El irrespeto al voto y otras 4 acciones del MAS que socavan la democracia

Hace 39 años, el 10 de octubre de 1982, el “hombre de abril”, Hernán Siles Suazo, recibía la banda presidencial del general Guido Vildoso e inauguraba así el retorno de la democracia tras una larga lucha, elecciones fallidas y varios golpes previos.

Hoy, Bolivia arriba a esa fecha después de la crisis que se desató en 2019, a raíz de las fallidas elecciones de ese año y de la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Lo hace, además, después de un gobierno de transición de casi un año y del retorno del MAS al poder; un regreso que, no obstante, no está exento de cuestionamientos. Expertos identifican al menos cinco acciones o medidas de ese partido que socavan la democracia.

“El 2021 nos encuentra en una situación de crisis del sistema político, crisis de la institucionalidad democrática y crisis de referentes en la propia sociedad civil”, sostiene Marco Mendoza, jurista y defensor de derechos humanos.

Mientras que el constitucionalista José Luis Santisteban indica que “la base de la institucionalidad democrática al cumplir 39 años ha sido socavada”. “Es decir, hay un cimiento que está por derrumbarse”, asegura.

Además de Santisteban y Mendoza, la socióloga Gloria Ardaya y el economista y analista político Carlos Toranzo ponen bajo la lupa al sistema democrático y al rol que está jugando el MAS en el momento político actual.

Del análisis realizado por los expertos se desprende que al menos cinco acciones socavan la democracia: el menoscabo de la independencia de poderes, el irrespeto a la soberanía popular (voto), la construcción de una cuestionada estructura jurídica para la hegemonía, la retórica del “golpe” y establecimiento de mecanismos de control político en las fuerzas de seguridad.

“Arce y su partido, el MAS, no son demócratas. Nunca lo fueron. Usaron a la democracia para llegar al poder y perpetuarse en él. Nunca asumieron que la democracia es incertidumbre, es pluralismo, es la posibilidad de llegar a acuerdos”, expresa Ardaya.

Desde el MAS sostienen que la ruptura democrática se produjo en 2019 y que ahora no está en peligro con el partido azul al mando del Estado, pero aseguran que “grupos de poder” la ponen en riesgo con medidas como el próximo paro, programado para mañana.

Los órganos del Estado

El artículo 12 de la Constitución Política del Estado (CPE), puesta en vigencia en 2009, establece que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. Además, señala que la organización del Estado está fundamentada en la coordinación, cooperación, independencia y separación de estos órganos.

No obstante, Mendoza indica que en la actualidad no hay una relación armónica ni simétrica entre los cuatro órganos, sino que hay una imposición de uno de ellos respecto a los demás. “Hay una imposición y un manejo desde el Ejecutivo, y un sometimiento voluntario desde los tres órganos. Y si a este sometimiento se suma la subordinación y el sometimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Entonces, la lectura del momento actual no puede ser otra que la situación en la que nos encontramos: al borde del precipicio”, afirmó.

Toranzo señala que “poco a poco se ha ido perdiendo el Estado de Derecho, la independencia de poderes y el debido proceso”, y que con Arce en el poder “han desparecido los check and balances, y el Legislativo y el Judicial están absorbidos por el Órgano Ejecutivo”.

El voto, el soberano

Una de las formas en las que la democracia se ejerce, según el artículo 11 de la CPE, es a través del “voto universal”, el cual, además, es un derecho político que se ejerce a partir de los 18 años cumplidos. Esto de acuerdo al artículo 26 del texto constitucional.

Sin embargo, se identifican al menos tres hechos que dejan entrever el irrespeto al voto: 1) El recurso que interpuso el MAS ante TCP, en 2017, para habilitar a Evo Morales para ser candidato, pese a que en el referendo del 21 de febrero de 2016 el 51,3% dijo “no” a la reelección; 2) La elección fallida del 20 de octubre de 2019, en la que la auditoría de la OEA, realizada a invitación del entonces gobierno de Morales, detectó manipulación dolosa a nivel de las actas y a nivel del procesamiento de los resultados; y 3) la activación o reactivación de procesos en contra de autoridades opositoras elegidas por voto en las subnacionales, como el alcalde de La Paz, Iván Arias; el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori.

“El voto popular, la soberanía del pueblo, está supeditada al poder político, y no al contrario. O sea, la soberanía del pueblo, que es la máxima expresión de la democracia, está por debajo del poder político, producto de eso es, por ejemplo, el 21F, la crisis de octubre y noviembre de 2019, y por último el fraude electoral”, aseguró el constitucionalista Santisteban, quien agregó que estamos ante un “retroceso” en este ámbito porque si bien el electorado ejerce el derecho al voto, “ese voto no se respeta en la construcción de la institucionalidad del Estado”.

La retórica del “golpe”

Ni bien le impusieron la banda presidencial, el 8 de noviembre de 2020, Luis Arce, en su primer discurso como mandatario, responsabilizó al “gobierno de facto” por haber mutilado la democracia, por haber provocado la crisis en la que se encuentra Bolivia y por haber perseguido a los dirigentes del MAS.

La apelación del partido azul a la retórica del “golpe”, para arremeter contra la oposición, no varió desde entonces. El MAS y el Gobierno la apuntalaron del Estado, y hasta el vicepresidente David Choquehuanca, que había iniciado su mandato con un discurso que fue calificado como concertador, con el tiempo se inclinó hacia esa retórica.

