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SIP exige cambios normativos en Bolivia para evitar censura previa

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante la 75 Asamblea General desarrollada hasta ayer en Miami (Estados Unidos), exigió al Gobierno boliviano, al Parlamento y al Órgano Electoral que modifiquen las normativas electorales que imponen una «censura previa» en medios bolivianos. La entidad demandó cumplir las “convenciones internacionales y la propia Constitución Política del Estado”.

También demandó al órgano electoral que atienda los pedidos de organizaciones periodísticas y defensores de derechos civiles sobre una «inmediata modificación de normas administrativas», para que en lugar de restringir el acceso a la información, permitan que las elecciones se desarrollen en un «ambiente de transparencia», reportó EFE.

La SIP señaló que se debe tener en cuenta que la «censura previa, interferencia o presión directa o indirecta» sobre cualquier tipo de expresión a través de cualquier medio de comunicación está prohibida por la ley, según la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En septiembre pasado, las asociaciones de periodistas de Bolivia y de La Paz denunciaron censura previa del órgano electoral del país, que anunció sanciones por una encuesta cuya difusión intentó frenar al considerar que incumple la ley.

Ambas entidades periodísticas pidieron la derogación de los artículos de la ley electoral que «dan lugar a la institución oscurantista y medieval de la censura previa», una práctica que consideraron «ajena al sistema democrático».

La encuesta otorgó un 31,1 por ciento de intención de voto al presidente boliviano, Evo Morales, y un 24,9 por ciento al principal candidato opositor, el exmandatario Carlos Mesa, con lo que habría una segunda vuelta en Bolivia tras los comicios del próximo 20 de octubre.

El sondeo fue difundido por la iniciativa «Tu voto cuenta» de la Televisión Universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, con la colaboración de universidades públicas, medios de comunicación y varias entidades de Bolivia.

El tribunal electoral justificó que se limitó a aplicar los artículos de la ley electoral que prohíben financiar encuestas «con recursos públicos o de organismos internacionales» y que en este caso el estudio cuestionado se hizo con fondos para universidades públicas y de entidades de otros países.

La SIP también reiteró su llamado al Gobierno de Bolivia «para administrar los recursos públicos empleados en la publicidad estatal con un criterio amplio, excluyendo toda forma discriminatoria y discrecional en la elección de medios».

Además, convocó a los gobernantes «a respetar el trabajo de periodistas y medios que denuncian acciones delictivas y malversación de recursos públicos», aplicando así las normas internacionales que protegen el trabajo periodístico.

La entidad alertó además sobre un supuesto «intento de uso del servicio impositivo» boliviano «como mecanismo de persecución» contra el periódico El Diario, de La Paz, «que pudiera derivar en su cierre o en la intervención del medio».

También reclamó al Ejecutivo boliviano que cese la exclusión a El Diario, que afronta problemas económicos desde hace años, y otros medios «de toda forma de trato discriminatorio, en razón de su línea editorial e independencia».

EL DIARIO, VÍCTIMA DE HOSTIGAMIENTO

El Decano de la Prensa Nacional hace conocer a la opinión pública que es víctima de una campaña de hostigamiento permanente por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) con la finalidad de evitar ingresos económicos que por servicios le corresponde.

En ese marco, frente a las acusaciones de eludir una supuesta deuda, la empresa EL DIARIO emplaza a dicha entidad pública a demostrar con documentación fehaciente y a detalle cuánto se debe y que, además, responda cuál es el destino de los bienes y el dinero en efectivo que fueron entregados en su momento.

Asimismo, pide a los operadores de la citada institución estatal dejar de amedrentar a los clientes, amenazar a las personas afines y al personal de este medio.

Si bien el trabajo de esta instancia estatal es la recaudación, pues esta función sus operadores deben cumplirla de manera profesional y no ser inquisidores ni dedicarse a extorsionar a los clientes de esta casa periodística.

RETENCIÓN

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) nuevamente trata de desvirtuar la realidad negando ante la población boliviana que no retiene bienes de EL DIARIO, empresa que en su momento se acogió a los mecanismos aceptados por la normativa tributaria. La empresa tiene todas las pruebas y documentación para demostrar la retención de bienes.

En un comunicado público del SIN, de fecha 9 de agosto del presente año, la entidad asegura que no tuvo ni tiene ninguna posesión de bienes de EL DIARIO. Entretanto, esta casa periodística ratifica que el Servicio de Impuestos Nacionales tiene retenidos varios insumos y equipos de EL DIARO como un lote de repuestos, una vagoneta GMC, la misma que está actualmente en los galpones del SIN.

AMEDRENTAMIENTO

EL DIARIO cuenta con todos los documentos, que son preservados como prueba, ante el interés de invalidar toda gestión de pago, por lo que reiteramos los pagos entre débitos y en especies, a los cuales deben sumarse las retenciones de dinero en cuentas bancarias, y el cobro forzoso a nuestros clientes por deudas contraídas.

Finalmente, EL DIARIO reitera que nuevamente la administración tributaria, con el apoyo de un aparato de difusión muy extendido, pretende imponer a este medio un estigma de deudor y evasor a través de una campaña mediática.

El Diario.

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