Retraso en interpelaciones legislativas genera críticas y acusaciones de protección al gobierno de Arce
Legisladores denuncian obstáculos políticos en lugar de fiscalización al Ejecutivo
En un cambio de enfoque, las interpelaciones legislativas en Bolivia han dejado de ser una herramienta de fiscalización al Ejecutivo para convertirse en un obstáculo político, según denuncian los legisladores. Alegan que estas medidas son retrasadas hasta por un año y medio con el propósito de proteger al gabinete del presidente Luis Arce en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde ha perdido el apoyo de su propia bancada.
Los legisladores critican la falta de responsabilidad del presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, quien, según afirman, no otorga la importancia debida a las interpelaciones y las utiliza con fines políticos para salvaguardar a los ministros de Arce. Esto se debe, presumiblemente, a la incertidumbre sobre la capacidad de Choquehuanca para evitar una censura dada la correlación de fuerzas actual en la ALP, según declaraciones del jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi.
La interpelación está contemplada en la Constitución como un mecanismo de fiscalización de la ALP hacia los ministros, pudiendo resultar en un «orden del día puro y simple» que implica un voto de confianza, o en un «orden del día motivado» que lleva a la censura y destitución. Ambos casos requieren el voto de dos tercios de los asambleístas presentes.
El diputado Renán Cabezas, del MAS, señala que hay al menos una veintena de interpelaciones pendientes a diferentes ministros y acusa a Choquehuanca de complicidad para evitar que se lleven a cabo, lo que considera una falta de respeto hacia los miembros de la ALP y la población en general.
El diputado Leonardo Ayala, jefe de la bancada nacional de Creemos, denuncia que estas acciones de fiscalización se han convertido en un «abuso y burla» por parte del Ejecutivo.
Se ha observado que las interpelaciones han sido postergadas hasta por un año y medio. Durante una tensa sesión el pasado 26 de abril, el ministro de Salud, Jeyson Auza, compareció ante la ALP para responder sobre las acciones para enfrentar la pandemia de Covid-19 y la variante Ómicron. Esta interpelación se llevó a cabo un año después de la convocatoria inicial y dos años después de las Peticiones de Informe Escrito (PIE) y Peticiones de Informe Oral (PIO).
La senadora Simona Quispe, del MAS, lamenta esta situación y considera que la demora de un año en la realización de las interpelaciones las vuelve ineficaces. Estima que hay varias interpelaciones pendientes que deben ser atendidas.
A diferencia de años anteriores, en esta ocasión no se logró una resolución en la interpelación de Auza, ya que ni el voto de confianza ni la censura alcanz