La corrupción y los mercenarios de la comunicación: El caso de Gigavisión y los sobreprecios en las granadas de gas

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Junior Arias dueño de la red de televisión Gigavisión y conductor del programa Detrás de la verdad abandonó la pantalla chica tras un “clinch” con el ministro de Gobierno Arturo Murillo por la adquisición de gases lacrimógenos. Al anunciar que se tomaba una licencia temporal acusó al gobierno de Jeanine Añez de cobarde. “Lamento la cobardía y el abuso de poder que no tiene límites, pero sí tiene fecha de expiración.”, dijo.

Se refiere a un comunicado del ministerio de Gobierno que dice: “ ..no se descansará hasta que el periodista Junior Arias de la red Gigavisión rectifique y restaure la dignidad e imagen de personas dañadas”.

Por un comunicado con este tenor ningún periodista en el mundo tomaría licencia temporal.

MILLONES DE RAZONES

Los hermanos Arias y su canal Gigavisión apoyaron de modo incondicional al régimen de los 14 años de Evo Morales. Jorge Arias, el padre, colgó el periodismo cuando fue electo para la Asamblea Constituyente en las listas del MAS. Su canal de televisión también se puso la camiseta azul y no fue desinteresadamente. Recibió a cambio una pauta publicitaria del gobierno de Evo de varios millones, desproporcionada al tamaño e influencia del medio.

Un informe publicado por ANF afirma que Gigavisión recibió del 2017 al 2019 algo más de 31.5 millones de bolivianos, que representan 4,5 millones de dólares en 3 años. El promedio anual es de 1,5 millones de dólares. En 13 años consecutivos se hacen más de 19 millones de dólares.

A mediados del mes pasado, Arias se quejó porque el actual gobierno le había quitado la publicidad en venganza por sus denuncias de corrupción.

AMIGOS Y ENEMIGOS

Evo Morales no tuvo medias tintas: dividió al periodismo entre amigos y enemigos. Entregó beneficios a manos llenas para los amigos y hambruna y persecución para los “enemigos”. ¿Cuál libertad de prensa?

A través de testaferros y en otros casos usando la extorsión consiguió apropiarse de los medios más influyentes del país como PAT, ATB y La Razón. Para el resto usó la pauta publicitaria como un mecanismo efectivo de sometimiento vergonzoso. Los compró directa o indirectamente. La publicidad se volvió una jugosa coima para obtener lealtades y complicidad.

Entre los medios sometidos estuvo Gigavisión que en 14 años no se cansó de aplaudir a Evo Morales. Junior Arias jamás encontró en el gobierno anterior un caso de corrupción ni el asomó de la violación a la libertad de prensa y expresión por parte del gobierno que lo enriqueció.

Entre tanto, los periodistas que no se sometieron al régimen fueron echados de sus puestos de trabajo sin poder encontrar ningún otro durante años y los pocos medios que se resistieron al sometimiento informativo padecieron largos años de asfixia económica.

Evo y sus ministros, particularmente Juan Ramón Quintana, persiguieron, amedrentaron, difamaron y procesaron por la vía penal, a los periodistas independientes del gobierno del MAS.

Inventaron el “ cartel de la mentira” y pagaron 50 mil dólares por cada “documental” destinado a denigrar a los periodistas “enemigos” y acallar uno de los casos de corrupción más grandes: los contratos con la china CAMCE a través de la amante de Evo Morales, la afamada Gabriela Zapata.

Eso fue cobarde y abuso de poder sin límites pero, gracias a la movilización de octubre, expiró el pasado 10 noviembre.

DEL OFICIALISMO AL COMPLOT MEDIÁTICO

El gobierno transitorio de Jeanine Añez tiene que responder por varias denuncias de corrupción que al margen de su dimensión son imperdonables porque se trata de un gobierno de apenas unos meses y que surgió de la lucha precisamente contra la corrupción, contra el autoritarismo y por la democracia.

Sin embargo, quien capitaliza estás denuncias -ciertas o inventadas- es Evo Morales que está moviendo todas sus fichas para volver al poder. Hay un complot también mediático orquestado por un poderoso aparato local e internacional.

Por ejemplo, cuando Junior Arias denunció que estaba siendo perseguido por el gobierno de Jeanine Añez, inmediatamente Claudia Mallón, diputada del MAS, presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su relator, Edison Lanza, se pronunció en cuestión de horas acusando al gobierno de “estigmatizar” la investigación periodística.

Este tweet, que tuvo repercusión en varios medios internacionales, se publicó cuando en Venezuela la dictadura de Nicolás Maduro detenía a varios periodistas por sacar fotos y entrevistar a quienes hacían colas kilométricas en la gasolineras.

Edison Lanza no condena a su amigo Maduro como tampoco lo hizo con Evo Morales. La CIDH guardó silencio y tolerancia frente a todos los atropellos que se cometieron contra periodistas y medios de comunicación en esos largos 14 años.

