Conflicto entre el Gobierno y la Adepcoca ya dejó 8 muertos en cinco años

El conflicto entre el Gobierno y la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, que data desde marco de 2017 por la vigencia de la nueva ley de la coca y la apertura de un mercado paralelo de la hoja, ya dejó ocho víctimas fatales, entre ellas dos policías, en una serie de emboscadas, atentados y enfrentamientos.

El conflicto entre el Gobierno y los cocaleros de Yungas de La Paz se reavivó desde la semana pasada por la apertura de un nuevo mercado paralelo al de la Adepcoca en villa El Carmen, el mismo que está al mando de Arnold Alanes, dirigente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ayer lunes, los enfrentamientos entre policías y productores de coca dejó el saldo de un cocalero herido de gravedad, a causa de la explosión de un cachorro de dinamita. Los médicos que atendieron al paciente, identificado como Plácido Coto, le dieron 20% de probabilidad de vida, debido a que sufrió lesiones de gravedad.

Delfín Coto, hermano de Plácido, afirmó este martes que su familia ya está resignada al fallecimiento de su hermano, quien perdió el antebrazo izquierdo y tuvo una lesión de consideración en el estómago.

El dirigente Alanes señaló que su sector acudió ayer a dos reuniones convocadas para solucionar este conflicto, a las mismas que no acudió el sector de la Adepcoca liderada por su presidente Freddy Machicado. Informó que la primera cita fue promovida por el Gobierno y la segunda por la Defensoría del Pueblo.

Por su lado, Reynaldo Laura, dirigente de la Adepcoca, advirtió también en esta jornada que su sector condiciona el diálogo con el Gobierno al cierre del mercado de villa El Carmen.

Desde la semana pasada, los cocaleros yungueños y la Policía Boliviana, que resguarda el mercado paralelo, se enfrentaron con la detonación de gases lacrimógenos, cachorros y petardos, además del uso de balines y piedras.

En medio de este conflicto, los vecinos de villa El Carmen se vieron afectados por los agentes químicos y la detonación de los cachorros de dinamita. Exigieron al Gobierno una solución a este problema.

Conflicto y muertes

El conflicto entre los cocaleros de los Yungas de La Paz y el Gobierno empezó el 8 de marzo de 2017, cuando el entonces presidente Evo Morales promulgó la Ley General de la Coca, que amplía de 12.000 a 22.000 hectáreas los cultivos legales en el país, de los cuales 14.300 son para Yungas y 7.700 para el trópico de Cochabamba.

Para rechazar esta norma, los dirigentes de la Adepcoca interpusieron recursos legales, que no tuvieron efecto, y promovieron una serie de movilizaciones de protesta.

En medio de ese problema y ante el rechazo de la erradicación de coca en Yungas, el 24 de agosto de 2018 se lamentó la primera víctima mortal. La Policía denunció una supuesta emboscada de comunarios a efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el puente San Antonio, La Asunta, donde falleció el teniente Daynor Sandoval, mientras que otros siete policías resultaron heridos.

Luego de ese incidente, el 28 de agosto, un hijo de Freddy Quispe, dirigente cocalero de La Asunta, apareció muerto en un río de 2018. Se abrió la investigación de este caso, pero no fue esclarecido.

Un día después, los cocaleros Eliseo Choque (31) y Carlos Vega (54) murieron por impactos de bala, durante una violenta intervención policial en el sector donde presuntamente se dio la emboscada. En 2018 sumaron cuatro las víctimas mortales.

Ya en 2019, las movilizaciones de protesta se volvieron a activar. Fueron a raíz de esas protestas que también llegaron a fallecer Eduardo Apaza, secretario de hacienda del Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), y Miguel Coico, dirigente de Adepcoca. Ambos decesos tuvieron lugar en junio de ese año.

Posteriormente, el 3 de julio, el cabo Miguel Ángel Quispe falleció en un enfrentamiento en Yungas, cuando los cocaleros de la Adepcoca querían impedir la realización de una asamblea promovida por afines al MAS.

Ya en 2020, no hubo enfrentamientos por este problema, debido a la llegada de la pandemia del coronavirus a Bolivia.

En marzo de 2021, el conflicto se reactivó, debido a que Elena Flores, dirigente afín al MAS, inauguró el mercado de la coca paralelo en Kalajahuira, el mismo que fue cerrado luego de movilizaciones de protesta de la Adepcoca, que defendía su mercado de Villa Fátima.

En septiembre de 2021, Flores fue sustituida por Arnold Alanes, también dirigente afín al MAS, quien junto con un sector cocalero tomó las instalaciones de Villa Fátima. Tras una serie de enfrentamientos los cocaleros yungueños de la Adepcoca “orgánica” retomaron el control de la sede.

El 10 de octubre de 2021, se lamentó la muerte de un cocalero que hacía vigilia en el mercado de Villa Fátima, debido a que ese día se registró el segundo atentado con el uso de dinamita, en menos de una semana. Se informó que el productor de coca sufrió un paro cardiaco.
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