Santa Cruz: procesados por paro cívico no irán a La Paz

El Comité Interinstitucional de Santa Cruz decidió ayer que los cívicos Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar, acusados por la Fiscalía por el paro cívico de 36 días, no irán a La Paz para someterse a procesos, porque la capital cruceña es la jurisdicción natural. Además, la entidad cruceña anunció una marcha interinstitucional para mañana en defensa de todos sus líderes regionales.

“Ninguno de los acusados injustamente debe acudir a La Paz siendo la jurisdicción natural el departamento de Santa Cruz”, indica parte de la segunda resolución que emitió el Comité que se reunió ayer de emergencia encabezado por el rector Cuéllar, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno; el gobernador Camacho; y el segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, además de representantes de otras instituciones. La cita emitió ocho resoluciones.

El lunes, el Ministerio Público unificó en un solo caso cuatro procesos penales que se interpusieron contra Calvo, Camacho y Cuéllar, por el paro en Santa Cruz, para que sea radicado en La Paz. Ante ello, el Comité Interinstitucional se reunió ayer ante lo que consideran que es “una persecución judicial”, por parte del Gobierno.

La séptima resolución llama a una protesta para mañana. “Se convoca a una marcha interinstitucional para el viernes 9 de diciembre en defensa al derecho a la protesta, por la liberación de los presos por apoyar el paro y la defensa de nuestros líderes amenazados con procesos judiciales”, precisa.

Mantienen emergencia

El Comité Interinstitucional rechazó, en su primera resolución, los procesos penales contra los miembros de esa organización “por ser nulos de pleno derecho”. Definió -además- “mantener el estado de emergencia en el conjunto de la institucionalidad cruceña para estar preparados a reaccionar ante cualquier intento del Gobierno de tomar acciones judiciales contra sus líderes”.

La segunda determinación es conformar comisiones de trabajo en los ámbitos: jurídico, político, económico, social y comunicacional “para defender al pueblo cruceño”.

La tercera resolución anticipa demandas penales a quienes “se arrogaron el cerco a Santa Cruz y otras acciones vandálicas de atropello a los derechos fundamentales de los ciudadanos que cumplían el paro en su rotonda”.

La cuarta resolución pide al Fiscal General del Estado (Juan Lanchipa) y al órgano judicial “actuar de acuerdo a la Constitución y las leyes lo que corresponde en un Estado de Derecho y no actuar bajo instrucciones del Gobierno de turno”.

La quinta resolución anuncia que denunciará al Gobierno ante organismos internacionales al considerar que se atropellaron “derechos fundamentales”, de sus líderes y la población, amparados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.

Piden a todos ser testigos

La sexta resolución instruye a cada institución que forma parte del Comité informar a sus miembros afiliados para que de manera “voluntaria puedan apersonarse como testigos en todos los procesos por los que están denunciados los miembros de esta Comisión”.

La octava instruye a cada organización acreditar la participación de dos representantes permanentes para que participen en reuniones en el Comité.

Al final de la reunión, el cívico Stello Cochamanidis calificó como “una embestida”, el accionar estatal “contra las personas que legal y pacíficamente ejercieron su derecho a protesta”.

El dirigente del transporte pesado, Juan Yucra, no descartó que su sector vuelva a movilizarse. “Parece que el Gobierno no quiere paz, quiere seguir enfrentándonos en las calles. Saldremos con bloqueos o paros si algún dirigente es detenido”.

El Diario

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