Cuatro entes piden al Ejecutivo que explique la compra de gases

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Cuatro instituciones del Estado, cuyo rol es fiscalizar la labor de las autoridades públicas, han solicitado al Gobierno que explique la compra de municiones poco letales a una empresa de Brasil a través de un intermediario radicado en Estados Unidos. Además del Viceministerio de Transparencia y la Fiscalía, la Contraloría envió un requerimiento a los ministerios implicados y el Legislativo conforma hoy una comisión para iniciar las pesquisas.

En diciembre de 2019, el Ministerio de Defensa, a petición del Ministerio de Gobierno, adquirió munición poco letal por 39,3 millones de bolivianos. Distintas publicaciones de prensa advierten que pudo haber un sobreprecio en la compra, además de un uso indebido de influencias al momento de elegir al intermediario.

“Se ha conformado una comisión de auditoría y me han informado que ya han cursado las notas el jueves. Se ha solicitado toda la documentación respecto al proceso de contratación. Esas cartas se han enviado a las instituciones. Por norma yo no puedo interferir en la auditoría que está a cargo de un equipo técnico”, informó el contralor general, Henry Ara, en un contacto telefónico con Página Siete.

Por otro lado, el senador de oposición Efraín Chambi explicó que hoy por la tarde se programó una sesión para conformar una comisión especial que indague la compra de la munición. Esa comisión, añadió, estará conformada por una mayoría de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Una comisión de investigación está conformada por todas las fuerzas políticas. Seguramente será de nueve miembros, en la cual seis será de la mayoría y tres serán entre el PDC y UD”, manifestó Chambi.

Además de la Contraloría General y el Legislativo, la Fiscalía ya inició la investigación penal por la compra de esta munición. El fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, indicó que se conformará una comisión para indagar a los denunciados.

La semana pasada, el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, solicitó a Defensa y Gobierno información sobre el contrato suscrito en diciembre pasado. Sin embargo, hasta el momento la autoridad no recibió una respuesta. Ayer indicó que se sumará a la investigación que realiza la Fiscalía para coadyuvar en todo lo que sea necesario.

“Como Viceministerio de Transparencia corresponde el apersonamiento a ese proceso y coadyuvar con las investigaciones realizadas por el Ministerio de Público. Nosotros tenemos que mantener una imparcialidad sobre este tema”, indicó Melgar de acuerdo a un reporte de radio Éxito.

El contrato

Entre noviembre y diciembre de 2019 el Ministerio de Gobierno coordinó con la empresa brasileña Condor la compra de la munición antidisturbios. El 17 de diciembre, Condor le informó al Gobierno que Bravo Tactical Solutions (BTS) era su representante autorizado para negociar sus productos. Dos días después, a petición del Ministerio de Gobierno, el ministro de Defensa, Fernando López, firmó el contrato por 39,3 millones de bolivianos con el representante de BTS, Bryan Samuel Berkman.

Posteriormente se conoció que el padre de Berkman tenía vínculos con autoridades en el Ministerio de Gobierno y antecedentes por tráfico de armas en el país.

Detalles del caso

La compra Cuando el país había pasado por momentos conflictivos tras el fraude electoral de 2019, el Gobierno compró gases lacrimógenos, balines de goma y pólvora para equipar a la Policía ante otros posibles conflictos.
¿Sobreprecio? No se ha determinado que hubiera un sobreprecio, aunque se señaló que Venezuela y Ecuador adquirieron productos similares de la empresa Condor por precios más bajos a los de Bolivia.
Ataques En un principio el Gobierno en lugar de aclarar la compra. supuestamente irregular. publicó un comunicado hostigando al periodista que difundió los documentos del contrato. Recientemente Migración también se vio envuelta en ataques a dicho periodista.

Autoridades no aclaran vínculos ni prontuario

El Ejecutivo no aclaró todavía los vínculos de Luis Berkman Littman (padre del representante de BTS) con autoridades, como el jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, Rodrigo Méndez, ni se explicó en qué quedó el proceso penal seguido contra Berkman Littman por tráfico de armas en 2001.

El ministro de Defensa, Fernando López, aseguró que ellos no eligieron a BTS como intermediario, sino que esto fue decisión de la compañía brasileña Condor. La administradora regional de esta empresa para América, Lucimara Costa, declinó ofrecer una entrevista debido a “la naturaleza de nuestros productos, considerando las cuestiones de seguridad nacional y soberanía”.

Por otro lado, el representante de Bravo Tactical Solutions, Bryan Samuel Berkman, no ha respondido a las constantes solicitudes de información realizadas por Página Siete, con el propósito de aclarar las denuncias de supuestas irregularidades que hubo en la contratación.

Se conoce que Luis Berkman, quien huyó del país en 2003 rumbo a Estados Unidos, y supuestamente mantiene una relación de amistad con Méndez, reside en ese país y se ha dedicado al negocio de las armas y equipamiento militar. Junto a su hijo, fue administrador de la intermediaria contratada por el Gobierno.

Pagina Siete

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