Wilfredo Chávez presenta Amparo Constitucional en caso de adjudicación de doble vía Sucre-Yamparáez
- Chávez busca revocar el archivo del proceso penal por presuntas irregularidades en la adjudicación
El exprocurador General del Estado, Wilfredo Chávez dio a conocer que había presentado un Amparo Constitucional con el objetivo de revertir la controvertida decisión de la Fiscalía de archivar el proceso penal que implicaba a 12 personas en presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez. Este caso, que involucra a exfuncionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ha sido objeto de controversia y debate público en los últimos meses.
Chávez, quien es conocido por su afiliación al ala «evista» del espectro político boliviano, detalló que el recurso legal se encontraba en fase de revisión y que aún estaba pendiente la notificación de su admisión. Sin embargo, su abrupta sustitución por César Siles dejó la responsabilidad de dar seguimiento al caso en manos de la nueva autoridad.
El corazón de la denuncia gira en torno a la alegada recepción de un soborno millonario por parte de funcionarios de la ABC a cambio de favorecer a la Empresa China Harbour Engineering en la adjudicación de la estratégica carretera en cuestión. Chávez argumentó que existen elementos suficientes para justificar la revocación de la decisión de archivo, y destacó que varias instituciones, incluyendo el Viceministerio de Transparencia y la propia ABC, habían señalado en su momento indicios de irregularidades en el proceso.
A principios de julio, la Fiscalía de Chuquisaca emitió una resolución jerárquica que desestimó las impugnaciones y ratificó el sobreseimiento en el caso de presuntas coimas en la ABC. Esta denuncia inicial fue presentada por el diputado Héctor Arce, perteneciente al Movimiento Al Socialismo (MAS).
La resolución, fechada el 30 de junio, establece la ratificación del sobreseimiento de los imputados y «la conclusión del proceso, debiendo procederse a la cesación de toda medida cautelar dispuesta en su contra, así como la cancelación de sus antecedentes penales respecto a la presente causa». Este último desarrollo ha generado una nueva ola de controversia en el país, con distintos sectores de la sociedad observando de cerca el futuro del caso y su posible influencia en el panorama político boliviano.