Exmayor de la Policía David Vargas en rebeldía por no presentarse a juicio en el caso «febrero negro»
El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de La Paz ha declarado en rebeldía y emitido una orden de aprehensión contra el exmayor de la Policía, David Vargas, en el caso conocido como «febrero negro», luego de que no se presentara a la audiencia de juicio.
Vargas, quien se encuentra en Argentina desempeñándose como Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Universitaria de Docentes, ha justificado su ausencia y ha alegado que se trata de una arbitrariedad en su contra.
Según Vargas, su presencia en Argentina se debe a compromisos laborales relacionados con la firma de acuerdos. Sin embargo, el abogado de la parte acusadora, Víctor Hugo Chávez, ha explicado que dicho viaje no está contemplado como justificativo por la ley boliviana, y en consecuencia, el tribunal ha emitido la rebeldía, la orden de aprehensión, el arraigo y la anotación de los bienes.
Vargas ha manifestado que la semana pasada presentó una excusa por motivos laborales, pero le sorprende la forma arbitraria en que se ha decidido emitir la rebeldía en su contra.
Además, ha denunciado que el Procurador del Estado estaría influenciando en el caso, ya que su hermano es abogado de la parte acusadora. Vargas ha señalado que todas las solicitudes de los acusados suelen ser rechazadas por el Tribunal.
El exmayor ha anunciado que, a través de su abogada, intentará impugnar la decisión del juez, aunque inicialmente ha indicado que no presentaría una apelación, considerando la situación como «absolutamente arbitraria».
Por su parte, el abogado Chávez ha explicado que la orden de aprehensión tiene como objetivo llevar a Vargas ante el juzgado.
El caso «febrero negro» se remonta a las protestas ocurridas en febrero de 2003 en respuesta al impuesto a los salarios anunciado por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Durante las manifestaciones, los policías se amotinaron, generando enfrentamientos con las Fuerzas Armadas.
Paralelamente, se produjeron actos de saqueo y vandalismo en las calles, que posteriormente fueron reprimidos. En el caso se encuentran involucrados alrededor de treinta acusados.
Vargas formó parte del motín policial que tuvo lugar en aquellos días. El exmayor ha afirmado que se le acusa de delitos cuya pena puede llegar a cuatro años. Asimismo, ha alegado que se acogió a una amnistía, pero que esta no se está respetando, acusando a los fiscales de seguir órdenes políticas.
El desarrollo del caso y las acciones legales posteriores determinarán el curso de esta situación, la cual ha generado un importante debate en el ámbito judicial y político de Bolivia.