Informe oficial detecta 15 causas para ineficiencia de las estatales
Un informe de la Oficina técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) identificó 15 problemas comunes que enfrentan 63 empresas estatales en su gestión e inciden en su bajo rendimiento. Algunos de los aspectos detectados tienen propuestas de solución; para otros el estudio pide que se busquen alternativas.
El diagnóstico fue encargado y realizado en 2019 durante la gestión de Evo Morales, antes de los conflictos postelectorales, la transición y la pandemia. Estos factores pudieron empeorar la situación de las estatales.
El diagnostico, que no se hizo público, identifica los siguientes problemas:
- Contabilidad institucional
“La estructura contable bajo la que funcionan las empresas públicas no es adecuada para entidades que deben ser lucrativas y desenvolverse en mercados competitivos”, indica el informe al que accedió Página Siete.
El estudio explica que la información disponible no permite un análisis profundo sobre la situación de cada empresa. Por esta razón no se tienen costos reales, algo necesario para un análisis de actividad y ciclos de rotación.
- Situación patrimonial
El documento explica que la inexistencia de capital en las estatales genera una descobertura patrimonial que, tras la generación de pérdidas, causa “una quiebra técnica casi automática”. Es decir, cuando el valor total de los activos es inferior al total de las deudas, por lo que los fondos propios son negativos.
“Este efecto se da principalmente en las empresas en su primera etapa de vida, donde por el ciclo natural de un negocio se expone a pérdidas. Además imposibilita un análisis real de la inversión”, afirma el documento.
Emvibol (Envases de Vidrio de Bolivia) es un claro ejemplo de esto. Su patrimonio apenas alcanza al 1,33% de sus activos, mientras que deuda equivale a 74,36 veces el patrimonio.
- Dimensionamiento
“ Existe un dimensionamiento inapropiado del negocio en algunas empresas públicas, ya sea por el precio o por el tamaño del mercado”, dice el informe.
Por este motivo, la inversión en capital genera una responsabilidad considerable (a través de la depreciación, servicio de la deuda, etc.) que “sobrepasa la capacidad de generación de excedentes de las actividades operativas”.
- Modelos de negocios
Algunas empresas públicas tienen en sus modelos de negocio como único cliente el mismo Estado. Esto sujeta la continuidad de la empresa a las decisiones políticas y económicas del sector público.
“Este tipo de modelo no es eficiente, puesto que la responsabilidad fiscal se la carga al mismo dueño”, explica el informe.
- Financiamiento En muchos casos, los mecanismos de financiamiento no son apropiados. Específicamente, en lo que se refiere al capital operativo de las empresas (el líquido que debe estar disponible para solventar las necesidades financieras del giro de negocio), éste está inadecuadamente financiado.
“Si una empresa financia su capital operativo mediante deuda, se debe asegurar que dicha fuente esté disponible para cada gestión. Algunas estatales tienen financiado su capital operativo con créditos simples que al ser pagados dejan de estar disponibles para su uso, lo que no permite continuidad de actividades operativas tras el pago del servicio de deuda.
- Planificación empresarial El enfoque de planificación del Estado responde a necesidades de entidades no lucrativas. No sigue la lógica de una gestión empresarial que se desenvuelve en mercados con participación de múltiples actores y bajo la competencia, por lo que no busca resultados positivos y rendimientos al propietario, establece el estudio.
- Normativa
La normativa pública para contrataciones y venta de bienes y servicios no se adecúa a la dinámica empresarial, generando retardación en la adquisición y costos adicionales, lo que vuelve a las empresas públicas menos competitivas.
“No permite un uso eficiente de los bienes al imposibilitar la venta de activos no operativos, mermas y desechos”.
- Compras entre estatales
“No existe conciencia de los impactos positivos derivados de la compra entre empresas e instituciones públicas tales como: mayor movimiento del mercado interno, los recursos se quedan en el país, se quedan en el Estado; y el fortalecimiento de las empresas con mayores ingresos”, establece el informe.
