40 % de hechos criminales son violencia intrafamiliar
“Un tema en el que tenemos un déficit muy marcado es el tema de la violencia (…) 40 % de los hechos de criminalidad tienen que ver con violencia intrafamiliar o doméstica”, fueron las expresiones del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien admitió falta de resultados de las políticas sociales respecto a la equidad de género.
Indicadores referidos por la autoridad, Bolivia registra un preocupante tercer lugar en la región respecto de hechos de violencia de género, a pesar una amplia normativa de más de 30 leyes orientadas a garantizar los derechos de las mujeres.
“En 2018 se tuvo más de 37.000 casos de violencia denunciados ante los organismos policiales, de los cuales 32.058 corresponden a violencia intrafamiliar o doméstica y 4.645 casos a delitos sexuales”, refirió el Ministro de Gobierno tras lamentar que en Bolivia se registran dos femicidios por cada 100 mil habitantes.
La cifra de feminicidios en el país es muy alta y “alarmante”, puesto que estos indicadores tienden a aumentar, lo que evidencia la mayor tasa de feminicidios luego de Colombia y Brasil, que registran 2,9 feminicidios por cada 100.000 habitantes y 2,8 feminicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente, Bolivia se ubica en el tercer lugar en Sudamérica y registra 555 muertes de mujeres en los últimos seis años.
Con relación a los delitos sexuales, los indicadores revelados por Romero dan cuenta que los hechos de abuso sexual suman 1.549, violación 1.370, violación de infante, niños, niñas y adolescentes 991 y el delito de estupro 735 casos. “Son cifras muy elevada en materia de violencia contra las mujeres”, remarcó.
“Lamentablemente, para una buena parte de las mujeres, el hogar, su propio domicilio es el lugar más inseguro. Los delitos sexuales tienen una cifra muy alta y las violaciones se producen en un 82 % en el ámbito de la familia”, señala el registro difundido por el Ministro de Gobierno.
Admitiendo, Romero, que se trata de un complejo problema social estructural del país, señaló que se requiere de un gran despliegue de estrategias fortaleciendo también mecanismos preventivos, entre estos los intrínsecos al sistema de la educación escolarizada.
NUEVAS LEYES
Según anunció el ministro Romero, la reunión de gabinete ministerial prevista para el miércoles aprobará nueva normas legales orientadas a fortalecer a la población femenina, profundizar las estrategias de despatriarcalización y avanzar hacia el establecimiento de relaciones horizontales entre varones y mujeres en las relaciones de poder.
Una de las medidas anunciadas tiene que ver con una nueva ley respecto a la igualdad salarial entre varones y mujeres, mejoramiento de la estabilidad laboral.
Las estrategias de fortalecimiento de las políticas públicas de protección a las mujeres y población más vulnerable plantean también profundizar esfuerzos para la atención oportuna y eficiente.
“La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) es una instancia que será potencializada. Va a poner en consideración el gabinete del próximo miércoles un proyecto que va a permitir especializar cuadros de varones y mujeres en el tema de violencia contra las mujeres con estabilidad en sus tareas institucionales”, anunció.
SISTEMA DE ALERTA
De acuerdo con lo anunciado, los mecanismos preventivos contarán con una aplicación de alerta en celulares con georeferenciación que permitirá ubicar con prontitud y exactitud donde estuviere ocurriendo un hecho de violencia contra las mujeres.
“En tiempo real desde un celular a través de un celular va a permitir activar una alarma hasta centro de monitoreo de la Policía y se va poder establecer desde dónde se está enviando la señal, el número y registro del celular”, explicó.
CARGA PROCESAL
Otra de las debilidades en el tratamiento legal de las denuncias contra hechos de violencia contra las mujeres tiene que ver la insuficiencia de la estructura en la administración de justicia donde actualmente 24 juzgados destinados a hechos de corrupción pública también deben encargarse estos procesos que significan una fuerte carga procesal.
“Estos juzgados deben atender el 40 % de los hechos de criminalidad denunciados en el país. No puede ser que solo 24 juzgados que, además de sustanciar procesos de transparencia y acciones contra la corrupción pública, sean los encargados de sustanciar los casos de violencia contra las mujeres”, refirió la autoridad al anunciar un plan de reingeniería jurídica en este ámbito.
El Diario