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Policías “chuteros” trafican y venden vehículos ilegales en ferias y en redes

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Policías del servicio activo, que piden anonimato para hablar de las crecientes denuncias de corrupción al interior de su institución, afirmaron que en todas las regiones del país proliferan las ferias de autos robados e indocumentados (chutos). Señalaron que hay uniformados que forman parte de estas organizaciones delincuenciales y que varios de ellos, pese a contar con amplios antecedentes, no son dados de baja.

“En Oruro hay una familia de sargentos y suboficiales que toda su vida (de policias) han estado destinados al control fronterizo. Sólo hay que revisar sus declaraciones juradas y contrastarlas con los vehículos de lujo en los que se mueven, los grandes locales comerciales y casas que tienen. Estos detalles son de conocimiento público, pero nadie hace nada”, afirmó un coronel en contacto con Página Siete.

“Año tras año cambian comandantes (en Oruro), pero estos policías se dan modos para seguir en estos cargos y las denuncias que se presentan en su contra nunca avanzan. En resumen, compran los cargos a cada comandante que llega”, manifestó la misma fuente.

Un fiscal, que también solicitó reserva de su identidad, corroboró que en un caso que él investigó contra ese grupo, en relación a la complicidad en la internación de autos chutos, “extrañamente la Policía desistió de la denuncia, y sin apoyo no se puede hacer mucho”, lamentó el funcionario.

“Sabemos que desde el Comando General (de la Policía), en lugar de instruir la investigación y dar de baja de estos policías corruptos, se ha ordenado dar con quienes los denunciamos ante la prensa. Por esta razón pedimos y agradecemos que no revelen nuestros nombres”, señaló el coronel.

Además del oficial, otros miembros de la institución manifestaron que incluso los oficiales en retiro son víctimas de amenazas. En efecto, uno de los representantes de los policías del servicio pasivo pidió no dar declaraciones para esta nota porque un familiar suyo fue cambiado de destino y procesado disciplinariamente sin fundamentos en un caso. “Es una venganza entre ellos”, concluyó el exjefe policial.

Chilenos en Yapacaní

El 1 de mayo, en redes sociales de Bolivia comenzó a circular un reportaje realizado por el canal Meganoticias de Chile. El material documentó el trabajo realizado por la ONG Grupo Búsqueda de Vehículos (GBV), y estuvo dirigido por el exmiembro de Carabineros Hugo Bustos, quien ingresó al país por pasos ilegales para rescatar motorizados que fueron robados en su país. En un operativo realizado en marzo, esta organización dio con una feria de venta de vehículos en el municipio de Yapacaní en Santa Cruz.

“En los pocos minutos que estuvimos allí yo identifiqué 10 autos reportados como robados (en Chile). Era increíble porque en toda la cuadra había autos robados en Argentina y aunque fue un poco más difícil, también identificamos carros de Brasil”, relató Bustos a Página Siete.

Sin embargo, al margen de ese hallazgo, el dato que generó más polémica y provocó el relevo de jefes policiales, fue que en el reportaje quedó registrado el grado de complicidad entre vendedores de los autos robados y policías con los grados de coronel, sargento y suboficial. Además, el investigador chileno afirmó que, según los colaboradores que GBV tiene en Bolivia, los “chuteros” civiles fueron desplazados por los policías.

En su última incursión realizada a fines de marzo, Bustos recuperó una camioneta robada en Chile hace más de un año y que desde hace siete meses -por los registros del sistema de rastreo satelital GPS- se presume estaba en poder de Raúl Cabezas, excomandante de la Policía de Uyuni, Potosí. Luego de la difusión del reportaje, los domicilios de este oficial, en Santa Cruz, fueron allanados y él fue aprehendido.