- Información
El diagnóstico advirtió que hay un reducido nivel de complementariedad y articulación entre entidades públicas en seguimiento, control, supervisión y tuición. Esta situación hace que se deba hacer múltiples requerimientos de información a las empresas públicas de forma poco organizada, repetida, en diferentes formatos, lo que se traduce en mayor carga laboral y número de empleados.
- Laborales
El personal de las empresas publicas se encuentra bajo el Estatuto del Funcionario Público (Ley 2027). Esta norma limita el funcionamiento competitivo de las estatales en el mercado laboral al no permitir la contratación de personal a destajo, incentivos productivos y otros que motiven la productividad en los trabajadores. Además, causa una baja capacidad de retención de personal, por lo que el costo de la curva de aprendizaje puede elevarse.
“El régimen mixto entre Ley General del Trabajo para obreros y técnicos, y la 2027 para el nivel directivo, determina limitaciones para aplicar la normativa. Además, hay un tratamiento diferenciado respecto a beneficios sociales y mayores previsiones económicas para cubrir cargas laborales”.
- Derecho propietario
Muchas empresas públicas no tienen consolidado el derecho propietario sobre sus inmuebles o terrenos, lo que pone en riesgo las inversiones y, por ende, la continuidad de la empresa.
El OFEP advierte que tuvo dificultades al realizar el relevamiento inicial de la información para cuantificar el número de empresas y bienes.
- Cuenta Única del Tesoro
“La administración de los recursos por medio de la Cuenta Única del Tesoro demora los pagos en plazo a los proveedores, compras, pago de impuestos y otros, afectando el cumplimiento oportuno de los desembolsos y por consiguiente la credibilidad de las empresas. Asimismo, en caso de impuestos genera responsabilidades”, se lee en el estudio.
- Aporte a la política social
El diagnóstico señala que no se cuenta con una metodología que permita determinar la capacidad real de las empresas para aportar a las políticas sociales. No hay un análisis técnico.
“El registro contable y apropiación de cuentas de los aportes de las empresas a la política social no ha sido normado, por lo que cada empresa lo registra de acuerdo al criterio del contador, lo que determina variaciones en la exposición de los números e imposibilita su sistematización”, explica .
- Impuestos y Aduana
Otro de los problemas identificados tiene que ver con las dificultades que tienen las empresas estatales en la realización de trámites en entidades publicas como Aduana, sustancias controladas e impuestos. “Debido principalmente a que alguna normativa no se adecúa a las características de las empresas públicas. También por desconocimiento normativo y procedimental del personal”.
- Gobierno Corporativo
Al haber varios niveles de control (ministerios, directorios, etc.), no queda claro quién o cómo se representan los intereses del Estado como dueño. “Algunos ministerios tienen injerencia directa en las definiciones de la empresa, que diluye la responsabilidad y dificulta la línea de mando. En muchos casos ocasionan alta rotación de personal y directivos”.
Las empresas 100% estatales que tienen directorio están conformadas por servidores públicos de diferentes ministerios; mientras que las empresas mixtas cuentan con directorios independientes y algunas incluyen delegados de las corporaciones.
“En algunos casos, los objetivos sectoriales definidos por la cartera cabeza de sector pueden ir en desmedro de la obtención de objetivos financieros”.
La migración de las empresas
La OFEP fue creada por la Ley 466 de la Empresa Pública. Es una entidad descentralizada bajo tuición del Ministerio de la Presidencia. Su objetivo es hacer el seguimiento del desempeño de las empresas públicas y su fortalecimiento para convertirse en el gestor de un sistema empresarial público.
Esta entidad, además, debe generar y proveer información estratégica y facilitar mecanismos para el desarrollo de la gestión, debe realizar la migración de las empresas públicas del nivel central del Estado al nuevo régimen establecido por la Ley 466.
Según el diagnóstico, éste es uno de los principales retos de la OFEP. Tras el cumplimiento de esta tarea, la entidad deberá convertirse en la asesora especialista en desarrollo empresarial.
