Estudiantes, gremiales, transporte y vecinos padecen por el lío cocalero

Dos unidades educativas, un mercado, negocios particulares, el transporte interprovincial y urbano, y cientos de familias de Villa El Carmen son las más afectadas por el conflicto de los cocaleros de los Yungas y las acciones desmedidas de la Policía, según cuentan los afectados.

“Estamos en medio de una guerra (…) los vecinos, niños, personas adultas y las mascotas están totalmente traumadas”, lamentó ayer el dirigente de Villa El Carmen, Ramiro Martínez.

“Hay dos unidades educativas perjudicadas. El colegio Irene Nava de Castillo ha cerrado y están trabajando vía zoom debido a los conflictos y la Unidad Educativa La Merced también cerró, además del mercado de la zona, las tiendas también cerraron sus puertas e incluso la terminal (Minasa), todos están siendo perjudicados”, describió Martínez a Página Siete.

Desde la Alcaldía de La Paz informaron que además de las unidades educativas, también paralizaron sus actividades centros infantiles por el uso exagerado de gases lacrimógenos por parte de la Policía. La secretaria municipal de educación y desarrollo social, Amparo Morales, informó que Villa El Carmen es parte del Macrodistrito Periférica, donde funcionan 45 unidades educativas en un total de 32 infraestructuras.

“¡Que se vayan!”

Anoche, los vecinos de Villa El Carmen salieron en protesta y denunciaron excesos de la Policía. Acusaron a los efectivos de haber violado propiedad privada al ingresar a algunas viviendas para detener a los cocaleros. Dijeron que fueron gasificados, que les dispararon con balas de paint ball y exigieron el retiro del mercado de Arnold Alanes. “¡Que se vayan!, ¡que se vayan!”, gritaron portando carteles de protesta.

Asimismo, los vecinos de los alrededores del mercado de Adepcoca, en Villa Fátima, fueron gasificados y retenidos por la Policía anoche, cuando los uniformados rodearon el edificio de los cocaleros. La gente protestó por el accionar policial.

Debido al conflicto en Villa El Carmen, el transporte público y el servicio a las provincias no opera con normalidad, según el dirigente del Transporte Libre de La Paz, Limberth Tancara. Los choferes temen por su seguridad y la de sus coches, por ello exigen al Gobierno soluciones.

El dirigente vecinal Martínez denunció también el daño que sufrieron las viviendas por los disparos de gases lacrimógenos y por los cocaleros que hacen estallar cachorros de dinamita.

“Hay vidrios rotos y casas dañadas. Pedimos a las autoridades soluciones. No podemos estar en esta situación cada vez, mucha gente está llevando a sus familias a otras zonas”, insistió Martínez. Los vecinos darán hoy una rueda de prensa a las 10:30.
Página Siete

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