Comunidad Ciudadana responsabiliza al Gobierno por fallo millonario en caso Glencore Financie
- Diputados de CC acusan a Evo Morales de «falsa nacionalización» y critican la gestión de la Procuraduría General del Estado
En un golpe financiero que ha sacudido a la nación, Bolivia ha sido condenada a pagar la astronómica suma de $us 253.591.796 a la gigante minera Glencore Financie por la nacionalización del Complejo Metalúrgico de Vinto y la mina Colquiri.
El partido político Comunidad Ciudadana (CC) no tardó en apuntar dedos acusadores, responsabilizando tanto al Gobierno actual como al expresidente Evo Morales por lo que calificaron como una «derrota internacional».
El diputado de CC, Marcelo Pedrazas, arremetió contra la administración de Morales, afirmando que esta sentencia desfavorable es el resultado de una «falsa nacionalización» que tuvo lugar durante su mandato. Pedrazas advirtió que los costos de este fallo recaerán en el pueblo boliviano y no en el Movimiento al Socialismo (MAS).
«Lo grave del asunto es que todos esos montos que estamos perdiendo lo vamos a pagar todos los bolivianos y no el MAS», declaró con firmeza el legislador.
Por su parte, su colega Lissa Claros cuestionó la capacidad y competencia de la Procuraduría General del Estado para enfrentar procesos internacionales, calificando la situación como «lamentable» y señalando que el Gobierno del MAS está llevando al país a la ruina.
«Lamentablemente, vemos que el Gobierno del MAS cada día está llevando a la ruina a nuestro estado boliviano y a todos los ciudadanos bolivianos», manifestó Claros.
En respuesta al fallo, el nuevo procurador general del Estado, César Siles, destacó que la suma a pagar representa una «disminución considerable» respecto a los $us 788 millones que inicialmente había exigido Glencore Financie. Además, anunció que se analizará la posibilidad de solicitar la anulación del laudo arbitral.
El diputado de CC, Alejandro Reyes, fue aún más allá al proponer una auditoría externa al proceso y el inicio de un proceso judicial contra el exprocurador Wilfredo Chávez, con el objetivo de imponer «sanciones ejemplares» tras el fallo adverso para Bolivia.
«El remedio que ha puesto ha sido peor que la enfermedad, nos han llevado a perder todos los arbitrajes y, por supuesto, a todas las personas que han compuesto esta Procuraduría desde el inicio se los tiene que enfrentar ante la justicia», enfatizó Reyes.
El conflicto se remonta al año 2017, cuando Glencore Financie llevó la nacionalización de las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto, junto con la recuperación del control de la mina de Colquiri por parte de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), al arbitraje. Inicialmente, la empresa había demandado $us 675 millones, pero posteriormente actualizó su reclamo a $us 788 millones.
El fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha desencadenado un fuerte debate político y una urgente revisión de la estrategia legal del Estado boliviano en casos de esta naturaleza.