DE JUNIOR A SENIOR

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Otro ejemplo. En las últimas horas el periódico senior argentino afín a Evo Morales, Página 12, denunció que el avión presidencial de Bolivia, el FAB 001, estuvo varios días en el Brasil tras el “golpe” de Jeanine Añez, noviembre 2019, y esto prueba el vínculo con el ultraderechista Bolsonaro. Simultáneamente, Evo Morales, en una radio del Chapare, denunció lo mismo. A esto se llama complot mediático.

Si la presidente Añez quisiera coordinar con el gobierno del Brasil puede comunicarse por celular o zoom, no necesita enviar el avión presidencial a Manaos por cuatro días. La “denuncia” es un sinsentido, pero ya verán cómo se infla.

LOS GASES LACRIMÓGENOS: UNA DENUNCIA PARA LLORAR

La opinión pública ha dado por cierta la acusación de Junior Arias sobre un sobreprecio de 2 millones de dólares en la compra de material antidisturbios que está basada en 2 documentos, uno falso y el otro posiblemente también.

Por Decreto Supremo 4090 del 29 de noviembre de 2019, la flamante presidente Jeanine Añez autorizó al Ministerio de Defensa la compra de agentes químicos por algo más de 39.3 millones de bolivianos, equivalentes a 5,6 millones de dólares.

Junior Arias afirma que hubo un sobreprecio de 2 millones de dólares. Saca está conclusión de comparar el precio unitario de una granada de gas lacrimógeno, pagado por Bolivia, de 270 bolivianos, o 39 dólares, con el monto cancelado por Venezuela en 2017 de solo 118 bolivianos, o 16 dólares.

Pero, el documento venezolano ¿es auténtico?. De momento, no hay forma de comprobar. Se trata de una información reservada que no está en el internet y que la dictadura no ventila fácilmente. Si el documento es auténtico, solo demuestra que la denuncia fue preparada en las más altas esferas del régimen de Maduro.

Pero además los precios de 2017 no son para nada parecidos a los de noviembre de 2019 cuando estás granadas tenían una sobredemanda por la convulsión en Ecuador, Chile ,Colombia y Bolivia.

El único proveedor es la empresa Cóndor del Brasil, con sede en Río de Janeiro. Todos los gases y balines de goma que se disparan en la región vienen de la empresa Cóndor.

En Chile, quienes denunciaron a través del Facebook la represión del gobierno de Sebastián Piñera afirman que gastaron entre 29 y 32 dólares en cada gas lacrimógeno usado en ese mes de noviembre.

Una nota de ANF afirma que al Ecuador le ofrecieron a 12 dólares.

Para saber si hay sobreprecios hay que comparar manzanas con manzanas y peras con peras, por lo que lo mejor es cruzar información con una cotización exactamente igual realizada por Carlos Romero, ministro de gobierno de Evo Morales, en octubre de 2019, poco antes de abandonar el barco.

Es decir, el gobierno de Jeanine Añez, a través de su ministro Defensa utilizó el trámite dejado por Evo Morales para hacer la adquisición del mismo lote de armas “no letales”.

Hay dos diferencias: el precio y el intermediario. Evo Morales pensaba pagar más, un total de 40 millones de bolivianos, mientras que este gobierno pagó 39,6 millones de bolivianos. Si hay sobreprecio en uno también hay sobreprecio en el el otro. ¿Qué le pasó a Junior? No denunció a su Jefazo.

La segunda diferencia es el intermediario. Junior Arias, para demostrar el dolo inherente a la corrupción, apunta contra el Director Administrativo del Ministerio de Gobierno, Sergio Zamora Bascopé, al que acusa de haber roto el acuerdo de compra directa con la empresa Cóndor para contratar a una empresa intermediaria, Bravo Tactical Solutions (BTS) de su amigo Bryan Beakman.

Y como prueba presenta una carta firmada por Zamora Bascopé dirigida a la empresa Cóndor. Carta que resultó falsa porque el CITE, o número de registro, corresponde a otra misiva.

Si este documento es falso, toda la denuncia es falsa, y, lo único verdadero es el complot mediático. Puesto en evidencia, Junior Arias se “aleja temporalmente “ de Gigavisión.

Pero además, se supone que con un intermediario los precios deberían subir pero resultaron más baratos que los gestionados en el gobierno de Evo Morales.

Por otro lado resulta que la empresa intermediaria de Bryan Berkman, fue nombrada por los brasileños de Cóndor como su único representante, y no por el gobierno de Añez, como asegura Arias.

Asimismo, si Berkman es o no amigo del funcionario del Ministerio de Gobierno Zamora Bascopé, este hecho circunstancial no tiene incidencia pues la adquisición fue hecha por el Ministerio de Defensa en cumplimiento de disposiciones legales que el anterior gobierno nunca respetó.

En síntesis, está muy bien que se investigue este caso, hay que dar con el culpable.

Por Amalia Pando

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