Gobierno y empresarios acuerdan no aplicar la disposición «confiscatoria» del PGE
La medida quedará suspendida hasta que se reglamente y se alcancen acuerdos sobre especulación y seguridad jurídica
Martes, 11 de febrero de 2025 (FmBolivia).- Luego del paro multisectorial, el Gobierno y la Confederación de Empresarios se reunieron este martes y acordaron que no se aplicará por ahora la polémica disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), mientras se desarrolla el diálogo para su reglamentación. Esta norma, que permite el decomiso de alimentos considerados con precios irregularmente altos, había generado rechazo en el sector privado, que la calificó como «confiscatoria» y una amenaza a la seguridad jurídica.
“Hemos acordado que la disposición séptima no se va a aplicar, en tanto el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo en metodologías, normas o cualquier otra forma de solución al tema de especulación, contrabando ilegal, exportaciones ilegales, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada”, declaró Giovanni Ortuño, presidente de la Confederación de Empresarios.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Rural, Juan Yamil Flores, ratificó que la disposición no será aplicada mientras no se elabore el reglamento respectivo. “Nosotros queremos que el sector privado también tenga la certeza de que nosotros no estamos en contra de los intereses, a nosotros nos interesa producir, nos interesa exportar”, afirmó el ministro, destacando que no hay razones para generar susceptibilidades o tensiones mientras no exista una normativa clara.
El sector privado reiteró su rechazo a la disposición séptima, argumentando que esta podría prestarse a prácticas de extorsión o arbitrariedades en su aplicación. Sin embargo, durante la reunión se estableció que el Órgano Ejecutivo no es el ámbito adecuado para solicitar la derogación de la norma, ya que esta competencia corresponde a la Asamblea Legislativa.
Además, se acordó trabajar en un cronograma para alcanzar mayores consensos sobre temas sensibles como la especulación, el contrabando, las exportaciones ilegales y la protección de la propiedad privada. El ministro Flores subrayó que no existe razón para «calentar el ambiente», ya que la disposición no puede ser ejecutada sin una reglamentación previa.
El acuerdo entre el Gobierno y los empresarios representa un avance significativo después de días de tensión marcados por el paro multisectorial. Los empresarios habían exigido inicialmente la derogación total de la disposición, pero aceptaron sentarse a dialogar para encontrar soluciones conjuntas.
Mientras tanto, ambas partes han mostrado disposición para continuar trabajando en un marco de entendimiento mutuo. El ministro Flores aseguró que el objetivo del Gobierno no es confrontar con el sector productivo, sino garantizar abastecimiento, combatir prácticas ilegales y proteger a los consumidores sin afectar los intereses legítimos de los empresarios.
Este acuerdo preliminar busca reducir las tensiones y abrir un espacio de colaboración para resolver los desafíos relacionados con la economía y el mercado interno. Sin embargo, queda pendiente la elaboración del reglamento y el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes, lo que determinará si se logra consolidar una solución definitiva al conflicto.