Caso Fondo Indígena: Fiscalía acusa a Nemesia Achacollo, pero juicio lleva 14 meses paralizado en juzgado anticorrupción
El pliego acusatorio fue presentado en mayo de 2024 por un desfalco superior a los 10 millones de bolivianos en 153 proyectos que no se ejecutaron
La Fiscalía Departamental de La Paz denunció este jueves que, pese a haber presentado la acusación formal hace 14 meses contra Nemesia Achacollo y otras 13 personas por el millonario desfalco en el Fondo de Desarrollo Indígena, el juicio no ha podido iniciarse porque el Juzgado Anticorrupción N° 12 retiene el pliego acusatorio desde el 10 de mayo de 2024, sin remitirlo al tribunal de sentencia.
El caso se remonta al año 2015, cuando el entonces director del Fondo, Marco Antonio Aramayo, denunció la malversación de fondos destinados a más de 153 proyectos que nunca se ejecutaron. Aramayo fue encarcelado, enfrentó 216 procesos penales bajo el gobierno de Evo Morales y falleció en abril de 2022, tras haber sufrido 194 actos de tortura, según reportes de derechos humanos.
El fiscal Daniel Portales informó que los acusados enfrentan cargos como incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, sancionados con penas de hasta 8 años de cárcel, dependiendo del grado de responsabilidad. La denuncia fue interpuesta por la Contraloría General del Estado y el actual Fondo de Desarrollo Indígena.
“Estamos hablando de un daño económico superior a los 10 millones de bolivianos”, detalló Portales, citando montos que fueron desembolsados entre Bs 400.000 y 500.000 por proyecto sin evidencia de ejecución.
Entre los acusados figuran:
- Nemesia Achacollo Tola (exministra de Desarrollo Rural),
- Elvira Parra (exdirectora del Fondo),
- Melba Hurtado (exdirigente campesina),
- Damián Condori (actual gobernador de Chuquisaca),
- Felipa Marino Trujillo, Jorge Choque Salomé, Remi Vera Tapia, Yennry Vásquez, Quintín Susara, Bernardo Carhuari, Carlos Callisaya, Roli Oscar Gabriel, José Gálvez y David Zapata.
La paralización del proceso ha generado preocupación por una posible dilación judicial. Hasta el momento, el juez a cargo no ha justificado públicamente por qué el caso no avanza hacia el juicio oral.