La tortura en Bolivia está naturalizada

Los más de 140 presos políticos fueron torturados al momento de su aprehensión y los que se encuentran con detención preventiva continúan siendo agredidos, por lo que este ilícito y la violación a los derechos humanos, por medio de juicios políticos, esta naturalizado en el país, manifestó a EL DIARIO el abogado Jorge Valda.

“Es necesario que los abogados que patrocinan y asesoran a los presos políticos denuncien a los jueces, fiscales, a los perseguidores, no solamente ante instancias nacionales sino internacionales. Todos pueden ser condenados si la justicia continúa actuando en secreto, no permitamos que se sigan llevando audiencias secretas. No permitamos que los jueces, al momento de dictar sus resoluciones, mantengan sus cámaras apagadas, exijamos como abogados que todos los fiscales, acusadores den la cara”, apuntó.

COCHABAMBA

Valda recordó que en julio de 2021, uno de los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Antonio “Tonchy” Bascopé, fue secuestrado tras ser liberado del penal de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra. En la oportunidad el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, aclaró que fue detenido nuevamente y trasladado a Sucre.

“Salió en libertad, pero nuevamente fue aprehendido en cumplimiento a un mandamiento de los fiscales en Chuquisaca, no existió ningún secuestro, sino el cumplimiento fiel de lo que manda la Constitución”, dijo Cox en la oportunidad.

Sin embargo, Yessenia Rodríguez, la esposa del líder de la RJC, tras denunciar que fue subido por la fuerza a una camioneta negra por cuatro policías, con rumbo desconocido, aseguró que sufrió tortura.

“Mi esposo me llamó, está en Sucre. Lo han torturado de la peor manera. Él tiene una hernia y no puede caminar”, lamentó.

Dijo también que tuvo que ser internado en un centro médico cuando iba a ser sometido a una audiencia para presentar su declaración informativa ante el Ministerio Público.

Bascopé está acusado por los destrozos en la Fiscalía General del Estado de Sucre, el 6 de octubre de 2020, cuando un grupo de manifestantes pedían la renuncia de Juan Lanchipa.

En agosto de 2021, otra de las líderes de la RJC, Milena Soto, fue aprehendida en un operativo policial que fue filmado en la ciudad de Cochabamba.

En el video difundido en redes sociales, se ve que una mujer policía intentó enmanillar a Soto, quien posteriormente fue subida a un minibús de marca King Long sin placa.

Soto ya había denunciado en julio que había sido víctima de un intento de secuestro, en el cual recibió golpes e insultos.

Asimismo, la madre del líder de la RJC, Yassir Molina, en octubre de 2021, responsabilizó al Gobierno nacional de organizar la protesta en una cárcel potosina, así como sucedió anteriormente en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en La Paz, en contra de la expresidenta Jeanine Añez.

“La vida de Yassir corre peligro y si no lo sacan de Cantumarca (penal de Potosí), en este momento, responsabilizo al Gobierno, al Régimen Penitenciario y al señor (Nelson) Cox. Es intolerable tanta tortura”, señaló la madre de Molina en un video publicado en las redes sociales.

JEANINE AÑEZ

Valda recordó también que la expresidenta Jeanine Añez fue torturada al momento de su aprehensión en horas de la madrugada del 13 de abril de 2021, por personal encapuchado, y continúa con la tortura mientras permanece detenida.

El 12 de agosto de 2021, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, exigió que se termine con la vulneración de derechos a la dignidad y salud que, en su criterio, está sufriendo la expresidenta Jeanine Añez con su detención por el denominado caso “golpe de Estado”.

Mesa se pronunció después de que Añez, encarcelada desde marzo de 2021, fue llevada a un chequeo médico a un hospital donde se le ratificó el diagnóstico de hipertensión y síndrome ansioso-depresivo.

La defensa de la exmandataria denunció que no se hicieron todos los estudios que se debían realizar, mientras que Régimen Penitenciario pretendía que las pruebas laboratoriales se tomen en la misma cárcel.
El expresidente sostuvo que Añez está detenida ilegalmente por un “golpe de Estado inexistente e inventado para blanquear el gigantesco fraude perpetrado por Evo Morales”, pero además es tratada como si fuera alguien condenado con sentencia ejecutoriada.

“Los derechos inalienables e imprescriptibles a garantizar su dignidad, proteger su salud (su evidente deterioro de salud es tratado de modo puramente formal, sin dar lugar a una hospitalización cuando menos preventiva), a no ser sometida a torturas ni tratos inhumanos, presumir su inocencia y guardar el respeto a su condición de mujer, exmandataria y exrepresentante de su departamento, han sido vulnerados y no le asiste ninguna protección de quienes tienen mandato y compromiso de velar por su cumplimiento”, señaló Mesa mediante un texto publicado en su blog.

