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Por abandono de fiscales, suspenden juicio del exministro Characayo

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El juicio oral en contra del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, y el exdirector de Desarrollo Rural, Híper García, por el delito de extorsión, fue suspendido debido al abandono de los fiscales del caso. El tribunal emitió una conminatoria para el fiscal departamental, William Alave, con el fin de que los responsables del caso se presenten para la siguiente audiencia, programada para el 12 de julio a las 14:00.

La audiencia virtual se instaló a las 10:00 por medio de la plataforma del Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz y se dio por iniciado el juicio. Pero, mientras los jueces concluían una audiencia previa, los fiscales Leticia Muñoz y Junior Flores abandonaron la reunión sin permiso de los magistrados, informaron al personal de apoyo judicial los abogados del Viceministerio de Transparencia.

El argumento para ese abandono, según explicaron en juzgados, fue que los dos fiscales asistieron al “Encuentro internacional: investigación, juzgamiento y sanción de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo y la recuperación de activos”, organizado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

El presidente del Tribunal, José Luis Quiroga, emitió una conminatoria para que Muñoz y Flores se presenten a la siguiente audiencia, programada para el 12 de julio. La Fiscalía no atendió las consultas de este medio.

La denunciante y representante de los propietarios de las tierras ubicadas en Santa Cruz, por cuyos derechos propietarios eran extorsionados por Characayo como representante del sector de los interculturales, Dareen Schmidt confirmó la postergación de la audiencia.

Manifestó que no todas las audiencias serán virtuales, debido a que se tiene previsto realizar inspecciones oculares y tomar declaraciones de testigos, entre las que figura el diputado del MAS, Rolando Cuéllar, quien es manifiesto crítico de Evo Morales.

Characayo y García fueron aprehendidos en un café de El Prado, en La Paz, en abril de 2021, mientras recibían 20.000 dólares de manos de un abogado y Schmidt, como anticipo de un pago de 380.000 dólares que presuntamente se debía incrementar hasta medio millón de dólares, como soborno para dirigentes sindicales y técnicos del Ministerio de Desarrollo Rural, según los datos de la investigación.

Fuente: Pagina Siete

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