Víctimas de ‘febrero negro’ recuerdan que Mesa les negó apoyo para su curación
Víctimas de ‘febrero negro de 2003’ manifestaron el lunes que Carlos Mesa, el entonces vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, les negó ayuda para curar las heridas que sufrieron durante la represión militar contra el pueblo boliviano que se opuso a un ‘impuestazo’ a los salarios.
«Mi esposa a peregrinado en busca de ayuda, porque no sabíamos quién iba a pagar el hospital, mis curaciones. Se ha tenido que deshacerse de todo lo que teníamos (…). También hemos venido a pedirle ayuda a Carlos Mesa, pero igual nos ha cerrado las puertas», declaró Julio Poma.
Poma narró que recibió un disparo de arma de fuego cuando transitaba entre las calles Mercado y Ayacucho de la sede de Gobierno; luego apareció en el hospital, donde le dijeron que tenía que perder el pulmón izquierdo producto de una infección.
El 11 de febrero de 2003, un motín policial y movilización popular terminó con 36 fallecidos, entre policías, militares, vecinos y estudiantes, además de más de 200 heridos.
El entonces bombero voluntario de la Unidad Antofagasta de La Paz, Daniel Manrique Villagómez, que recibió un impacto de bala en el rostro, relató que fue un francotirador el que le ocasionó la herida cuando estaba en la esquina Indaburo y Plaza Murillo ayudando a víctimas del enfrentamiento entre policías y militares.
«Perdí el globo ocular, perdí la audición, maxilar superior, parte del inferior, tengo una cirugía reconstructiva, tengo 10 impactos de escopeta en el pecho y 21 en el antebrazo, tenían que amputarme y las lesiones y dolores son constantes desde ese día», detalló.
Por su parte, Alicia Cruz Huayta describió que perdió a su esposo en circunstancias en que se encontraba cerca de una enfermera, que también murió al ayudar a heridos.
«Para mí es muy difícil tener que recordar esos hechos. Mi marido estaba trabajando, no era parte de ninguna marcha, lo han confundido y le han disparado», contó en medio de lágrimas.
En febrero de 2003, Sánchez de Lozada y Mesa, intentaron implantar un «impuestazo» destinado a cubrir el déficit fiscal de 8,9 puntos del Producto Interno Bruto.
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