POTOSÍ

Valda que también asesora a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia (Apdhb), recordó que en diciembre de 2021, varios contingentes policiales de al menos seis departamentos del país, se trasladaron hasta Potosí donde irrumpieron oficinas del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

En la oportunidad se denunció la desaparición del exlíder cívico Marco Antonio Pumari. Medios oficialistas reportaron que fue detenido por la quema de Tribunal Electoral Departamental de Potosí en 2019 y sería llevado hasta la ciudad de La Paz.

Según la denuncia, el vehículo de Pumari fue encontrado en una de las vías de Potosí con las puertas abiertas y con las llaves dentro.

“Rechazamos enérgicamente la intervención policial a Potosí y el apresamiento de Marco Pumari. Con este acto, el gobierno de Luis Arce da un paso propio de las peores dictaduras de antes”, escribió el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho tras conocerse la posible detención de Pumari.

“Es un día nefasto para la democracia y debemos tomarlo como el punto de quiebre para impulsar acciones de resistencia cívica y ciudadana. No dejaremos que se impongan en nuestra patria los métodos cubano chavistas”, agregó Camacho.

En el operativo policial, los efectivos del orden dijeron que había órdenes de aprehensión contra los líderes cívicos quienes se declararon en la clandestinidad.

“El exlíder cívico Maco Pumari fue torturado, la familia de Juan Carlos Manuel fue torturada, el hermano de Ramir Subía fue torturado”, recordó Valda.

ADEPCOCA

Asimismo el jurista recordó que el 9 de agosto de 2022, sin mostrar ninguna orden judicial de allanamiento y con excesiva violencia, efectivos policiales ingresaron a viviendas de Villa El Carmen, donde detuvieron a cultivadores de coca de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca).

Al momento de la detención se evidenció que los mismos fueron golpeados y enmanillados. En la oportunidad, el coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistevan, dijo a EL DIARIO que ese tipo de hechos se da solo en gobiernos dictatoriales.

¡Subí m…subí! y enseguida golpes en la espalda de un productor de hoja de coca al momento que era ingresado en un vehículo. De fondo se escucha una orden que dice: “enmaníllenlos de una vez, lo quiero ver enmanillados”, de acuerdo a una transmisión en vivo que hizo el periodista Nicolás Sanabria Garrón a través de su página de Facebook.

Las imágenes evidencian que los cocaleros eran sacados de una vivienda particular en medio de abuso policial. ¡Quieto m…! era lo que repetía un policía mientras golpeaba al productor.

“Han ingresado a propiedad privada, yo me estaba cocinando, han entrado destrozando todo, a mis hijitos tuve que sacar”, dijo la propietaria de la vivienda llorando de impotencia mientras mostraba al periodista los destrozos y los cartuchos de los gases lacrimógenos que fueron lanzados a su hogar.

En el patio de la casa se observaba la ropa dispersada de los cocaleros que fueron sacados a rastras por los policías.

“Un policía le ha metido dinamita a un cocalero, para hacer pensar que ellos tenían dinamita, cómo van a ser así los policías, porque no van a las fronteras”, dijo una adulta mayor exigiendo al Gobierno solución al problema y que los cocaleros sean sacados de su zona que los últimos días se convirtió en un campo de batalla por los enfrentamientos.

“Ha entrado la fuerza pública de manera ilegal y arbitraria a domicilios particulares donde habían personas que integran Adepcoca. Ellos han salido del campo a la ciudad y tiene que descansar, por eso ellos estaba en su recinto de descanso, no estaban en actos callejeros, no los encontraron con armas de fuego ni explosivos, ellos estaban haciendo uso de su descanso particular y fueron detenidos de manera ilegal, esto demuestra el uso excesivo de la fuerza, atropello a la privacidad de las personas, solo se da en gobiernos dictatoriales”, advirtió Jorge Santistevan.

Asimismo, en septiembre pasado, el abogado de Adepcoca y la hermana de César Apaza, denunciaron que el dirigente sufrió torturas físicas al momento de su aprehensión y encierro por parte de la Policía.
La aprehensión se produjo en horas de la madrugada del jueves 22 de septiembre, en la zona Villa Fátima, donde está la sede de Adepcoca.

La dirigente Rosalba Vargas consideró que fue secuestrado, porque no se puede decir que eran policías, sino parecían sicarios los agentes que se llevaron a Apaza.

