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Procuraduría General del Estado buscará revertir fallos judiciales favorables a Jeanine Añez en casos Senkata y Sacaba

  • La PGE considera que las decisiones de los tribunales desafían sentencias previas y vulneran la memoria de las víctimas de las masacres.

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha anunciado su intención de recurrir a todas las herramientas legales a su alcance con el fin de revertir las recientes decisiones judiciales que favorecieron a la expresidenta Jeanine Añez en los casos relacionados con las masacres de Senkata y Sacaba.

Este pronunciamiento surge tras la decisión de tribunales en El Alto y Sacaba de declinar su competencia para enjuiciar a Añez en la vía ordinaria, argumentando que, en calidad de expresidenta, le correspondería un juicio de privilegio.

La PGE expresó su firme desacuerdo con estas resoluciones y argumentó que «desafían sentencias inapelables y vinculantes de la justicia constitucional y ordinaria, irrespetando así la memoria de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba».

De acuerdo con la PGE, los jueces que tomaron estas decisiones a favor de Añez pasaron por alto la Sentencia Constitucional Plurinacional (TCP) 0052/2021, la cual establece que Jeanine Añez infringió la Constitución Política del Estado al autoproclamarse presidenta en 2019.

En este contexto, tanto la Fiscalía como los acusadores mantienen la posición de que Añez debe ser enjuiciada en la vía ordinaria debido a que su asunción presidencial se considera inconstitucional. Sin embargo, los tribunales argumentaron que le correspondería un juicio de responsabilidades, basándose en aspectos como el reconocimiento por parte de todos los órganos del Estado durante su mandato. También citaron el precedente de que Luis García Meza, un gobernante de facto, fue sometido a un juicio de privilegio en el pasado.

La PGE recordó su participación en los casos Senkata y Sacaba y reiteró su compromiso de utilizar todos los medios legales a su disposición para revertir las decisiones judiciales que considera amenazan el derecho fundamental a una justicia íntegra, independiente y transparente.

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