La crisis estructural del sistema judicial boliviano preocupa a la Federación Interamericana de Abogados
- La institución aboga por reformas profundas para garantizar la independencia judicial y evitar la cooptación política de las magistraturas.
La Federación Interamericana de Abogados, comprometida con la defensa del Estado de Derecho en el continente, expresó su profunda preocupación ante la crisis estructural que atraviesa el sistema judicial boliviano. Este problema, agudizado durante los últimos 18 años, tiene como principal causa la elección popular de magistrados y consejeros del Consejo de la Magistratura, un mecanismo que ha derivado en la subordinación de la justicia al poder político y económico.
Según la Federación, la designación de magistrados por afinidad política e ideológica ha minado la independencia del sistema judicial. En las dos elecciones realizadas bajo este sistema, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante, seleccionó candidatos que recibieron una abrumadora desaprobación ciudadana reflejada en votos nulos y blancos. Sin embargo, se impuso a juristas que, en algunos casos, obtuvieron menos del 15% de los votos válidos. Esta práctica, replicada en la designación de jueces departamentales y de instancia, ha llevado al sistema judicial boliviano a una situación de colapso.
La crisis se agrava por las divisiones internas dentro del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS). Estas fracturas políticas han obstaculizado los procesos de selección y elección judicial, con la intervención de la jurisdicción constitucional que, mediante la Declaración Constitucional 0049/2023, prorrogó el mandato de las autoridades judiciales sin plazo definido, contraviniendo la Constitución Política del Estado.
Frente a este panorama, Bolivia se prepara para unas elecciones judiciales parciales en las que los ciudadanos tienen dos opciones críticas. Por un lado, la abstención o el voto nulo podría permitir que el MAS movilice a su militancia y asegure la continuidad del control político sobre la justicia. Por otro, votar por candidatos que cumplan con los mínimos estándares podría frenar, aunque parcialmente, esta cooptación.
No obstante, la Federación advierte que estas elecciones no resolverán la crisis judicial. La solución requiere una reforma integral, que incluya modificaciones constitucionales, legislativas, y transformaciones institucionales y académicas. Este desafío demanda un acuerdo nacional que trascienda intereses partidarios y políticos, devolviendo la independencia a un sistema judicial que hoy se encuentra en estado crítico.
Bolivia enfrenta un momento decisivo para su justicia y su democracia. La sociedad deberá reflexionar profundamente sobre el rol que juega en este proceso y la importancia de exigir un sistema judicial transparente, independiente y verdaderamente al servicio del pueblo.