El ministro advierte que quienes figuran en la lista de un supuesto gabinete deben aclarar su participación
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sostuvo que el economista y precandidato Jaime Dunn deberá ser convocado a declarar, luego de que su nombre apareciera en el documental oficial “¿Qué pasó el 26J?”, presentado por el Gobierno y que relata los hechos en torno al intento de golpe de Estado fallido en junio de 2024.
“Lo único que encontramos en el documental es que, en una de las listas de nombres de posibles personas que iban a ocupar cargos en un eventual gabinete, el nombre de esta persona (Dunn) figuraba como titular del Banco Central. Esas personas tendrán que declarar si sabían o no que sus nombres aparecían como posibles autoridades de este gobierno que pretendía constituirse mediante la fuerza”, declaró Del Castillo.
Un supuesto “gabinete civil”
El material audiovisual, divulgado la noche del jueves, vincula a economistas, juristas y analistas políticos con un supuesto “gabinete civil” que habría acompañado al excomandante Juan José Zúñiga, señalado como el principal impulsor de la fallida toma militar de Plaza Murillo.
Según el documental, este gabinete lo conformaban:
- Gonzalo Chávez (Finanzas y Economía)
- Jhosua Bellot (Planificación del Desarrollo)
- Paul Coca (Obras Públicas)
- José Luis Álvarez (Educación)
- Armin Lluta y César Gonzáles (Desarrollo Productivo)
- Jorge Valda y Ana María Morales (Justicia)
- Jaime Dunn (Banco Central)
Dunn niega acusaciones
El economista Jaime Dunn rechazó públicamente la versión del Gobierno, negando cualquier implicación. A pesar de ello, Del Castillo enfatizó que será el Ministerio Público quien determine si corresponde una citación formal.
“Hemos recogido la información correspondiente durante cerca de 10 meses de trabajo. No lo va a determinar el Ministerio, lo definirán los fiscales asignados al caso”, remarcó.
Hasta ahora, el documental ha provocado una ola de reacciones. El abogado Jorge Valda fue aprehendido por la Policía y otros aludidos, como Lluta, Bellot y Morales, han rechazado los señalamientos, denunciando una persecución política orquestada desde el Gobierno.