Pero Cabezas, según GBV, tenía en su poder otros tres vehículos reportados como robados en Chile. “Los autos que estaban estacionados fuera del garaje (del domicilio de la hermana de Cabezas en Santa Cruz) son: un Suzuki Swift, un Nissan Qashqai, que era un modelo que no se ve en Bolivia, e incluso había otra camioneta que pertenecía a un oficial de Carabineros y estaba ahí. Lo comprobamos, hablamos con él (carabinero) porque le enviamos fotos, pero eran autos imposibles de recuperar”, sostuvo Bustos.

Procesos

Cabezas es el primero de cinco policías implicados y ahora cuenta con seis meses de detención preventiva. La hermana del oficial señaló que uno de los vehículos le fue empeñado a cambio del pago de honorarios por un cliente suyo, al que representó como abogada en un proceso por narcotráfico. Entre los otros implicados están los coroneles Rolando Téllez y Juan Carlos Basualto, que fueron removidos de la dirección y subdirección de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) en Santa Cruz.

Téllez declaró no conocer a Cabezas ni a los vendedores de los autos chutos en Yapacaní, pese a que, como se evidencia en el reportaje, se comunicó con Bustos sólo minutos después de que éste fue amenazado por quienes ofertaban los autos robados en una plaza ubicada frente al cuartel policial en ese municipio.

El oficial dijo, como descargo, que había emitido un informe dirigido a sus superiores sobre la actividad de Bustos, 40 días antes del operativo de marzo.

En ese contexto, varios de los policías consultados por este medio coincidieron en señalar que existe malestar por las denuncias y casos de corrupción en los que se implica a los uniformados “que se incrementaron” en los últimos meses.

“Por medio de la Dirección de Personal, que estaba a cargo de Basualto, se ha institucionalizado la extorsión por el cambio de destinos. Incluso las supuestas reestructuraciones en la Felcn (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) y en Diprove (Dirección de Prevención de Robo de Vehículos) ahora son un pretexto para pedir dinero a los policías honestos, que por sus familias no quieren ser removidos a otras ciudades”, señaló un exmiembro de la fuerza antidroga.

Pedidos de cambio

“Hoy se está constituyendo el Inspector General de la Policía para hacer una intervención a Diprove del departamento de Santa Cruz y para retirar al 100% de este personal que desempeña funciones de esta división”, anunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, tras la difusión del reportaje chileno. No obstante, para legisladores de su partido, la medida es insuficiente.

“En las últimas semanas hemos visto, conflicto tras conflicto y problema tras problema de esta institución (Policía Boliviana). Yo, personalmente, me atrevería incluso a solicitar el cambio del comandante Aguilera, porque es él quien tiene que tener el control (…) no estamos viendo esa responsabilidad”, afirmó el jefe de bancada del MAS, Gualberto Arispe.

En respuesta, Aguilera manifestó que se tomaron medidas de control en los diferentes casos, pero señaló que no tiene ninguna responsabilidad personal en las denuncias y concluyó que los delitos son personales.

Varios antecedentes

Los uniformados manifestaron que los casos de policías dedicados a la venta de autos chutos, ligados en muchos casos también al narcotráfico, no son hechos aislados ni recientes. Dijeron que una de las “sociedades” más antiguas sería la de Bismark B. F. y Denar G. S. alias “El Pinki”, dos civiles que por separado dirigen la comercialización de vehículos indocumentados que ingresan por Potosí y Oruro desde Chile, en complicidad con uniformados.

Un informe reservado de la Policía, al que accedió Página Siete, señala que Bismark, quien reside en Santa Cruz, tiene antecedentes por robo agravado y tráfico de cocaína desde 1993. “La fuente (clasificada como A1), revela que en estas organizaciones participan funcionarios policiales que actúan como socios, transportistas o receptores de estos motorizados, aprovechando su condición para eludir controles e inspecciones. De esta forma se identificó a varios funcionarios en la ciudad de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz”, señala parte del documento.

En el reporte se detallan nombres y grados, desde coroneles a sargentos implicados, además del tipo de nexos con El Pinki y Bismark. Wilge O.; sargento David C.F., “hermano del autero orureño Henry C.F.”; Amiris O. C. e Iván L. Z. son algunos de los citados.

