
Extrabajadores y experiodistas de Página Siete demandan a la empresa Editorial Luna Llena por deudas salariales
- Demandan a los dueños de la editorial por salarios y beneficios adeudados desde 2020 mientras revelan irregularidades en la gestión de cierre del diario.
Extrabajadores y experiodistas del diario Página Siete, que lamentablemente cerró sus puertas el pasado 29 de junio, han tomado una decisión audaz en su búsqueda de justicia: han presentado una demanda laboral contra los representantes legales de la Empresa Editorial Luna Llena, la entidad propietaria del periódico, Raúl Garáfulic y Carlos Saravia. La demanda busca el pago de salarios, finiquitos y otros beneficios sociales que, en algunos casos, se arrastran desde el año 2020.
Bajo el lema «El lado oscuro de la tormenta perfecta,» estos valientes exmiembros del equipo de Página Siete han decidido no quedarse en silencio y han compartido los motivos detrás de esta medida legal. Según el abogado Álvaro Vásquez, representante legal de 22 de los extrabajadores, esta acción es crucial para defender los derechos de quienes contribuyeron al prestigio del medio de comunicación.
«Nos vemos en la necesidad de iniciar este proceso laboral con el fin de hacer respetar los derechos de trabajadores y periodistas de este prestigioso medio de comunicación, quienes piden lo justo, el pago de sus salarios y beneficios sociales. Debemos recordar que, hasta el día del repentino cierre de Página Siete, 70 trabajadores continuaron con su labor diaria, pese a no percibir sueldos, en algunos casos hasta por siete meses, convencidos de que los ejecutivos cumplirían los compromisos que por varios meses sostuvieron, una reestructuración y el pago total de la deuda,» informó Vásquez.
Los periodistas que dieron vida a Página Siete durante 13 años han programado una conferencia de prensa para este próximo lunes a las 10:30 en la Federación Departamental de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FDTLP), donde detallarán las lamentables razones que los llevaron a tomar esta medida legal.
Los demandantes explican que desde 2019, varios de ellos realizaron sacrificios significativos para ayudar a la empresa a enfrentar dificultades financieras. Durante la pandemia de la Covid-19 en 2020, el 90% del personal asumió el teletrabajo y cubrió sus propios gastos de energía eléctrica, uso de equipos telefónicos, computadoras y celulares. Renunciaron a bonos de movilidad e incluso adquirieron deudas para acceder a atención médica privada, ya que la Editorial Luna Llena no pagaba las cuotas correspondientes a la Caja Nacional de Salud (CNS). La situación empeoró desde mediados de 2022 hasta el cierre del periódico.
El abogado destacó que, desde el cierre abrupto de Página Siete el 29 de junio, Garáfulic desactivó la página web y excluyó a los periodistas de la administración de sus redes sociales. En lugar de realizar reclamos justos, algunos afectados llegaron a expresar su disposición a renunciar a su finiquito (equivalente a tres meses de sueldo) y conformarse con el pago del 22% de sus beneficios sociales.
Esta postura surgió tras varias reuniones virtuales en las que Garáfulic insistía en que debían mantenerse confidenciales. Alegaba ser objeto de persecución judicial por parte del Gobierno y afirmaba tener una deuda de más de 4 millones de dólares, sin especificar la fecha en la que cumpliría sus compromisos de pago.
«Estos valientes periodistas no pueden vivir de promesas, puesto que a más de tres meses del cierre de Página Siete ni siquiera esos compromisos fueron cumplidos,» acotó Vásquez.
«Tormenta Perfecta»
El 29 de junio, después de una reunión virtual en la que Garáfulic informó a los 70 trabajadores que quedaban desempleados sin proporcionar ningún documento que respaldara sus motivos, el empresario publicó en la página web del diario una nota titulada «Fin del camino. Carta a los lectores de Página Siete.»
En esta carta, Garáfulic explicó: «Después de 13 años de periodismo independiente al servicio de la sociedad y la democracia, Página Siete publica hoy su última edición. La explicación es tan simple como dolorosa: nuestros gastos son superiores a los ingresos y después de agotar todas las instancias para conseguir capital de trabajo, nos quedamos sin recursos económicos para seguir operando. Una combinación de circunstancias adversas creó lo que podríamos calificar como una tormenta perfecta, que nos llevó a esta situación.»
