TCP apela otra vez al Pacto de San José para “reformar ” CPE
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) nuevamente apeló al artículo 23 del Pacto de San José, esta vez para “reformar” virtualmente la Constitución Política del Estado (CPE) con el argumento de que está “salvando” el derecho de igualdad, coincidieron expertos y legisladores de oposición.
El martes, el TCP resolvió, mediante la sentencia 032/2019, que las autoridades electas, que postulen a un cargo electivo, ya no deberán renunciar tres meses antes del día de la elección, como ordena el artículo 238 de la Constitución Política del Estado.
El argumento de los magistrados del TCP es que el artículo 23 del Pacto de San José “no establece condiciones injustificadamente discriminatorias para el acceso y ejercicio de cargos electivos, como es la exigencia de renuncia tres meses antes del día de la elección para uno y no para otros”.
Ante a esa decisión, el investigador jurídico Franz Rafael Barrios afirmó que los magistrados del TCP usurparon funciones, al “reformar”, de forma virtual, el texto constitucional, “derogando” un requisito para acceder al servicio público.
“Quienes creyendo que por una apócrifa sentencia ya no tuvieran que renunciar tres meses antes como manda el artículo 238 de la Constitución, volvieran a postular y se hicieran reelegir en el mismo cargo, en realidad incurrirán en el delito de prolongación de funciones”, explicó Barrios.
Arturo Murillo, senador de la oposición, dijo que el principio universal es que todos somos iguales ante la ley y la Constitución, por ello todas las autoridades elegidas, que estén en funciones y que buscan habilitarse como candidatos, “deberían renunciar” para que no haya un uso abusivo de los bienes y recursos del Estado, como ocurre con Morales.
“Pero queda claro que la resolución que saca el TCP favorece a dos personas: Evo y Álvaro. Ellos deberían renunciar, porque son quienes hacen un uso abusivo de los bienes y recursos del Estado”, dijo Murillo, quien expresó que “los magistrados son serviles al poder”.
Tras el fallo del TCP, los candidatos que “dejan en la congeladora” sus cartas de renuncia son el gobernador Félix Patzi, candidato de Movimiento Tercer Sistema; Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez, binomio de la agrupación Bolivia Dice No.
En criterio del diputado Wilson Santamaría, la decisión del TCP fue “salvar un derecho de igualdad”, pero beneficiando al MAS”, porque “el TCP cambia lo que quiere”.
Para el oficialista Gustavo Torrico la oposición no tiene más argumentos para cuestionar la “inconstitucionalidad” del binomio del MAS, porque con el fallo del TCP se consolida la aplicación del artículo 23 del Pacto de San José y ahora ninguna autoridad puede ser discriminada en el ejercicio de sus derechos políticos, reportó ANF.
Al respecto, Santamaría dijo que “nunca se va a comparar un derecho legítimo con la habilitación de Morales, porque hay un referendo de por medio”, pues en el 21F el 51,3% rechazó la reelección.
Por otro lado, el diputado Édgar Montaño (MAS) señaló que no existe razón para responsabilizar al masismo, porque la acción de inconstitucionalidad abstracta fue planteada por sus colegas de oposición Norma Piérola y Andrés Gallardo Ibarra. Además que el TCP “sólo hizo prevalecer los derechos políticos de los ciudadanos”.
Punto de vista
Iván arias Analista político
Sentencia del TCP constitucionaliza el robo al Estado
La Constitución de 2009 introduce la reelección del Presidente y Vicepresidente por una sola vez y ratifica la obligación de renunciar 90 días antes para todos los funcionarios públicos, menos para el Presidente y el Vicepresidente.
Ese hecho a todas luces abría las puertas para que los recursos públicos que pertenecen a todos los bolivianos sean usados y malgastados en favor de un partido político y de una candidatura.
La Sentencia Constitucional 032/2019, de 9 de julio, en vez de cuidar el bien común y exigir que el Presidente y Vicepresidente deban también renunciar 90 días antes, más bien establece, desde ahora, que usen y abusen de los recursos públicos para sus campañas todos los funcionarios públicos.
La sentencia del TCP amplía y constitucionaliza el asalto y robo al Estado de quienes quieren eternizarse en el poder.
La sentencia, una vez más, declara inconstitucional la Constitución. La primera vez fue para habilitar a Evo-Alvaro. Es una vergüenza que el TCP, cuya función es resguardar la CPE, se haya convertido en su degollador y descuartizador.
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