Dijo que el dirigente fue arrastrado del pie, torturado y que los agentes lanzaron gas durante el operativo, afectando a las mujeres que estaban en el lugar. Mostró la zapatilla de Apaza como muestra de la forma en que fue capturado el dirigente, dejando incluso el calzado.

Según la hermana, los policías intentaron forzar a que Apaza firme documentación, aparentemente de su detención, pero al negarse fue golpeado. Dijo que le pisaron el brazo y ahora lo tiene afectado.

Según el certificado médico forense, Apaza, tenía cuatro días de impedimento por las agresiones.

“Contusiones simples tipo equimosis en tórax, abdomen y pierna izquierda, contusión simple tipo excoriación en cara y contusión simple tipo edema en mano derecha. (…) Por tanto se otorga cuatro días de incapacidad médico legal”, dice la conclusión del Certificado Médico Legal – Forense del Instituto de Investigaciones Forenses.

“Los dirigentes de Adepcoca que ahora han sido detenidos, Freddy Machicado, César Apaza, Gudelia Botitano fue torturada, Omar Pino, Raúl Uría, fue torturado al momento de su detención y está siendo torturado en detención”, dijo Valda.

LA PAZ

Jorge Valda denunció que hubo infiltrados en la marcha que convocó el sector médico, en julio de 2022.
Según el jurista, los infiltrados serían cuatro personas de las Fuerzas Armadas, tres subtenientes de infantería y un sargento del Ejército boliviano, que fueron liberados.

“A ellos (los cuatro militares) los liberan porque había un contubernio, y en ese contubernio está incluida Inteligencia de las Fuerzas Armadas, porque los cuatro son tenientes del Ejército boliviano”, dijo Valda quien mostró en la audiencia los verdaderos nombres de esas cuatro personas y los registros de la Contraloría General del Estado, en el que constan sus declaraciones juradas de bienes, como funcionarios del Ejército.

“Son cuatro militares que fueron liberados sin que les pida huellas digitales, fotografías y números de carnet”, añadió el abogado.

Los jóvenes fueron enviados con detención preventiva, por tres meses. En la oportunidad Valda aclaró que no había argumentos jurídicos para el extremo, pero que un “juez del horror”, arrebatándoles sus derechos y sus garantías constitucionales, ejecutó un “guion armado y un montaje procesal”.

Los tres procesados fueron detenidos el jueves 21 de julio durante la movilización del Colegio Médico y otros sectores que pidieron que pare la persecución política y también con el sistema judicial. Junto a ellos fueron arrestadas otras cinco personas (presuntamente infiltrados), quienes fueron liberadas tras ocho horas.

SANTA CRUZ

El pasado 8 de agosto cuatro jóvenes fueron aprehendidos en cercanías del Plan 3000 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En esa ocasión, varios ciudadanos cumplían un paro cívico de 48 horas en contra de la postergación del censo.

En esa protesta, los jóvenes fueron detenidos y son investigados por portación ilícita, asociación delictuosa y delitos contra oficiales policiales.

A su paso, estos sectores fueron frenados por grupos de choque del Movimiento al Socialismo (MAS) que también portaban petardos, piedras, huevos y hasta tomates, incluso palos. No obstante, la Policía no detuvo a ninguno de estos sectores.

“Los cuatro jóvenes fueron detenidos en el plan 3.000, uno de ellos encarcelado, todos ellos fueron torturados”, dijo Valda.

En la oportunidad, la defensora de Derechos Humanos, Guadalupe Cárdenas, anunció que se iniciará un proceso contra el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, a quien apuntó como responsable de haber infiltrado a militares en las marchas de la resistencia al Gobierno.

Cárdenas dijo que se tiene información sobre la presencia de miembros del Estado Mayor del Ejército en el paro cívico de Santa Cruz, con el objetivo de generar conflictos para luego culpar y procesar a las instancias cívicas.

Esta sería la segunda vez en que militares de civil son dispuestos dentro de las manifestaciones que resisten a las políticas del régimen del MAS.

“Policías, militares, miembros del Gobierno transitorio están siendo torturados. El gobierno de Evo Morales asesinó a tres ciudadanos para armar el caso terrorismo, más de 40 personas fueron detenidas, la mayoría torturadas. Más de 100 personas fueron perseguidas a título de terrorismo.

Marco Antonio Aramayo, denunciante del Fondo Indígena fue torturado hasta morir, en marzo pasado. Los más de 140 presos políticos están siendo torturados, tenemos muertos, torturados y heridos que son bolivianos y están siendo tratados como si fueran enemigos”, advirtió Valda.

Fuente: El Diario.

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