El gobernador de La Paz, Santos Quispe, ha negado rotundamente las acusaciones de violencia sexual en su contra y ha acusado a la denunciante de intentar extorsionarlo exigiendo dinero y beneficios laborales.
La semana pasada, una joven afirmó ser pareja de Quispe y lo denunció por presuntamente agredirla física y sexualmente el pasado 31 de diciembre.
El gobernador ha negado tener una relación de concubinato con la mujer, ya que él tiene una pareja y una familia. Además, ha negado categóricamente haber cometido el delito denunciado y ha manifestado tener la conciencia tranquila. No obstante, reconoce la delicadeza del caso debido a la Ley 348, que aborda la violencia contra las mujeres.
Quispe ha declarado que la denunciante es una exfuncionaria que fue despedida de su cargo y que intentó volver a trabajar. Lo acusa de extorsión, alegando que la mujer le habría exigido 300 mil bolivianos y cuatro ítems de trabajo a cambio de no hacer pública la denuncia.
Como prueba, el gobernador ha divulgado un audio en el que se escucha supuestamente la voz de la mujer. En el audio, la voz femenina se queja de que le hacen perder el tiempo y demanda la entrega completa de lo que había solicitado, con frases como: «no me interesa nada», «a las nueve quiere ver completo», «quiero a las nueve sí o sí, y si no es a las nueve que se olvide».
En el audio, la voz femenina advierte que tiene una conferencia de prensa y que «mañana va a explotar si no hay nada hasta las nueve».
El gobernador ha afirmado: «Yo sé que la justicia va a realizar las investigaciones necesarias, porque mi persona no se puede prestar a eso. Yo no tengo de dónde sacar los 300 mil».
Quispe considera que se está intentando perjudicarlo con esta denuncia, pero se enfrentará al caso a través de la vía legal. Además, ha expresado que esta situación afecta directamente a su familia.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Jhonny Vega, ha indicado que el caso se encuentra bajo investigación en El Alto y que se ha realizado una evaluación psicológica a la víctima. El proceso está en manos de la Fiscalía.
El desarrollo de este caso requerirá de una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones y la posible existencia de extorsión, y será la justicia la encargada de tomar una decisión basada en las pruebas presentadas.