“Ahora, hay un gobierno y un partido autoritario al servicio de una parte, pero no del conjunto de Bolivia. Por ende, prima el interés particular por sobre el nacional. Gobierna una nueva ‘oligarquía’, un nuevo patrimonialismo. Esta élite autoritaria utiliza la idea de la conspiración para perseguir y eliminar toda forma de oposición política y social; la polarización para inventarse y eliminar al ‘enemigo’ e intentar gobernar sin ningún control social y político ni rendición de cuentas”, sostiene Ardaya.

El constitucionalista Santisteban indica que “lo primero que hizo Arce fue hablar de golpe de Estado, solamente para perseguir con un delito inexistente”. Mientras que Toranzo agrega que “la insistencia en la falacia del golpe de Estado, durante el gobierno de Arce, sólo busca habilitar a Morales como próximo candidato”, dado que Arce no tiene un proyecto de país.

Una estructura jurídica

Desde la oposición se denunció que el oficialismo busca poner en marcha un “paquetazo” de normas que apuntan a aumentar la capacidad de control e investigación del Gobierno en actividades privadas. En esa línea, los opositores citan los proyectos de ley: contra las ganancias ilícitas, el que hace referencia a la creación de un servicio público de Derechos Reales, el que se relaciona con el registro de comercio (que remplazará a Fundempresa) y el referido a estadísticas oficiales, entre otros.

“Lo que está haciendo el presidente Luis Arce es seguir construyendo, como lo hizo Evo Morales, una estructura jurídica que le dé algún vicio de legalidad a todos los abusos y atropellos, para decir ‘aquí hay democracia’, ‘hay ley’, ‘…de acuerdo a la ley’. Esos son los proyectos de ley que se rechazan, como el del proyecto contra la legitimación de ganancias ilícitas”, sostuvo el constitucionalista Santisteban.

Precisamente, el proyecto que señala el experto generó tal descontento en sectores de la sociedad civil que el lunes se llevará adelante un paro de actividades. Entre los sectores que se oponen a la puesta en vigencia de esa normativa están los gremiales y evangélicos.

Toranzo sostiene que el proyecto del MAS “es autoritario y cuasi dictatorial”. “El presidente Arce trata de hacer, por delegación de Morales, lo que éste no pudo culminar: pasar del autoritarismo a una situación dictatorial”, asegura.

Control y fuerzas de seguridad

El 16 de agosto, el presidente Arce puso en vigencia la Ley 1387, que dispone que el ministro de Gobierno pase a formar parte del mando policial, por encima del comandante general de la Policía. En septiembre, tres senadoras del MAS presentaron el proyecto de Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas, el cual está en tratamiento en la Cámara Alta.

El constitucionalista Santisteban señala: “El otro elemento es tomar las instituciones medulares del Estado, que nacieron inclusive junto con la República: la Policía y las FFAA. En el caso de la primera se estableció, mediante ley, que el ministro de Gobierno es jefe del estado mayor sin ser de carrera. Es la toma, y para hacer eso tienen que consolidar leyes. Es decir, sigue la construcción de la estructura jurídica”.

Mendoza asegura que en Bolivia podríamos estar en otro momento político, si existiera la voluntad política del MAS, y si al mismo tiempo la oposición hubiese tenido la capacidad de articularse y recoger la demanda ciudadana. “Lamentablemente esto no ha ocurrido. Y lo que tenemos como dato en este momento político es un fuerte tensionamiento y polarización con un adelgazamiento del centro democrático”, indica.

El jurista agrega que se debe apuntar a sentar al MAS en una mesa de diálogo. “Caso contrario, la calle podría exceder las vías para el diálogo democrático, las vías para las soluciones dentro de la institucionalidad democrática”, alerta Mendoza.

Para cerrar, Ardaya realiza un recuento de lo que costó a Bolivia retornar al cause democrático en los 80, y cómo es tan fuerte la incidencia de la democracia en la población que el sistema, pese a todo, se sostiene. “Bolivia tuvo una de las más traumáticas transiciones a la democracia en la región. Es el primer país en intentarlo y fue traumático. Tuvo una larga lucha por conseguirla, además, tres elecciones nacionales y varios golpes de Estado previos a la instauración democrática. El último golpe de Estado fue el 17 de julio de 1980. Y el sistema democrático se sostiene en estos 39 años -el período de vigencia democrática más largo de nuestra historia- por decisión del pueblo, de defender lo conquistado”, asegura.

“Tenemos un largo camino, muchas tareas pendientes para alcanzar la democracia, la que siempre será una utopía por la que lucharemos”, concluye Ardaya.
El presidente Luis Arce juró el 8 de noviembre de 2020.

“Tenemos un largo camino, muchas tareas pendientes para alcanzar la democracia, la que siempre será una utopía por la que lucharemos”.

Gloria Ardaya, socióloga

“A Arce le está faltando calle. Al MAS, olfato. No tiene una correcta lectura de la realidad. Se le está saliendo de las manos la coyuntura”.

Marco Mendoza, jurista

“Arce trata de hacer, por delegación de Morales, lo que éste no pudo culminar: pasar del autoritarismo a una situación dictatorial”.

Carlos Toranzo, analista

1982 es el año
en que Bolivia retornó a la democracia, luego de una larga lucha.

Pagina Siete.