Atribuyó el quiebre económico de Página Siete a factores como el bloqueo a la pauta publicitaria, el hostigamiento económico y judicial del Gobierno, la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, y una campaña fallida para captar suscriptores para la versión digital.
Sin embargo, después de 101 días de esa carta y de los compromisos incumplidos por parte de Garáfulic y su equipo, los periodistas de Página Siete han decidido hablar. En su pronunciamiento, titulado «El lado oscuro de la ‘tormenta perfecta’ en Página Siete,» cuestionan la gestión de Garáfulic y Saravia y argumentan que hubo más detrás del cierre del diario.
«En su carta, Garáfulic menciona que hubo una ‘tormenta perfecta’ que llevó al cierre de Página Siete, y ciertamente los sucesos que menciona ocurrieron, pero también hubo un lado oscuro que debe ser conocido públicamente,» señala parte del pronunciamiento. Vásquez sostiene que entre los factores que llevaron al cierre de Página Siete también se debe contar la mala administración realizada por Garáfulic y Saravia.
Fuga del País
El abogado aclara que el 6 de julio, un grupo de extrabajadores presentó una demanda laboral que reveló que Garáfulic y Saravia, representantes legales desde la creación del periódico en abril de 2010, realizaron operaciones para salvaguardar sus bienes y luego salieron del país, uno a Brasil hace más de 10 meses y el otro «de vacaciones» a Estados Unidos.
A pesar de su salida, se ha confirmado que ambos tienen varias propiedades registradas a su nombre, cuyo valor habría sido suficiente desde un principio para cubrir los beneficios sociales adeudados. Lo que resulta más sorprendente es que Garáfulic y Saravia no renovaron la matrícula de comercio en el Servicio Plurinacional de Registro y Comercio (Seprec), que venció el 31 de mayo, es decir, 29 días antes del cierre del periódico. Esto, junto con la presunta transferencia de propiedades, genera sospechas de una planificación deliberada para el cierre de Página Siete.
«En la mayoría de los procesos laborales, aquellos que intentan eludir el pago de beneficios sociales u otras deudas con sus trabajadores terminan perdiendo sus propiedades. Entendemos que el señor Garáfulic ha hecho desaparecer varias de sus propiedades (vehículos y terrenos) y tiene pocas cosas a su nombre. También hemos recibido información de que él figura como procesado en otros casos, uno de ellos abierto por el Viceministerio de Transparencia, por enriquecimiento ilícito, además de procesos coactivos con algunos bancos, en los cuales debe hasta 2 millones de dólares, pero esta sería una deuda adquirida desde 2003,» detalló el abogado.
En el marco de estos procesos, se han registrado preventivamente varias de sus propiedades. Vásquez subrayó que, si se rematan estos bienes, las autoridades deben dar prioridad al pago de los beneficios sociales de todos los afectados.
Accionistas y Finiquitos
El abogado también reveló que, como parte de las artimañas administrativas utilizadas por Garáfulic para evitar el pago de sueldos y beneficios sociales a los trabajadores, en 2020 implementó un plan de reestructuración que incluyó despidos y recontrataciones con salarios más bajos.
La estrategia incluía un acuerdo interno en el que varios periodistas aceptaron convertirse en accionistas del periódico a cambio de la suma que les correspondía por el pago de sus beneficios sociales. En otros casos, se utilizaron cheques que fueron presentados al Ministerio de Trabajo para legalizar un supuesto pago de los beneficios, pero luego se cambiaron por contratos de préstamo.
Estos documentos detallaban que los periodistas y trabajadores otorgaban un préstamo a la Editorial Luna Llena y que Saravia, el representante legal que firmó la mayoría de los contratos ficticios, se comprometía a pagar una cuota mensual hasta saldar toda la deuda. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los periodistas y trabajadores fueron recontratados con salarios más bajos, pero nunca recibieron el pago o la devolución del supuesto préstamo.
Por último, se ha documentado la entrega de cheques a trabajadores que, creyendo en el compromiso de Garáfulic de pagar toda la deuda en cuotas, renunciaron antes del cierre de Página Siete para ayudar a la crisis económica de la empresa. Estos cheques, sin embargo, se emitieron sin fondos, lo que dejó a las víctimas sin poder cobrar el dinero ni sus beneficios.