Tras ser liberado, violador de Manitoba volvió a la zona donde cometió el delito
Abraham Peters Dick, un violador que fue sentenciado a 25 años de prisión sin derecho a indulto en 2011 por vejar junto con otras siete personas a más de 150 niñas, adolescentes y mujeres en la colonia menonita de Manitoba, pagó 25.000 dólares para salir de prisión y desde 2019 volvió a vivir en la misma zona donde cometió el delito en el departamento de Santa Cruz.
Por liberar al violador, el Gobierno presentó una querella contra el juez Manuel Baptista, el abogado Juan Carlos Zuñagua y el director del centro de Rehabilitación, Alfredo Negrete. Además, el Ejecutivo sigue un proceso al otro juez que otorgó la detención domiciliaria a los tres operadores de justicia.
“Este sujeto ha confesado que ha pagado a los administradores de justicia 25.000 dólares para que se lo ponga en libertad”, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ayer cuando presentó de forma oficial al violador que fue recapturado por la Policía.
La fiscal asignada al caso, Mirtha Mejía, dijo a Página Siete que, en sus declaraciones, Peters indicó que ese dinero lo dividió entre su abogado, el juez y el director del centro de Rehabilitación de Drogodependientes.
“Según su relato, él contó que su abogado le pedía poco a poco. Le decía necesito plata para esto y él daba”, explicó Mejía y aseguró que el violador confesó que su jurista le pidió dinero para pagar al juez y al doctor. Según la fiscal, el sentenciado declaró: “Mientras yo iba dando, tenía que ver los resultados”.
El caso de Abraham y otros siete hombres que violaron a más de 150 mujeres de la comunidad menonita de Manitoba (Santa Cruz) causó conmoción en los años 2008 y 2009.
“Cometían las violaciones ingresando a las casas, hacían dormir a las víctimas y a sus familiares. Abusaban tanto de las madres como de las niñas”, relató una fuente que prefirió guardar su nombre en reserva.
Luego de una denuncia, el caso se destapó y los ocho menonitas fueron detenidos. En 2011 fueron sentenciados a 25 años de prisión sin derecho a indulto.
Abraham era el más joven de todos los acusados, en ese entonces tenía 19 años. La fuente indicó que luego de la determinación de la condena apelaron y en 2012 la sentencia fue ejecutoriada.
El violador estuvo en el penal de Palmasola y permaneció durante ocho años, tiempo en el que convivió con su pareja.
Pero, en 2019, él salió en libertad gracias al juez primero de Ejecución, Manuel Baptista. Según la denuncia, este operador de justicia usó un certificado médico para dictar detención domiciliaria a favor de Abraham.
La fiscal Mejía contó que en este caso se usó un certificado médico otorgado por el director del Centro de Rehabilitación de Drogodependientes. En este documento se indicaba que supuestamente el agresor debía ser rehabilitado. “Pero la norma dice que sólo pueden beneficiarse de la detención domiciliaria personas que hayan cumplido 60 o más años o que estén en la fase final de una enfermedad terminal, pero él no cumplía con ninguna de las dos razones”, dijo.
De acuerdo con Mejía, cuando se preguntó sobre el caso al director del centro de rehabilitación, “él confesó que recibió en este establecimiento al juez y le pidió que haga un informe para que (el sentenciado) sea trasladado al (lugar). Por eso, él acudió al penal, sólo miró a Abraham y con sólo eso, él determinó su traslado”.
“Cuando le pregunté si hizo alguna evaluación de laboratorio, dijo que no y que ya había certificado toxicológico”, explicó la fiscal Mejía.
La representante del Ministerio Público contó que Abraham “nunca” -según su pareja- fue al centro como paciente, por lo que cuando salió de prisión se fue a su casa, en la localidad de Los Troncos, ubicada en la comunidad Manitoba de Santa Cruz, es decir que volvió a la misma zona donde cometió los vejámenes. “Su pareja indicó que fue el doctor el que visitó su casa en dos ocasiones”, aseguró.
Mejía indicó que Negrete y Zuñagua declararon, pero Baptista se abstuvo de hacerlo.
Ayer, el Ministro de Gobierno ratificó que fue el abogado el que planificó y tuvo los contactos con el director del hospital, “donde supuestamente tenía que cumplir su condena, pero (Abraham) jamás pisó ese centro”.
La representante del Ministerio Público indicó que el juez también es investigado por liberar a un violador serial en el país.
Zuñagua, Negrete y Baptista fueron remitidos a la justicia. En su audiencia cautelar, el juez, Primo Flores, dio la detención domiciliaria a los tres.
Mejía denunció que la audiencia fue cerrada y que el juez Flores indicó que no podía basar su sanción en la declaración del acusado. Ante esa situación, el ministro Del Castillo indicó que impugnará el fallo que emitió el juez Flores y lo denunció por los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia. “Hoy hemos presentado la denuncia”, dijo.
Luego de ser recapturado, Abraham fue trasladado nuevamente al penal de Palmasola.
Pagina Siete.