A partir de su constitución, se realizaron esfuerzos para viabilizar dicha migración. Sin embargo, el análisis de la reglamentación específica tomó plazos mayores de los previstos, por la complejidad del proceso y los efectos.
“Estaba en proceso el estudio para la modificación a la Ley N ° 466, de tal forma que se posibilite a las empresas públicas desenvolverse en un régimen en el que puedan tener una gestión empresarial ágil para alcanzar sus objetivos empresariales y cumplir de manera eficiente con sus compromisos”, señala el documento.
Transparencia sigue más de mil procesos
La transparencia es uno de los fines de la OFEP, para ello desarrolló el Registro de Procesos de las Empresas Públicas (RPEM). El sistema contiene los reportes de los procesos de más relevancia de 63 empresas públicas -y sociedades- en las que el Estado tiene participación mayoritaria. Se toman en cuenta procesos judiciales, administrativos, sancionadores y arbitrales.
El RPEM permite el seguimiento de los procesos que podrían provocar un impacto relevante en el patrimonio de la empresa (por su cuantía elevada) o que pueda incidir en su imagen.
Hasta el momento, las estatales registraron un total de 1.225 procesos, de los cuales 572 corresponden a procesos penales.
Dentro de este último grupo, 196 son demandas por delitos de corrupción o relacionados a ésta.
En cuanto a los delitos relacionados a la corrupción más frecuentes están: incumplimiento de deberes (21,7%), conducta antieconómica (16,7%), incumplimiento de contrato (13,4%), peculado (9,7%), uso indebido de influencias (7,5%), enriquecimiento ilícito de particulares (6,1%), contratos lesivos (4,7%), malversación (2,2%), uso indebido de bienes y servicios públicos (2,2%).
También se siguen procesos por: enriquecimiento ilícito (1,9%), favorecimiento al enriquecimiento ilícito (1,9%), cohecho pasivo propio (1,7%), omisión de declaración de bienes y rentas (1,7%), negociaciones incompatibles con el Estado (1,4%), concusión (1,1%) y falsedad material (1,1%).
Las empresas con la mayor cantidad de procesos por estos delitos son la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) y la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).
En el caso de Comibol, le corresponden 37 de las 196 denuncias referidas a la corrupción. Los registros por delitos en Cofadena ascienden a 30, mientras que los de EBA son -en total- 24.
El Banco Unión SA tiene registrados 13 procesos; Bolivia Tv, ocho; Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), ocho; Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), siete; y Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), seis.
Con menos registros están Cartonbol (tres), ENDE (tres), Ecobol (dos), Mi Teleférico (dos) y Papelbol (dos), entre otros.
Sobre las estatales
2015 El Gobierno dispuso mediante decreto 2507 el cierre de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE). Misma suerte sufrió el Comando de Ingeniería.
2016 Un informe del Ministerio de Economía reveló que en dos años la utilidad neta de las empresas públicas se desplomó en 87%: de 7.371 millones de bolivianos en 2014 a 941 millones de bolivianos en 2016.
2017 Hasta este año, de 37 empresas públicas, cinco “no lograban consolidarse”, 16 estaban en funcionamiento y 16 en proceso de implementación. Se creaba la Empresa Editorial Boliviana, con dos años de retraso.
2018 Las empresas públicas registraron un déficit fiscal de 2,2% del PIB debido a la inversión que efectúan, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas.
2019 En el Presupuesto General del Estado se asignó una partida de 75,6 millones bolivianos de gastos consolidados para las empresas públicas, 39,6% más que en 2018.
2020 Según el informe de Política Monetaria 2020 del BCB, hasta diciembre de ese año nueve estatales debían 42.328 millones de bolivianos al Estado. 36.251 millones corresponden a créditos a favor de las estratégicas.
2021 El Gobierno nacional, a través del Banco Central de Bolivia (BCB), reactivó los desembolsos de créditos dirigidos a financiar proyectos productivos de las empresas estatales.
Pagina Siete