Juan Lanchipa fue cuestionado por favorecer a Evo al menos 3 veces
El fiscal general del Estado Juan Lanchipa fue cuestionado en al menos tres ocasiones por favorecer al expresidente Evo Morales, haciendo uso de sus funciones. La última polémica surgió el viernes cuando se conoció que rechazó la solicitud del exdiputado Amilcar Barral, de tomar acciones legales contra los responsables del caso terrorismo, entre ellos el expresidente.
“Lanchipa fue elegido en la gestión de Morales, dirigió Diremar. No es la primera vez que se ve un favorecimiento o encubrimiento. Hay denuncias concretas y pruebas que no han sido admitidas. Lanchipa está pagando la factura del cargo. Nosotros no hemos pedido que enjuicie a Morales sino que se cumpla las recomendaciones del informe de la CIDH”, dijo Barral.
Franco Albarracín, abogado experto en Derechos Humanos, aclaró que el rechazo a esta solicitud es como la manifestación del Estado, a través del Ministerio Público, que no se cumplirá con las recomendaciones del informe de la CIDH, sobre el caso de vulneraciones en el operativo del Hotel Las Américas en 2009.
Denuncia por los cercos
El 2 de noviembre de 2019, previo a la renuncia de Evo Morales, la entonces senadora opositora Carmen Eva Gonzales decidió presentar una denuncia en contra del aún mandatario. La acción legal fue tomada ante las amenazas del jefe de Estado de cercar las ciudades que acaten el paro cívico que denunciaba un fraude electoral. Sin embargo, esta denuncia fue desestimada por la Fiscalía General del Estado en menos de 24 horas.
“Hemos desestimado esa petición, ya está para su notificación a la senadora mencionada, porque no cumple los requerimientos en la forma que ha sido presentada esa su petición”, señaló Lanchipa.
El sello rojo que no procedió
En septiembre de 2020, un año después de la crisis de 2019, el entonces ministro de Justicia del gobierno transitorio, Álvaro Coímbra, afirmó que la extradición del expresidente, acusado de terrorismo y sedición, se vio obstaculizada por Lanchipa.
La solicitud fue presentada en enero de ese mismo año, pero el rechazo llegó meses después. La autoridad respondió que él envió la solicitud con todos los delitos y que la negativa no fue su responsabilidad.
Explicó que el motivo fue que Morales era acusado de sedición y que la Interpol entiende eso como un delito de orden político en el que no interviene.
“Hemos transcrito tal cual los delitos que por los cuales se están investigando. No hemos cometido ningún error”, afirmó.
Fuente: Pagina Siete
Caso cerrado
El 17 de julio de 2021, Lanchipa dio por cerrado el caso fraude electoral. Tomó la decisión apoyado en una pericia informática realizada por la Universidad de Salamanca (España), que en su informe dijo no encontrar manipulación en las elecciones de 2019 que haya sido en favor de Evo Morales.
“El Fiscal General sabe que con el cierre del caso del fraude electoral del que fuimos testigos todos, blindó a Evo Morales”, reclamó entonces el activista Manuel Morales, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
Dos informes incumplidos
Luego de que se filtró el informe de la CIDH sobre las violaciones a los derechos humanos en el asalto al Hotel Las Américas, el activista y representante de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, indicó que a Lanchipa le corresponde investigar las ejecuciones registradas de oficio. Empero, el rechazo a la solicitud de Barra va en sentido contrario.
Éste no es el primer informe internacional en el que se incumple con las recomendaciones. Según la investigación que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis de 2019, tanto el gobierno de Jeanine Añez como el de Morales deben ser investigados, para dar una reparación integral de las víctimas.
Sin embargo, hasta la fecha sólo se investigó, enjuició y sancionó a quienes formaron parte del gobierno de Añez.
Carrera del Fiscal
Carrera. En 2007 dejó su cargo como juez, ejerció como vocal de la entonces Corte Superior de Distrito de La Paz, para luego presidir el Tribunal Constitucional.
Diremar. En 2011 fue posesionado por el entonces canciller, David Choquehuanca, como titular de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar). Ocupó el cargo hasta 2013, cuando presentó su renuncia alegando motivos de salud.
Fiscal. Luego de ser presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en 2018 fue elegido Fiscal General del Estado, por seis años.