Universidad Unión Bolivariana desmiente certificado usado para suspender a magistrada Coaquira
Informe revela que el documento presentado ante un juez de Coroico es falso y originó el caso “Consorcio”
La Universidad Unión Bolivariana (UB) envió un informe oficial a la Fiscalía de La Paz en el que niega haber emitido el certificado que supuestamente acreditaba a la magistrada Fanny Coaquira como docente en la carrera de Derecho. El documento fue presentado en una acción de cumplimiento por Antonio de la Fuente y su abogado José Uriarte, quienes ahora enfrentan cargos por uso de instrumento falsificado y falsedad material.
Este informe se suma a la investigación del denominado caso Consorcio, que ya involucra a ocho imputados, incluidos el exministro de Justicia César Siles (detenido y hospitalizado), el magistrado suplente Iván Campero, y otras exautoridades del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, como Yván Córdova y Claudia Castro.
“El certificado no fue emitido por ninguna de nuestras unidades académicas”, afirma el documento de la UB dirigido al fiscal Ramiro Sullcani. Además, se señala que la firma impresa en el certificado no corresponde a ninguna autoridad de la universidad y que el documento tiene varias inconsistencias, como la confusión entre carreras distintas (Derecho y Ciencias de la Educación), y la falsificación de la firma de un funcionario.
El informe también desmiente que el firmante del certificado, Brayan Peñaloza, sea jefe de la Carrera de Ciencias de la Educación, como dice el documento presentado. En realidad, se trataría de un docente vinculado a otra carrera, y además, los datos de su cédula de identidad tampoco coinciden.
El juez Marcelo Lea Plaza, que dio curso a la resolución para suspender a Coaquira en Coroico, también fue detenido en San Pedro y es señalado por prevaricato por los presidentes del Consejo de la Magistratura y el TSJ.
Mientras tanto, Antonio de la Fuente continúa prófugo, y su abogado José Uriona guarda detención domiciliaria. El abogado defensor de Uriona, Manolo Rojas, aseguró que su cliente solo actuó como abogado y que la ley lo exime de responsabilidad penal si el documento fue proporcionado por su defendido sin su conocimiento.
La magistrada Coaquira se presentó como víctima y ratificó la denuncia, solicitando que se amplíe la investigación por lo que considera un intento de removerla ilegalmente del cargo con documentación falsa.