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Gobierno desmiente campaña de desinformación sobre Decreto Supremo 5143

  • Ministro de Justicia asegura que las críticas son parte de una estrategia política de la oposición.

En una conferencia de prensa realizada este martes, el Gobierno de Bolivia, a través del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, desmintió categóricamente las versiones difundidas sobre los objetivos del Decreto Supremo 5143, del Registro de Derechos Reales. Lima denunció una campaña de desinformación orquestada por sectores de la oposición y lo que denominó como la «nueva derecha», haciendo referencia al ala «evista» del MAS.

El ministro señaló que la información errónea que se ha estado difundiendo respecto a esta normativa, aprobada el pasado 10 de abril de 2024, responde a claros objetivos políticos. Según Lima, estas acciones buscan sembrar «miedo, incertidumbre y propiciar el interés de una sola persona», en clara alusión a la oposición, que, según sus palabras, carece de discurso y propuestas para el país.

Uno de los puntos clave desmentidos por el ministro es la afirmación de que el registro de Derechos Reales quede bajo la responsabilidad de algún ministerio de Estado. Lima explicó que el artículo 4 del mencionado decreto establece que esta función recae en el Consejo de la Magistratura, desacreditando así las acusaciones de los políticos opositores.

Asimismo, Lima desestimó la idea de que el presidente Luis Arce tenga la potestad de designar a magistrados para este fin, recalcando que dicha facultad queda exclusivamente en manos del Consejo de Magistratura, según lo dispuesto en el artículo 6 de la normativa.

«Lo que hemos hecho nosotros con el decreto supremo es establecer reglas claras que nos permitan a los bolivianos tener un nuevo sistema que nos permita a los bolivianos tener el derecho propietario consolidado y asegurado», enfatizó el ministro.

Además, Lima destacó que el objetivo principal del decreto es simplificar los trámites, permitiendo a las familias bolivianas acceder a ellos con menor costo, en menos tiempo y con seguridad jurídica, haciendo uso de la tecnología disponible.

Finalmente, el ministro recordó que la propiedad privada de todos los ciudadanos bolivianos está garantizada por los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Estado, reiterando el compromiso del Gobierno con el respeto a estos derechos fundamentales.

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