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David Choquehuanca pide al TCP pronunciamiento sobre validez de sesión legislativa

  • Presidente en ejercicio remite nota al Tribunal Constitucional Plurinacional solicitando claridad jurídica sobre actos legislativos.

En su rol de presidente en ejercicio, David Choquehuanca ha solicitado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un pronunciamiento respecto a la legalidad de la sesión de la Asamblea Legislativa realizada el pasado jueves bajo la dirección de Andrónico Rodríguez. Esta solicitud se hace esencial para determinar la validez de las leyes aprobadas en dicha sesión, incluyendo la controvertida norma que cesa el mandato de los magistrados prorrogados.

Choquehuanca, basando su petición en una serie de hechos jurídicos y legislativos, destaca que el mismo TCP había suspendido la competencia de Rodríguez debido a un recurso directo de nulidad presentado por Juan José Jáuregui, un destacado miembro del oficialismo. Según este recurso, Rodríguez habría usurpado funciones, lo que coloca en duda la legitimidad de la sesión y de las decisiones tomadas en ella.

«Estoy imposibilitado de tramitar las leyes aprobadas por la Asamblea mientras no se clarifique su validez jurídica», señala Choquehuanca en su misiva. Además, menciona que la ley que cesa a los magistrados está en contradicción con una declaración previa del TCP que permitía la prórroga de estos funcionarios.

En su nota dirigida al TCP, Choquehuanca expone la necesidad de obtener una certeza jurídica que legitime o invalide los actos legislativos realizados. “…agradeceré que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en ejercicio de las atribuciones constitucionales que le asiste, emita un pronunciamiento jurisdiccional que permita tener certeza jurídica sobre la validez de esos actos legislativos para que se imprima la gestión que corresponda o, en su defecto, disponga se devuelvan esas comunicaciones para rencausar el procedimiento legislativo que corresponda”, escribe Choquehuanca.

La controversia no se limita únicamente a la ley antiprórroga. La Asamblea Legislativa también aprobó un crédito internacional de 176 millones de dólares y el Decreto de Amnistía e Indulto, los cuales, al igual que la mencionada ley, se encuentran actualmente en un estado de incertidumbre jurídica.

Este pedido de pronunciamiento busca evitar irregularidades y garantizar que las acciones legislativas se desarrollen dentro del marco de la legalidad, proporcionando estabilidad y certeza tanto a las autoridades como a la ciudadanía. La respuesta del TCP será crucial para definir el curso de estas importantes decisiones legislativas.

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