Defensor del Pueblo llama al Estado a garantizar acceso a la salud en cárceles
- Pedro Callisaya insta a proteger los derechos de las personas privadas de libertad
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, hizo un llamado urgente al Estado para asegurar un acceso adecuado a la salud y atención médica en las cárceles del país.
La preocupación del defensor se hizo patente durante una rueda de prensa en la que hizo hincapié en la importancia de salvaguardar la salud de todas las personas privadas de libertad, independientemente de su estatus legal.
«Es esencial garantizar la salud de todos los individuos que permanecen en los centros penitenciarios, ya sea en el caso de Luis Fernando Camacho, César Apaza, o cualquier otro privado de libertad, porque todos y todas tienen derecho a acceder a servicios de salud de calidad», enfatizó Callisaya.
El Defensor del Pueblo explicó que, como parte de su compromiso, la institución realiza visitas anuales a penitenciarías en todo el país para supervisar y dar seguimiento a la atención médica, alimentación y el respeto de los demás derechos de la población carcelaria. Este proceso busca asegurar que las condiciones de detención cumplan con los estándares humanitarios y legales.
En relación a la situación del Gobernador de Santa Cruz, Callisaya informó que un equipo defensorial lo acompañó durante su visita para exámenes médicos en el Hospital del Sur de El Alto. Actualmente, se encuentran a la espera de los resultados médicos correspondientes.
Respecto al caso del dirigente cocalero César Apaza, el Defensor del Pueblo detalló que el delegado adjunto para la Vigencia y Ejercicio de los Derechos Humanos de Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres y Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad, Ronald Céspedes, junto con un equipo defensorial, se presentó en el penal de San Pedro. Su misión era verificar el estado de salud de Apaza y confirmar que había suspendido la huelga de hambre que había iniciado la semana pasada.
Pedro Callisaya reiteró la importancia de garantizar la atención médica oportuna y el respeto de los derechos humanos fundamentales de todas las personas privadas de libertad en el país. Su compromiso con la defensa de estos derechos sigue siendo inquebrantable, y su llamado al Estado resuena como un recordatorio de la necesidad de cuidar la dignidad y el bienestar de quienes se encuentran tras las rejas.