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ENTREVISTA EXCLUSIVA. Procurador General: El legado del MAS es catastrófico para la justicia boliviana

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El procurador general del Estado, José María Cabrera, afirmó a la ABI que el legado del Movimiento Al Socialismo (MAS) es «catastrófico» para la justicia boliviana.

Adelantó criterios sobre la prórroga de mandato de autoridades electas que está en consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y calificó de un «error tremendo» la polémica sentencia 084/17 que avaló la repostulación del expresidente Evo Morales.

¿Cuál es su diagnóstico del sistema de justicia boliviano en la actualidad?

El legado de estos 14 años del gobierno autoritario del Movimiento Al Socialismo (MAS) es catastrófico para el estado de la justicia boliviana.

Ninguna fórmula para el mejoramiento de la justicia va a tener el resultado que la sociedad espera, si no se parte del respeto a la independencia, a la carrera judicial y a los jueces.

Presentó una demanda de nulidad de la sentencia 084/17 al TCP por haber contradicho la Constitución Política del Estado (CPE) y permitir la reelección de Evo Morales como derecho humano. Este Tribunal tiene ahora en sus manos el pedido de emitir una resolución de prórroga de mandato de autoridades electas. ¿Qué espera del TCP cuando se encuentra frente a este nuevo desafió de dirimir la constitucionalidad o no de la consulta?

Por la incidencia de un fraude electoral que rompió todo el cronograma del calendario constitucional, por esta razón de fuerza mayor, el TCP ponderará en qué términos se va a aplicar esta figura constitucional que es la prórroga excepcional de los mandatos de las autoridades constitucionales.

Desde esa óptica le corresponderá al TCP en este nuevo régimen de valores y respeto democráticos emitir su apreciación. La Procuraduría e instituciones vamos a respetar y esperar su resolución conforme a su criterio independiente.

¿Cuál es la figura de la prórroga de mandato en términos constitucionales?

La prórroga no es una figura extraña al constitucionalismo y en estas circunstancias extraordinarias que le ha tocado vivir al país se refiere al empalme temporal entre la autoridad saliente y la que debe entrar.

La Constitución Política vigente, aprobada el 2019, contempla en su disposición transitoria primera, parágrafo cuarto, esta figura de mandato de alcaldes, concejales y prefectos hasta la posesión de las nuevas autoridades electas.

No se puede concebir un orden constitucional con vacío de poder y la legislación establece en el ámbito penal, el delito de abandono de funciones cuando una autoridad hace dejación del cargo sin que inmediatamente asuma la autoridad entrante, generando una ausencia que crea un daño al estado constitucional democrático.

¿Qué sucederá en el caso de los legisladores nacionales y departamentales, cuando la Constitución en su artículo 156 expresamente establece que el tiempo de mandato de los asambleístas es de solo cinco años?

Creo que no puede funcionar un gobierno independiente sin parlamento que es consustancial al régimen democrático y viceversa. Son instituciones de representación de soberanía popular en el marco sobre el cual se desarrolla el Gobierno democrático.

Sobre el requerimiento de la Procuraduría al TCP de su observancia a la Sentencia 084/17, ¿Existe algún recurso constitucional que permite anular al TCP sus propias sentencias?

No existe un recurso para anulación de sentencias, pero sí existe en la doctrina y en la jurisprudencia del TCP el caso donde el propio tribunal ante la constatación de un error evidente y para evitar un mal mayor al Estado, anuló una anterior sentencia. Se trató de un caso de acción de libertad por narcotráfico donde el tribunal ordenó en una primera instancia la libertad de una persona, pero horas después de llegar más pruebas que hacen evidente la procedencia de la detención, el propio TCP dejó sin efecto su anterior sentencia y la persona no consiguió la libertad.

¿Ese cambio de decisiones del TCP podría significar poner en riesgo la seguridad jurídica?

Lo que se pone en riesgo es el sistema constitucional manteniendo una decisión aberrante que rompe todo principio constitucional y de derecho convencional. Mayor daño se hace persistiendo en un error tremendo como fue la sentencia 084/17.

Preservando el bien mayor, es imperativo que el TCP sanee el ordenamiento constitucional boliviano.

En el plano internacional se hará lo propio puesto que el constitucional boliviano le dio una interpretación absurda al artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Tanto en el plano interno como en el plano internacional, el TCP y la Corte Interamericana, tienen que terminar de esclarecer que no existe un derecho humano para la elección indefinida.

mc/kpb/ ABI

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