Gobernador de Potosí Jhonny Mamani demanda aprehensión de periodista y funcionario de Comibol evade preguntas
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Potosí (APP) han levantado su voz de protesta ante las acciones del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, y el presidente ejecutivo de la Comibol, Marcelino Quispe, por atentar contra la libertad de prensa y el acceso a la información pública.
La denuncia se centra en el caso del director de radio Fides Potosí, Germán Antonio Vidaurre Villanueva, a quien el gobernador Mamani ha solicitado al Órgano Judicial su aprehensión. El motivo de esta demanda se relaciona con la negativa del periodista a presentarse como testigo en un juicio por difamación interpuesto por Mamani contra el asambleísta Jaime Flores. Vidaurre Villanueva se excusó de declarar, argumentando que ello violaría el secreto de fuente, un derecho protegido por la Ley de Imprenta.
Por otro lado, los gremios periodísticos también expresaron su repudio a la actitud del presidente ejecutivo de la Comibol, Marcelino Quispe, quien el pasado 5 de mayo se negó a responder preguntas del periodista Marvin Valda, del diario El Potosí, sobre las acciones planificadas para evitar el colapso del Cerro Rico de Potosí. Quispe increpó al periodista y abandonó el lugar sin brindar ninguna respuesta.
La ANPB y la APP condenaron estas acciones por parte de las autoridades estatales, quienes, en el ejercicio de sus funciones públicas, tienen la obligación de respetar la normativa nacional e internacional que salvaguarda la libertad de prensa. Ambos gremios denunciaron que la judicialización de periodistas es una práctica recurrente que busca silenciar a los medios de comunicación y evitar la fiscalización de las acciones del Estado en pos de la transparencia en la gestión pública.
Estas denuncias reafirman la importancia de preservar la libertad de prensa como pilar fundamental de una sociedad democrática, donde la labor periodística debe ser respetada y protegida en beneficio del derecho de la ciudadanía a estar informada.