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Suspenden aprobación de proyecto de la ley 553 que protegía a dirigentes con fuero sindical

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Seis asesores de la Cámara de Diputados y tres asesores de la Comisión de Justicia Plural explicaron que el artículo 3 del proyecto de Ley 553 sí se refiere a que las denuncias penales en contra de dirigentes con fuero sindical deben ser rechazadas por la Fiscalía, pero ofrecieron incluir en dicho artículo que excluirán los delitos de violencia de género.

Tras escuchar a la asesora legal de los familiares de víctimas de feminicidio y sobrevivientes de violencia, Mercedes Cortez, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados resolvió dejar en suspenso (statuo quo) la aprobación en detalle del proyecto de Ley 553 que empeora la situación de indefensión de las víctimas por la rápida liberación de los agresores y que, además, garantiza la impunidad de dirigentes que cometan delitos pero que tengan fuero sindical.

La asesora legal y abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, informó que fue hasta la ciudad de La Paz para presentar un informe técnico jurídico ante la Comisión de Justicia Plural y participó de la reunión de coordinación sobre el proyecto de Ley 553 que modifica a la Ley 1173.

“Después de leer y explicar nuestro informe técnico jurídico y hacerles ver que esta norma incurre en la vulneración de derechos, de leyes nacionales y convenciones internacionales, han tomado la determinación de dejar en Statu Quo la aprobación en detalle de la Ley 553”, adelantó Cortez.

Seis asesores de la Cámara de Diputados y tres asesores de la Comisión de Justicia Plural explicaron que el artículo 3 del proyecto de Ley 553 sí se refiere a que las denuncias penales en contra de dirigentes con fuero sindical deben ser rechazadas por la Fiscalía, pero ofrecieron incluir en dicho artículo que excluirán los delitos de violencia de género.

“Expresé, a nombre de las víctimas, que la inclusión de este artículo 3, que no hemos solicitado al momento de pedir la modificación de la Ley 1173, porque muestra una intención de manipular y politizar nuestra lucha”, aclaró.

También se ha consensuado la necesidad de invitar a especialistas de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal de Justicia, la Policía y el Servicio Plurinacional de Asistencia a las Víctimas, además de las víctimas y técnicos que son proyectistas, para buscar consensos.

“Especialmente en relación al tratamiento especial de los casos de violencia de género, feminicidios, infanticidios, violaciones sexuales, estupros, violencia contra menores y también trataremos de incluir la violencia intrafamiliar o doméstica, que es la antesala del feminicidio. Los asesores no quieren incluir este delito en el procedimiento especial, pero ese es un debate que se profundizará más adelante”, amplió la abogada.

Los asesores se comprometieron a hacer llegar a la asesora las convocatorias correspondientes y, en vista de que se va a trabajar en una nueva ley de modificación de la Ley 1173, las víctimas harán llegar una propuesta más integral.

“Haremos llegar nuevas propuestas que involucren o incluyan recursos como los procedimientos inmediatos en casos de violencia, lo que ya estamos pidiendo al Estado boliviano desde hace más de siete meses, a través de comunicados, pronunciamientos y cartas de colectivos, redes y plataformas de defensa de derechos.

En la reunión presencial participó de manera presencial la diputada Norma Piérola y vía online la diputada Betty Yañíquez. “Los demás no se conectaron, pero no era obligatorio porque se trata del trabajo de una mesa técnica. Pero se quedó en que se trabajará otra propuesta para la aprobación en detalle. Lo absurdo es que hayan aprobado en grande el proyecto de Ley 553”.

Los asesores argumentaron que no se puede aprobar un derecho (de las víctimas) en desmedro de otro (el de la presunción de inocencia de los acusados), pero la abogada Mercedes Cortez les explicó que ya existen sentencias constitucionales dictadas por el Tribunal Supremo acerca de los motivos por los cuales las mujeres, niños, niñas y adolescentes son sectores vulnerables que merecen una protección reforzada e instruyen que se debe efectuar una ponderación de derechos, a pesar de la igualdad de jerarquía de los mismos.

“El trabajo técnico va a depender de que vayan profesionales idóneos, personal especializado que conozca y aplique la perspectiva de género en los proyectos de ley, al mismo tiempo que defienda las normas constitucionales y tratados internacionales.

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