El reporte señala que Bismark escondía los vehículos internados desde Chile en la propiedad de su suegro en Oruro; luego los comercializaba en complicidad de los expolicías de la familia Navía Gorena, quienes tienen agencias de venta de autos en Santa Cruz. “En su mayoría, los cambian por droga”, señala.

Desde Cochabamba, otro oficial detalló que el 95% de los chuteros que comercializan autos robados en el Chapare son policías, incluso un excomandante de la institución lo haría en complicidad de sus familiares. “Son conocidos los oficiales y clases. Hay un sargento Zambrana; los hermanos Orellana son tres, desde mayor hasta teniente, que eran del grupo de Maximiliano Dávila (exdirector de la Felcn). Peñaranda es uno que se ocupa de vehículos de alta gama y otros 50 más”, manifestó el coronel.

Este medio consultó los antecedentes penales de los oficiales citados por la fuente y verificó en el caso de “los hermanos Orellana”, policías del servicio activo, que todos tienen prontuario, uno de ellos registra una resolución de condena.

“El mismo Yerko T. de los narcoaudios, el capitán Trujillo y su padre excomandante de Cochabamba, el teniente coronel Hernán P. B., el sargento Wilson Z., este último es el campeón y de los primeros en traer autos robados. El capitán Rubels A., al que le dicen Mono, ése interna (por la frontera) desde camiones hasta camionetas del año robadas, es un grupo grande al igual que los ‘Tíos Cochalas’ (policías del grupo de Maximiliano Dávila). Está el coronel que le dicen Negro Antezana, aparte de mercadería y ser pilotero o guía de camiones, mete chutos por el Valle Alto hasta Punata”, detalló la misma fuente.

Aseguró que son varios los involucrados, “los del servicio activo aprovechan el fin de semana para viajar a Uyuni, Uncía o Challapata, les da para ir y volver hasta el Chapare. En Oruro está otro que tiene su organización, es el teniente coronel Alejandro G., ése es pesado”, advierten los oficiales.

Reportajes locales

En diciembre de 2019 y septiembre de 2020, Página Siete publicó dos grandes reportajes sobre la comercialización de autos indocumentados y el contrabando de éstos relacionados al narcotráfico. En éstos se detallan pormenores de las consecuencias de la actividad ilícita entre los comunarios, las tarifas, las rutas de ingreso y las ubicaciones de las crecientes ferias en las que se los comercializa.

“El mercado negro de los autos chutos”; “Contrabando y narcos van por las mismas rutas en la frontera”; “Detectan 9 clanes familiares de pobladores y de policías” y “Volteo causa contrabando de justicia en tribunales de Oruro” son algunos de los títulos que revelan los detalles de la actividad ilícita.

Sin embargo, al contrario de camuflar su actividad, quienes se dedican a cometer estos delitos los ostentan por sus redes sociales, como este medio los reveló en las notas “Chuteros comparten en TikTok sus carreras y mercados de contrabando” y “En TikTok se muestran nexos entre los pisacoca y chuteros”, publicados en febrero de este año.

Sobre el nexo entre los delincuentes chilenos que proveen de los vehículos a uniformados de la Policía Boliviana, uno de los oficiales lamentó: “Son muchos y lamentablemente para los policías jóvenes son como héroes, les tienen más respeto y los ven como ídolos. Al resto que sigue la línea recta no nos bajan de curas. Todo está al revés desde que el MAS destruyó la institucionalización”.

Ofertas Facebook

Rebajas Los “chuteros” organizan su negocio desde páginas de Facebook, ofertan los vehículos hasta por la mitad del precio oficial. “Tenemos contacto para conseguir placas originales”, dice uno de los anuncios de la página “Autos chutos en el trópico de Cochabamba”.
Advertencia Uno de los anuncios del usuario Grober Chiri, advierte al comprador: “En venta Toyota Célica, 4.500 dólares charlable se encuentra en Challapata ojo es chuto con hoja de expedición”.

Fuente: Pagina Siete

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