueron archivadas.

Entre las atribuciones de la Unidad de Transparencia del TSJ están: gestionar las denuncias de parte o de oficio, por posibles actos de corrupción; promover la prevención contra la corrupción; emitir la rendición pública de cuentas; gestionar el portal de información de transparencia del Estado Plurinacional; y gestionar el acceso a la información pública.

Hasta abril, esta unidad hacía seguimiento a 69 procesos penales contra funcionarios o exfuncionarios judiciales. Los departamentos de La Paz y Santa Cruz tienen la mayor cantidad de investigaciones en curso: 21 en cada caso.

El mandato que tiene es realizar “el seguimiento y gestión de denuncias correspondientes a aquellos casos de connotación social que tengan relación con la imagen del Órgano Judicial”.

En junio, una comisión de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Tribunal Supremo de Justicia visitó Yapacaní, entre otras ciudades de Santa Cruz, y Cochabamba para recoger quejas sobre el sistema judicial.

“Las autoridades que están viniendo de allá solo nos están emborrachando la perdiz, poniendo una plataforma virtual. Han venido a verificar las denuncias, pero no lo hacen correctamente, ellos deberían llamar a todos, diciendo que a la gente la van a proteger. Mucha gente no quiere denunciar porque tiene miedo que le lleven a la cárcel”, dice Gregorio Mamani, de la Asociación de Víctimas de la Justicia en Yapacaní.

Los miembros de la asociación quieren confiar en la Unidad de Transparencia, y hasta han pensado viajar a Sucre para plantear los problemas del sistema judicial en Yapacaní. “Yo vivo a media cuadra del juzgado y nunca me notifican, tengo que estar yendo a cada rato a ver si me han notificado o no. Estoy entre la espada y la pared. Ya tengo orden de desalojar mi casa”, dice Angélica Villafuerte.

Ningún caso es simple, todos se complican por contrademandas, rechazos, readmisiones, suspensión de audiencias, maniobras y, entre otras cosas, denuncias contra distintos actores del sistema judicial.

Fuente: Pagina Siete.

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Asumiremos que está de acuerdo con esto, pero puede optar por no participar si lo desea. Aceptar Lee más