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Gobierno busca trasladar el caso Fundempresa de Jeanine Añez a la vía ordinaria

  • El proceso contra la exmandataria toma un nuevo rumbo legal

El Ministerio de Desarrollo Productivo ha emprendido un paso significativo en el proceso legal contra la expresidenta Jeanine Añez, al solicitar que el caso Fundempresa sea trasladado de la jurisdicción de juicio de responsabilidades a la vía ordinaria.

Esta acción marca un giro en el complejo litigio que rodea a la figura de Añez, quien enfrenta múltiples acusaciones de irregularidades durante su mandato.

La acusación contra Añez se centra en su presunta participación en la ampliación irregular de la concesión de Fundempresa para administrar las matrículas de comercio, mediante el Decreto Supremo 4356 de 2020.

Esta denuncia fue presentada en 2021 por el Ministerio de Justicia ante la Fiscalía General del Estado para ser tratada como juicio de responsabilidades. El proceso avanzó posteriormente hasta llegar al Tribunal Supremo de Justicia y, finalmente, a la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, en mayo de este año, el Ministerio de Desarrollo Productivo presentó una excepción de incompetencia ante el juzgado tercero anticorrupción de La Paz. Su objetivo es que este juez de la vía ordinaria tome conocimiento del caso contra Añez y que el Tribunal Supremo de Justicia se inhiba de continuar con el proceso.

Entre los argumentos presentados por el Ministerio de Desarrollo Productivo se destaca el precedente del caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), donde la justicia determinó que Añez debía ser procesada en la vía ordinaria, a pesar de que las acusaciones se relacionaban con su desempeño como presidenta de la nación.

La audiencia para decidir el destino del caso Fundempresa estaba programada para este jueves, pero, según el abogado defensor Luis Guillén, ha sido pospuesta hasta el 14 de septiembre.

El equipo legal de Jeanine Añez ha expresado su preocupación, alegando que el Gobierno busca aplicar una estrategia similar a la utilizada en los casos de Senkata y Sacaba, donde los procesos también fueron trasladados de la jurisdicción de juicio de responsabilidades a la vía ordinaria.

El argumento central detrás de esta solicitud de cambio de jurisdicción se basa en la versión de que Jeanine Añez no habría sido presidenta constitucional. Sin embargo, la defensa de la exmandataria sostiene que debería ser juzgada por responsabilidades sin importar la forma en que asumió la presidencia.

Además del caso Fundempresa, Jeanine Añez enfrenta otros procesos en la vía ordinaria, incluyendo los casos conocidos como «Golpe I», «Golpe II», EBA, Senkata y Sacaba. El destino legal de la exmandataria continúa siendo un tema de gran interés y controversia en Bolivia.

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